El quiebre de la paz y el Estado de Derecho: La política de Defensa y Seguridad del Gobierno Duque: Profundizar el modelo de despojo de los bienes comunes

Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario
Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos

La involución de la paz y la reinstalación de la guerra

La resistencia abierta que el grupo político hoy en el poder ha venido desplegando en contra del proceso de paz desde que este fue formalmente anunciado a fines del 2012, interpretó dicho proceso como una “traición” al modelo de sociedad y de Estado con que la derecha política agrupada en el uribismo había concebido y diseñado el futuro de la nación, centrados en la imposición violenta y por la vía militar de un modelo extractivista, rentista, especulador y excluyente basado en los privilegios económicos y políticos de élites patrimonialistas con derecho a usufructuar el poder del Estado, tanto a nivel central como en las regiones.

Élites patrimonialistas que por un lado hacen uso de métodos legales, pseudo-legales o ilegales para imponer y conservar su poder, y por otro subordinan la Constitución y el Estado de Derecho a la primacía de un “Estado de opinión”, centrado en la construcción del unanimismo, la supresión de los disensos y la articulación del consenso forzado alrededor de la figura carismática de aquel a quien el presidente Iván Duque reconoce frecuentemente como “el presidente eterno”.

Una vez concluidos los acuerdos de paz con las Farc-ep e iniciado el proceso de conversaciones con el ELN, la oposición a estos procesos se definió en torno a una estrategia de polarización del país que aún continúa, y que en un primer momento buscaron llevar a la gente “a votar emberracada” en el plebiscito para rechazar los acuerdos mientras se ponía en marcha una estrategia de exterminio de las personas comprometidas con la paz y los derechos humanos, y la eliminación de los excombatientes de las FARC que firmaron la paz en las distintas regiones. La estrategia de la polarización continuó en el proceso de “renegociación de los acuerdos” posterior al triunfo del No en el plebiscito, no solo sumando credos y creencias religiosas en contra de una supuesta “ideología de género”, sino también debilitando los compromisos ya alcanzados para el desmonte del paramilitarismo, y especialmente en la búsqueda de garantizar condiciones de impunidad tanto en el Acuerdo Final como en sus desarrollos normativos para quienes del lado del establecimiento tienen la obligación de rendir cuentas ante la justicia, mediante la modificación de los criterios para establecer la responsabilidad de los mandos militares y el sometimiento de los terceros que financiaron el paramilitarismo solo de manera voluntaria. También terminaron distorsionados los mecanismos acordados para garantizar la seguridad de las comunidades y las regiones más afectadas por el conflicto.

Finalmente, en su estrategia por recuperar el poder para el periodo 2018-2022 el partido que sostiene al presidente Duque hizo explícito su propósito de “hacer trizas los acuerdos”, aunque sólo mencionó su intención de mejorarlos en aras de asegurarse una coalición más amplia que garantizara el acceso al poder del candidato Duque. Sin embargo, una vez en la Presidencia éste ha desplegado intensos esfuerzos para hacer inoperativos los acuerdos de paz, reduciendo su implementación de manera casi exclusiva a la reincorporación de los excombatientes, objetando las normas de funcionamiento de la JEP y haciendo referencias que cuestionan permanentemente sus decisiones, paralizando los acuerdos sobre el desarrollo rural y fortalecimiento de la democracia con la no aprobación de las curules para las regiones afectadas por el conflicto y para las víctimas; y priorizando de nuevo un tratamiento de guerra frente al problema de las drogas que enfatiza la erradicación forzada y las aspersiones químicas en vez de cumplir las políticas acordadas para la sustitución voluntaria mediante opciones de desarrollo alternativo.

Sumada a este cúmulo de estrategias para generar una involución en la implementación de los acuerdos de paz, la Política de Seguridad y Defensa parece orientarse a reinstalar la guerra en las regiones mediante medidas de militarización intensa y facultades a la fuerza pública en todo el territorio nacional.

 

La formulación de la Política de Seguridad y Defensa

El 6 de febrero de 2019 en el fuerte militar de Tolemaida el presidente Iván Duque presentó su “Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad” (PDS), que en gran parte reproduce el modelo de la Seguridad Democrática implementado por su mentor entre los años 2002-2010, aunque con un lenguaje más remozado y con apariencia de discurso técnico y convocante de propósitos de unidad, en donde los pilares de la política reproducen los mismos de la política implementada por Álvaro Uribe en sus dos períodos y que dio en denominar “los 3 huevitos”, así: 1. “La legalidad” recrea el propósito de una sociedad sometida al modelo autoritario garantizado por el accionar de las instituciones armadas (“seguridad democrática”); 2. La política de emprendimiento mantiene el modelo de Estado centrado en beneficios corporativos y gabelas a los grandes capitales (“confianza inversionista”); y, 3. La equidad equivale a las políticas de asistencialismo social focalizado en los sectores más vulnerables social y económicamente (“cohesión social”).

Los elementos básicos declarados de esta Política de Seguridad son “restablecer el principio de autoridad” y “transitar del control militar y policial al control institucional del territorio”, por lo cual esta política deberá servir como hoja de ruta para responder a las amenazas y desafíos de seguridad desde un enfoque multidimensional y con el fin de fortalecer la legitimidad estatal, convirtiéndose en el marco de la Estrategia Militar General y de los planes de campaña de las Fuerzas Armadas, al igual que del Plan Operativo de la Policía Nacional. [1]

Para lograr estos objetivos la PDS apela a los instintos más básicos de los seres humanos para manipular la realidad y conseguir el efecto de una sociedad que esté cohesionada alrededor de las instituciones armadas y de quienes encarnan la voluntad de los grupos de poder más privilegiados. De este modo se magnifican las supuestas o reales amenazas a la seguridad, se distorsiona la realidad de los procesos de cambio social al punto de buscar cohesión social en torno a estrategias de dominación represiva y sacralización de la seguridad militar, y se inducen discursos de odio y de polarización social en torno a los procesos de construcción de la paz y de quienes los impulsan, al tiempo que se mantienen o favorecen las condiciones en que se lleva a cabo el desmantelamiento de las opciones de cambio, de los liderazgos sociales y de las bases de los movimientos sociales. Así, todo lo que encaje en el modelo termina de manera reduccionista asociado a las nuevas categorías del mal absoluto (el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, y en el contexto regional el manido “castrochavismo”); acompañado por estrategias negacionistas de la responsabilidad de las élites y de entidades estatales en el agravamiento de la situación social y las vulneraciones a los derechos humanos.

La amplificación de una sensación permanente de riesgo y de magnificación de las amenazas constituye la base diagnóstica sobre la que se edifica la PDS. Con base en esta visión hiperbólica de las amenazas se construye su premisa fundamental: la defensa y la seguridad son la base de la legalidad, el emprendimiento y la equidad.”

La amplificación de una sensación permanente de riesgo y de magnificación de las amenazas constituye la base diagnóstica sobre la que se edifica la PDS. Con base en esta visión hiperbólica de las amenazas se construye su premisa fundamental: la defensa y la seguridad son la base de la legalidad, el emprendimiento y la equidad. [2] Según esta política dichas amenazas tienen origen en la capacidad de adaptación y mutación de las organizaciones ilegales, y en la pérdida de iniciativa estratégica en la lucha contra los fenómenos criminales. Con la primera premisa se cuestiona la voluntad de paz de los actores de procesos de negociación de paz en el país; con la segunda se  desacreditan los procesos de distensión y cese del fuego que permiten o permitirían alcanzar acuerdos de paz.

A nivel interno se identifican como principales amenazas la mutación y capacidad de adaptación de las organizaciones criminales y el mantenimiento de condiciones propicias para su multiplicación Organizados GAO, en los cuales se han incluido las diversas organizaciones contra-estatales en armas, constituyen en esta visión la principal amenaza que debe ser doblegada. Según el Consejo de Seguridad Nacional estos GAO estarían integrados por más de 4.000 miembros en el caso del ELN, que habría crecido en más de 1.000 miembros en el último año; 3.000 serían los integrantes en el caso de las disidencias de las FARC (GAO Residuales), y solo 1.600 hombres
en armas en el caso del Clan del Golfo,[3] estimación que indica claramente dónde están las prioridades en la confrontación militar de este gobierno al amplificar la magnitud de unos objetivos y disminuir el tamaño de otros. [4]

A nivel internacional las amenazas se ubican en la supuesta intención de países de la región de afectar la integridad territorial, el contexto de inestabilidad en países vecinos y la supuesta injerencia de potencias extra hemisféricas.[5]

 

Los escenarios y fases de implementación de la Política

La Política de defensa parte de considerar distintas situaciones de inseguridad en las diversas regiones del país, agrupándolas en tres categorías que determinan de manera diferenciada la intervención de la política de seguridad. La presencia de diversas amenazas tanto internas como externas, y del crimen organizado con diversas intensidades, se proponen como la base para la estrategia de control militar del territorio para llevarlo a una situación de control institucional que pueda ser manejable por las autoridades civiles, en donde el empuje inicial y principal está en cabeza de las Fuerzas Militares, que a medida que logren condiciones de estabilización irían cediendo el control a las autoridades de policía y a las demás instituciones del Estado.

En el fondo se trata de una concepción de una sociedad tomada por el crimen cuyas conductas ciudadanas riñen con la legalidad, en una situación de emergencia que requiere medidas extraordinarias para hacerla gobernable. Así, durante el tránsito hacia una sociedad disciplinaria se delega en las autoridades militares en un primer momento, y en las de policía en el siguiente, facultades para imponer “el imperio de la ley” y “el ejercicio legítimo de la autoridad” en cabeza del Ejecutivo, a través de las denominadas Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII). En esencia  se trata de un verdadero estado de excepción aprobado por el Ejecutivo mediante la promulgación de la Política de Defensa y Seguridad y por el Congreso mediante la inclusión de dicha política en el Plan de Desarrollo, para evitar de manera fraudulenta su discusión y el trámite obligado ante la Corte Constitucional, buscando eludir dicho control, pues ya en el año 2002 dicha Corte había declarado la inconstitucionalidad de las Zonas de Rehabilitación y Consolidación de la cual son copia gemela las ZEII otorgando a los militares facultades excepcionales en el control del orden público, en su intervención en el desarrollo local y en la subordinación de las autoridades locales.[6]

De este modo, para ordenar la intervención militar y el tránsito hacia el control institucional del territorio se divide el paísen tres zonas que a su vez representan fases de implementación de la política, la cual debe transitar desde las Zonas Estratégicas de Intervención Integral hacia Zonas de Construcción de Legalidady llegar a consolidarse como Zonas de Legalidad, Emprendimiento y Equidad.

“En esencia se trata de un verdadero estado de excepción aprobado por el Ejecutivo mediante la  promulgación de la Política de Defensa y Seguridad y por el Congreso mediante la inclusión de dicha  política en el Plan de Desarrollo, para evitar de manera fraudulenta su discusión y el trámite obligado  ante la Corte Constitucional, buscando eludir dicho control, pues ya en el año 2002 dicha Corte había declarado la inconstitucionalidad de las Zonas de Rehabilitación y Consolidación de la cual son copia  gemela las ZEII otorgando a los militares facultades excepcionales en el control del orden público, en su  intervención en el desarrollo local y en la subordinación de las autoridades.»

Fase 1. Zonas Estratégicas de Intervención Integral. Son definidas como espacios del territorio con ausencia o déficit  de legalidad, vacíos de institucionalidad o precaria presencia estatal, ricos en recursos hídricos, biodiversidad y medio ambiente, que estarían en alto riesgo o en las fronteras, con base en lo cual se les otorga un carácter  estratégico, por lo que “se requiere la acción de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en su conjunto”,  garantizando así que exista “una sola estrategia y unidad de mando y control civil para su ejecución” bajo la  coordinación de una “Sala de Mando” interagencial en cada una de las ZEII donde se implemente. En ellas las  Fuerzas Militares prestarán los servicios esenciales básicos de emergencia “mientras se crean las condiciones mínimas de seguridad requeridas para que puedan concurrir a la mayor brevedad las instituciones públicas titulares  de tal responsabilidad”.[7]

Además de las facultades excepcionales a las fuerzas militares y de policía, estas desarrollarán programas civiles de asistencia humanitaria y de emergencia que contribuyan a garantizar los derechos de la población y mejorar su calidad de vida. De esta manera y mediante su inclusión en el Pacto por la Legalidad que hace parte del Plan de Desarrollo, se terminan legalizando de contrabando medidas de emergencia que ni siquiera en Estados de Excepción han pasado el examen de la Corte Constitucional, puesto que se reviven los teatros de operaciones donde se intensifica deliberadamente la guerra y se suprimen o subordinan los derechos de la población civil, se la induce a  formar parte de estrategias como redes de informantes, y se la relega a mera receptora de ayudas humanitarias provista por las fuerzas militares, que a su vez son parte militar en la confrontación, vulnerando elementales nociones y garantías del derecho internacional humanitario y propiciando su victimización en casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales o arbitrarias, restricciones a su movilidad y libertad de comunicaciones, empadronamientos y otras graves vulneraciones a los derechos humanos padecidas y declaradas inconstitucionales en el pasado, pero que están siendo aplicandas en zonas de intenso conflicto como lo han denunciado recientemente  las organizaciones sociales de la región del Catatumbo y otras donde se ha recrudecido de nuevo la crisis humanitaria derivada de la intensa militarización de la vida social. [8]


El quiebre legal de los acuerdos de paz en la Política de Defensa y Seguridad

El Acuerdo de Paz alcanzado con lasFARC e incorporado en el ordenamiento legal y constitucional no está siquiera mencionado en la Política de Defensa y Seguridad, y está prácticamente ausente en las formulaciones del Plan de Desarrollo. Es por la vía de su invisibilización y desconocimiento como la política gubernamental avanza en el desmonte de los compromisos para reinstalar la vía de la confrontación armada y el control militar del territorio. Por el contrario las menciones implícitas al proceso de paz la hacen entender como si hubiera sido un proceso de claudicación frente al terrorismo, en la cual el Estado habría perdido la iniciativa en el combate al terrorismo y a las organizaciones ilegales. Lo mismo que en la actitud pendenciera con los países que ejercían el papel de garantes o facilitadores en las negociaciones con el ELN pretendiendo que falten a su palabra o su tradición mediadora conminándolos a entregar o extraditar a su contraparte en la negociación.

Según esta visión en dicho proceso el Estado renunció al control territorial y a su obligación constitucional de  proteger a la ciudadanía. El Acuerdo de Paz habría sido más bien un premio al terrorismo, en medio del cual se pactó la impunidad para sus integrantes, y se justificaron discursos para convivir con el crimen, al haber pactado la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, las propuestas para despenalizar los pequeños cultivadores o el tratamiento de salud pública y no represivo del consumo de drogas, lo mismo que la consideración de los delitos políticos como base de la amnistía a los insurgentes, así como la consideración de los delitos que se perpetraron para financiar la guerra (narcotráfico o secuestro) como conexos a los delitos políticos. Las instituciones y normas de la justicia transicional habrían entonces constituido un quebrantamiento a la Constitución frente al cual el Gobierno estaría en la obligación de reestablecer el imperio de la ley. Antes que la creación de un ambiente propicio para el ejercicio de las libertades públicas y el goce integral de los derechos humanos, la obsesión del discurso presidencial con el imperio de la ley denota sobretodo su propensión autoritaria.

Para negarse a negociaciones de paz  el presidente Duque expresa que “las instituciones democráticas no se pueden igualar a las organizaciones delincuenciales y bajo ninguna circunstancia se puede renunciar a la obligación constitucional de proteger a los ciudadanos y doblegar a los criminales” (PDS, p. 6). Definiendo cualquier factor de perturbación interna, incluida la inconformidad social, bajo la óptica reduccionista de ser expresiones de terrorismo, narcotráfico o criminalidad, lo que se impondría entonces sería aumentar el pie de fuerza y el despliegue de planes militares como los planes Bicentenario de las Fuerzas Militaresy Colombia Bicentenario de la Policía Nacional, para fortalecer la capacidad dedoblegar el crimen, disuadir las amenazas externas e internas a la seguridad nacional inclusive mediante alianzas cooperativas con países de visiones afines y a nivel interno logrando la unidad nacional en torno a esta política contra la ilegalidad y el crimen, puesto que “una  sociedad cohesionada contra el crimen y en defensa de la legalidad es requisito para alcanzar la convivencia pacífica” (p.7). En este sentido,  lo único que cabe esperar de este enfoque son por un lado, el inmovilismo y reversión frente a los Acuerdos de Paz con las FARC y su  modificación unilateral, y de otro lado, una política de guerra total o de exterminio con el ELN y otros grupos contra-estatales.

La  movilización social y la presión de sectores de la comunidad internacional han impedido que se reviertan completamente los acuerdos, pero  el Gobierno sigue insistiendo, razón por la cual las entidades creadas para dar seguimiento a su implementación o no han sido convocadas o  lo han sido para ponerles de presentes variaciones a sus mandatos. Finalmente, la iniciativa recientemente aprobada de reforma a la  Constitución para negar la conexidad con el delito político del secuestro, narcotráfico o delitos sexuales, constituyen un nuevo esfuerzo por cerrar a futuro cualquier escenario de negociación política del conflicto armado, garantizando la perpetuación de las dinámicas de la guerra.


Las Zonas al igual que los planes de intervención serán definidos por el Consejo de Seguridad Nacional y el Ministerio de Defensa sin participación de la sociedad civil, y lo más preocupante es que han sido incluidas dentro de las inversiones del Plan Plurianual de Inversiones para la Paz, que debía estar enfocado en la asignación de los recursos para la implementación de los compromisos convenidos en el Acuerdo Final de Paz;[9] y se constituyen como la principal estrategia que ofrece el Gobierno para la protección de los líderes sociales dentro del militarizado Plan de Acción Oportuna para la protección de líderes, comunales y periodistas, con lo que se está ante la situación paradójica de que los riesgos que se han generado para los líderes por la intensificación de la confrontación y la militarización terminan siendo invocados para justificar una intensificación de la militarización, cuya puesta en práctica invoca la solicitud de fondos de cooperación a la comunidad internacional.

Fase 2. Zonas de Construcción de Legalidad. Serían territorios en los cuales se han generado ya condiciones mínimas de seguridad y necesitan acciones articuladas con el resto de las instituciones públicas, privadas e internacionales, con el fin de pasar del control militar del territorio al control institucional y democrático. Aunque persisten aun amenazas a la seguridad, habría ya condiciones para que el conjunto de las instituciones civiles pueda ingresar “conforme a un plan y una secuencia que contribuya a fortalecer la legitimidad estatal y el imperio de la ley”.[10] En estas zonas las Fuerzas Militares continúan con un papel de apoyo de la Policía para garantizar esas condiciones y posibilitar la acción unificada del Estado, al tiempo que concluye la desarticulación definitiva de los grupos armados organizados y los grupos de delincuencia organizada, en tanto que la Policía Nacional cumplirá progresivamente un rol mayor dado su carácter civil. Como se ve, la acción militar y policíaca se dirige a apuntar la dominación del Estado, y se excluye cualquier proceso de consolidar Acuerdos de Paz o procesos de reconciliación basados en verdad y reivindicación de las víctimas. Es pura y dura seguridad nacional al servicio del Estado.

Fase 3. Zonas de Legalidad, Emprendimiento y Equidad. Serían aquellas donde las amenazas a los derechos y la seguridad ciudadana provienen principalmente de la delincuencia común y cuya respuesta en materia de seguridad está a cargo principalmente de la Policía Nacional. Los esfuerzos de Fuerza Pública estarían enfocados en la represión de los delitos de mayor impacto, incluidos los relacionados con el tráfico y consumo de drogas, “y las conductas que en el marco del Código de Policía perturban la convivencia y pueden propiciar la comisión de delitos”.[11]

En la fase terminal de esta distopía articulada alrededor de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral se avizora una sociedad disciplinaria y obediente, en donde la legalidad se impone con una lógica de vigilancia exacerbada y una intromisión de los aparatos militares y policiales en la ortopedia de las conductas sociales e individuales que no se ajustan al modelo autoritario preestablecido. Un Código de Policía excesivamente represivo que faculta a la autoridad de policía para castigar con severas sanciones conductas de escasa o nula lesividad como el consumo de alucinógenos en la calle, las ventas o compras informales en el espacio público, el acceso irregular a servicios de transporte público que no consideran precios diferenciados según la capacidad de pago de los sectores más vulnerables, constituyen la utopía final de estas zonas y fases consecuenciales de una estrategia de seguridad, que hace víctima a gran parte de la sociedad para quienes el modelo económicos no ofrece alternativas legales de inserción en la vida económica y social, pero pretendiendo al mismo tiempo que la sociedad tiene que cohesionarse alrededor de tal modelo autoritario de control sobre sus vidas, sus cuerpos, sus movimientos. Empero, se declara en la estrategia que “el objetivo en estas zonas es mantener y mejorar las condiciones de seguridad en las ciudades y el campo, con el fin de promover emprendimiento, generar riqueza y equidad social”.[12]

 

Riesgos para la protesta social y el Ejercicio de los Derechos Humanos

Al igual que sucedió con la política de Seguridad Democrática de la cual se copia, la Política de Defensa y Seguridad Nacional como se ha visto cierra la vía a la solución negociada de los conflictos armados internos, y por el contrario los agrava e intensifica, pues mayor militarización implica casi siempre mayor presencia y actividad de actores  ilegales y propensión a actividades ilegales de las propias fuerzas de seguridad, con aumento de violaciones de derechos humanos y vulneraciones a las normas humanitarias, expresadas en mayor frecuencia de detenciones arbitrarias, desplazamientos y confinamientos, judicializaciones infundadas, asesinato de líderes sociales e integrantes de base de las organizaciones sociales. Igualmente se estrechan y reducen las condiciones para la labor de reclamo y ejercicio de derechos y principalmente las condiciones para la organización, movilización y protesta  social.

Evidencia de lo anterior es que en el propio documento de la PDS la protesta social y los movimientos de contestación son percibidos también como amenazas internas que deben ser enfrentadas con el accionar militar, pues el documento destaca que en el país “se han desarrollado estrategias de movilización delictiva en defensa de las economías ilícitas con el objetivo de impedir el cumplimiento de la misión de las Fuerzas Militares y la Policía  Nacional, así como de la administración de justicia”. [13]


La reinstalación de la estrategia de guerra

En consonancia con la pretensión de “restablecer el principio de autoridad” y la legalidad a través de la PDS, el Gobierno Nacional ha impuesto diversas medidas que han militarizado los territorios, propiciado abusos de la Fuerza Pública e incrementado de nuevo los indicadores de la confrontación armada. El Ministro de Defensa reconoce que en el periodo de diciembre a mayo han aumentado los combates este año de 101 a 227, es decir un 124% más que en igual periodo del año anterior (Mindefensa. 10.06.2019. Tweet). La Defensoría del Pueblo informa  que en este primer semestre de 2019, 983 líderes sociales están bajo amenazas de muerte y 224 líderes sociales  fueron asesinados desde la posesión de Iván Duque, según registros de Indepaz, luego de haber tenido en el 2018 el peor año en cuanto a estas cifras en la última década. Todo esto configura una situación de reinstalación de la guerra  y una gran crisis humanitaria, que ha llevado al Director del CICR a decir que en muchas regiones los logros de la paz  se están esfumando y la gente ha vuelto a sentir temor, al tiempo que denuncia que “desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, hemos documentado un nuevo caso de desaparición relacionado con el conflicto y con la  violencia armada cada cuatro días”. [14]


 

El retorno de la militarización del periodo de la Seguridad Democrática 2002 – 2010

El retorno se expresa en medidas como:

  1. La creación de la Red de Cooperantes e Informantes, denominada ahora como Red de Participación Cívica, que en sus primeras semanas contaba ya con más de un millón de informantes (Mindefensa 25.05.2019. Tweet)
  2. La restauración de la Política de Recompensas lanzada a fines de enero, y que con la justificación de recabar información por quienes el Gobierno señala de estar tras los asesinatos de líderes sociales, ofrece sumas hasta de 4.000 millones por varios jefes del ELN y sumas menores por jefes paramilitares y de las estructuras  residuales de las Farc.
  3. La autorización de Porte de Armas a Personas de Bien. La combinación de las tres medidas anteriores fueron exactamente las que propiciaron hace años la transformación de las llamadas “Convivir” en la base a partir de la cual se expandieron por todo el país las estructuras paramilitares (El Espectador, 5 diciembre 2011). De ahí lo peligrosas que resultan estas medidas que delegan en civiles el uso del monopolio de la fuerza y las funciones que corresponden a la Fuerza Pública.
  4. La aplicación distorsionada del DIH que fue revelada por The New York Times y otros medios y que incentiva también la producción de bajas en operaciones militares, a través de directivas para duplicar los resultados operacionales, entre ellos los consistentes en bajas.
  5. La reedición de las Estrategias de Control Militar del Territorio y de Subordinación de las Autoridades Civiles al mando militar mediante las Zonas Estratégicas de Intervención Integral ZEEI, reeditando las denominadas Zonas de Rehabilitación y Consolidación que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional en el año 2003.
  6. La reconfiguración de nuevas categorías del “enemigo Interno”. El Gobierno afirma que la gran innovación del Plan de Desarrollo y de la Política de Defensa y Seguridad es la declaración que hace del agua, la biodiversidad, el medio ambiente y los recursos naturales como activos estratégicos de la Nación y por tanto como intereses  nacionales principales y prevalentes (PDS, p, 36) en un contexto de creciente escasez y de disputa por estos  recursos. Al hacer esto se prevén nuevos conflictos ambientales y étnicos por el control de recursos naturales, aguas, tierras y territorios ante las pretensiones estatales de profundizar las concesiones a grandes intereses  corporativos nacionales o transnacionales. En desarrollo de la Campaña militar Artemisa ya comienzan a  presentarse agudos conflictos con habitantes históricos en regiones de la Orinoquía.

Estas disposiciones propician la configuración de nuevas categorías de enemigos internos que se suman a las que consideran a los grupos sociales como afines o cómplices con los grupos armados ilegales o sus redes de apoyo. Así lo deja ver en la Presentación que hace el Ministro de Defensa de la PDS: “Esta política, congruente con el Plan de  Gobierno del Presidente Duque, no permite que exista espacio para justificar o validar el terrorismo y el crimen  como medio de acción política en la democracia, ni permite que se mantengan discursos justificativos frente al delito.” (PDS, p. 10)


[1] DNP. Departamento Nacional de Planeación (2019). “Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con libertad y en democracia”. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Páginas 43-150. En: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/BasesPND2018-2022n.pdf

[2] “[…] la legalidad, el emprendimiento y la equidad, pilares del Gobierno Nacional, tienen como base la Defensa y la Seguridad, concebidas más allá del despliegue operacional de Fuerzas Militares y de Policía Nacional, es decir, una Defensa y Seguridad que implica la acción unificada del conjunto de las instituciones del Estado.” Ministerio de Defensa (febrero 2019). Política de Defensa y Seguridad PDS para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad. En: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/politica_defensa_deguridad2019.pdf Pág. 20.

[3] Ibid. Pág. 23

[4] Cifra que parece distorsionada si se tiene en cuenta que para finales del 2015 el Centro Integrado de Inteligencia de la Fuerza Pública informó que el ELN tenía cerca de 1.600 integrantes (El Tiempo, 26 de marzo 2016). A la vez, en mayo de 2017 el Comandante General de las Fuerzas Militares Juan Pablo Rodríguez Barragán anunciaba que con informes de inteligencia se había establecido que las disidencias de las FARC estaban conformadas por cerca de 350 integrantes (Verdad Abierta, 27 de mayo de 2017), mientras que un informe del mes de abril de 2018 la Fundación Ideas para la Paz calculaba en no más de 1200 el número de integrantes de las disidencias de las FARC (Colombia 2020, 15 de abril de 2018). En cambio, en el caso de los paramilitares del Clan del Golfo, la Fiscalía informó en abril de 2016 que estaría integrado por unos 3.100 miembros en armas (RCN Radio, 8 abril 2016), lo cual, teniendo en cuenta la notable expansión de ese grupo paramilitar en los últimos años, evidencia que la cifra de miembros de los paramilitares está complemente minusvalorada, y en cambio las organizaciones armadas anti-estatales de las disidencias de FARC y ELN están totalmente amplificadas. En una intervención reciente en el Senado el jefe del partido político en el poder, Álvaro Uribe informaba que los integrantes de las disidencias de las FARC serían 5.000, el ELN tendría 15.000 miembros y los miembros de las bandas criminales serían 20.000. Aparte del reconocimiento que implica sobre el fracaso de su gobierno en la desmovilización de las estructuras paramilitares, lo que refleja esta afirmación es la necesidad del uribismo de magnificar los riesgos de seguridad a tal nivel que pueda justificar la expansión de la respuesta militar y la salida enfocada en la reactivación de la guerra (Semana 10 junio 2019).

[5] En implícita referencia a Rusia y China, aunque la Política Exterior centrada en la “seguridad cooperativa” busca desarrollar “alianzas con países con intereses comunes” para desarrollar alianzas estratégicas como “medio principal para desarrollar su defensa y seguridad ante las amenazas externas” (PDS, p.50), en las últimas semanas el Gobierno Nacional tuvo que acudir abuscar alianzas con China para atraer inversiones y buscar mercados, que por las limitaciones del TLC no ha podido encontrar con los EE.UU.

[6] Corte Constitucional 2003, Sentencia C-122/03.

[7] Ministerio de Defensa, Op. Cit. Pág. 38.

[8] Asociación Minga (13 junio 2019). Informe final 2da Misión de Verificación de DDHH en Catatumbo. En: https://asociacionminga.co/index.php/2019/06/13/alta-militarizacion-en-catatumbo-aumenta-vulneracion-de-ddhh/

[9] Ver en este libro Jairo Estrada, pág.168

[10] Ministerio de Defensa, Op. Cit. Pág. 38

[11] Ibid, pág. 39

[12] Ibid

[13] Ministerio de Defensa, Op. Cit. Pág. 23.

[14] 68CICR (2019). Comité Internacional de la Cruz Roja. Retos Humanitarios 2019. Pág. 3. En: https://www.icrc.org/es/…/final_balance_humanitario_cicr_colombia_2019_es.pdf

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