La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, manifestamos nuestra preocupación con la grave situación de derechos humanos que vive la ciudad en Cali en medio de las jornadas del Paro Nacional y exigimos al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque brinde garantías para el derecho a la protesta social y abra caminos de diálogo para el escalamiento y resolución de estas vulneraciones a la vida.
Los derechos humanos deben ser el centro para el manejo de la crisis por la que atraviesa todo el país en este momento. De manera especial, en la ciudad de Cali donde han sido públicas las denuncias de la comisión de homicidios, lesiones, violencia sexual y otras graves agresiones contra manifestantes, atribuidas a agentes de la Policía Nacional, estos hechos no pueden seguir repitiéndose y los responsables deben ser sancionados. El Gobierno Nacional y la Fuerza Pública deben cumplir estrictamente la sentencia de tutela de la Corte Suprema de septiembre 2020, que ordena a las autoridades adoptar protocolos para evitar excesos en el uso de la fuerza y se ampare el derecho a la protesta pacífica.
Igualmente, rechazamos el ataque armado desarrollado por civiles y agentes policiales en contra de la Minga Indígena en el sector de Cañas Gordas, en Jamundí, Valle, en el cual resultaron heridos 9 indígenas, así como las falsas acusaciones a integrantes de la Minga de estar armados y afectar a la población, mensajes que elevan su riesgo.
Conforme los estándares internacionales, los funcionarios responsables de hacer cumplir la ley tienen la obligación de respetar y proteger la vida y seguridad de todas las personas en el marco de la protesta social, al igual que todas las demás actividades que adelanten, deben observar los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución, que implica entre otros aspectos , la obligación de evitar el uso excesivo de la fuerza, así como poner en peligro o lesionar a personas ajenas a la situación y adoptar todas las medidas posibles para reducir al mínimo los daños .
Como Plataformas de derechos humanos, exigimos al presidente Iván Duque haga presencia en la ciudad de Cali, ordene la desmilitarización de la protesta social, condene los abusos de la fuerza pública que ha cobrado la vida de por lo menos 47 personas, de las cuales 39 fueron víctimas de la violencia policial , a lo que se suman los 9 indígenas heridos con arma de fuego en la ciudad de Cali en hechos ocurridos este domingo 9 de mayo.
Urge abrir caminos de diálogo y negociación con los sectores sociales, juveniles, la Minga Indígena y el Comité Nacional de Paro, para desescalar la violencia y represión por la que está pasando actualmente la ciudadanía de Cali, quienes ejercen su derecho legítimo a la protesta social.
Rechazamos los ataques y abusos por parte de la Fuerza Pública a manifestantes, ciudadanía y a la Minga Indígena se constituyen en graves violaciones a los derechos humanos. Los anuncios del Presidente Duque y de su partido Centro Democrático de ordenar una “acción militar contundente y sostenida en la ciudad de Cali” resulta muy grave y contraria al derecho a la protesta social. Igualmente, es importante hacer un llamado a que cese la militarización. Recordamos que constitucionalmente las Fuerzas Armadas no tienen funciones de respuesta frente al orden público, tal y como lo ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH
(…) “se tuvo conocimiento sobre el despliegue de fuerzas militares para reforzar la seguridad ciudadana en el contexto de las protestas sociales, y ratifican que el Estado debe limitar al máximo la participación de fuerzas militares en tareas de seguridad interna, y que, en todo caso, esta debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada”
Exigimos a la Fiscalía General y la Procuraduría General la investigación y sanción de los responsables de esto hechos, que incluya a quienes a través de sus discursos de odio han instigado atentados paramilitares y sicariales en contra de quienes participan en las movilizaciones sociales, así como brindar las garantías para la no repetición de estos hechos.
Hacemos un nuevo llamado a la comunidad internacional, ante la evidente erosión de la institucionalidad y la búsqueda de algunos sectores de una interrupción constitucional.
Como Plataformas, nos solidarizamos con las víctimas y familias que han sufrido ataques por parte de la Fuerza Pública.
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