LA COORDINACION COLOMBIA – EUROPA – ESTADOS UNIDOS CUESTIONA TERNA DE CANDIDATOS A FISCAL GENERAL Y RECLAMA POSTULACIONES BASADAS EN CRITERIOS DE IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA Y COMPROMISO CON LAS GARANTIAS DE DERECHOS HUMANOS

Bogotá, diciembre 10 de 2019

 

HONORABLES MAGISTRADOS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

E.S.D.

 

La terna de candidatos presentada ante la Corte Suprema de Justicia para la elección del Fiscal General, integrada por 3 funcionarios subordinados a la autoridad del Presidente de la República, no reúne las condiciones mínimas de independencia e imparcialidad que requiere este cargo, y tampoco evidencia en sus integrantes compromisos en la protección de los derechos humanos y la defensa del proceso de paz, requisitos que exigen tener al frente de la entidad de investigación y acusación una autoridad comprometida con la transición política que el país viene reclamando en las calles y en los campos para superar la impunidad reinante, el cese a las graves violaciones a los derechos humanos y la firme implementación integral del acuerdo de paz.

En efecto, la postulación por parte del Presidente Duque del Sr. Camilo Gómez Álzate, actual director de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado; Sra. Clara María González, Secretaria Jurídica de Presidencia, y el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Sr. Francisco Barbosa, funcionarios de la entraña de la coalición de gobierno, evidencia una vez más que ante los reclamos de cambios que demanda el país, el Presidente ha preferido reforzar en el Estado una visión monolítica de conducción de partido en los asuntos públicos. Es lamentable seguir postulando a la dirección de la Fiscalía funcionarios en quienes prima más su identificación con los intereses agenciados por el Ejecutivo, que por su idoneidad en el derecho penal[1] y su trayectoria en la protección de los derechos humanos.

El postulado Camilo Gómez Alzate es persona de confianza de la vice presidenta Martha Lucia Ramírez y el expresidente Andrés Pastrana, ambos connotados antagonistas de los Acuerdos de Paz con las Farc y  el ELN, hereda desde su posición actual como director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, una evidente postura parcializada en relación con los esfuerzos para el procesamiento y sanción ante la JEP de los crímenes perpetrados por las FARC, en tanto que omite cualquier interés y preocupación por el procesamiento de los altos responsables de la criminalidad estatal. Así mismo, ha insistido en ser escuchado como testigo en el caso de los reprobables secuestros perpetrados por integrantes de esa organización, y no ha manifestado igual interés en la condena de los perpetradores de miles de casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos[2], de los que por su condición de máximo responsable de la defensa jurídica del Estado ha debido conocer en razón a las cuantiosas demandas en donde ha resultado condenado el Estado por la responsabilidad de sus agentes en crímenes perpetrados entre los años 2002-2010[3].

La postulada Clara María González, Secretaría Jurídica del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, es una persona cercana al presidente Iván Duque, estuvo encargada de los temas financieros durante la campaña electoral[4]. Su cargo depende directamente de la presidencia y por tanto no reune las condiciones de independencia que exige este cargo, ni la trayectoria profesional que se requiere.

El postulado Francisco Barbosa en su condición de Consejero Presidencial de Derechos Humanos evidenció actitudes de muy escaso compromiso con la causa de los derechos humanos en momentos en que distintos organismos y comunidad internacional mostraron gran preocupación por el deterioro del proceso de paz y la vigencia de estos derechos, en especial con relación a comunidades indígenas y la protección de los líderes sociales. El Consejero Barbosa se esforzó por minimizar la situación de ataques a los líderes que denunciaba la comunidad internacional, manipulando la realidad sobre esta grave situación humanitaria y distorsionando las cifras al respecto[5]. En 15 meses al frente de la Consejería no se reunió con las Plataformas de organizaciones de derechos humanos, y se conoció sobre sus actuaciones tendientes a debilitar la supervisión internacional que en materia de derechos humanos  tiene Colombia, y en especial su papel y presiones en el debilitamiento del mandato de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia[6], y trascendió también a los medios en este proceso “acusaciones de un supuesto maltrato de Barbosa hacia la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet[7]. Su firmeza de carácter e independencia queda cuestionada cuando se reconoce que antes de asumir cargos en el nuevo gobierno actuaba como defensor del proceso de paz, pero ya posesionado “se convirtió en uno de sus más fuertes críticos”, según expresión de uno de los grandes medios de prensa[8].

El país, que aún no sale de la traumática experiencia de lo que representó la Fiscalía al frente del Sr. Néstor Humberto Martínez, y su connotada gestión parcializada en favor de grandes intereses económicos implicados en desfalcos, actos de corrupción y crímenes contra los derechos humanos, no debería volver a vivir la experiencia de un fiscal sin la necesaria independencia de los grandes poderes económicos y políticos.

Los abusos de la Fuerza Pública, incluidos bombardeos a niños y niñas, el retorno a las prácticas de falsos positivos, la expansión de vínculos, en diferentes territorios, de la fuerza pública con el paramilitarismo y demás organizaciones criminales, la violencia estatal de fuerzas policiales contra ciudadanos que protestan pacíficamente, demandan de esta institución una dirección eficaz, transparente, que satisfaga los derechos de las víctimas y ponga fin a la impunidad. Resulta inaceptable que se propicien situaciones que perpetúen en el poder judicial a funcionarios con actitudes de connivencia con la criminalidad estatal y aquella agenciada por grandes poderes económicos.

La impunidad asociada a crímenes de Estado ha devenido del incumplimiento de la Fiscalía de su mandato legal de investigar los crímenes vinculados al conflicto armado y a la violencia socio-política,  a lo que se suma el hecho de que la Fiscalía ha venido paralizando y suspendiendo las investigaciones de integrantes de la Fuerza Publica y de alto mandos sometidos a la JEP, en contravía de las disposiciones que establecen que esto solo podrá ocurrir hasta cuando se anuncie la  resolución de conclusiones de quienes se han sometido a su jurisdicción.  Tampoco hay avances en investigaciones que comprometen a terceros, empresarios y financiadores que no se sometieron a la JEP. La sumisión al Ejecutivo y su obsecuencia a las estructuras de poder político y económico que reflejan los miembros de la terna propuesta no ofrecen ninguna garantía de que la Fiscalía pueda corregir el rumbo que ha venido consolidando y ponerse a tono con los cambios que reclama el país.

Los enormes desafíos por esclarecer y sancionar el exterminio sistemático de los líderes sociales y el desmantelamiento de las estructuras criminales y del paramilitarismo, en los que la Fiscalía no muestra avances significativos o en los que muestra una concepción desfigurada y falseada de lo que entiende por “esclarecimiento”, deben dejar en claro que ubicar al frente de estas responsabilidades a un Fiscal General proveniente del círculo cercano al uribismo, no permite hacerse muchas ilusiones frente al cumplimiento de estos propósitos.

El país, conoció ya lo que significa tener al frente de la Fiscalía un adversario de los Acuerdos de Paz. Su influencia sobre el proceso político y su poder sin ningún control, distorsionaron la implementación del Acuerdo de Paz, frustraron con su intervención desarrollos legislativos importantes como la ley para el sometimiento de las estructuras paramilitares, debilitaron la estructura final y la autonomía de la Unidad para el desmonte del paramilitarismo y obstaculizaron durante muchos meses la normatividad para el funcionamiento de la JEP. Por poco acaba con el proceso de paz, sin contar con las recientes denuncias de uso ilegal de las facultades de interceptación que hacían desde las salas de la Fiscalía los negociadores de la paz y demás personas que buscaban acercar al país a una solución negociada.

Por las razones expuestas, y en consideración a la enorme responsabilidad que tenemos frente al futuro de la paz, la lucha por los derechos humanos, el combate a la impunidad y la corrupción que le compete a la dirección de la Fiscalía General de la Nación,  solicitamos  a la Corte Suprema de Justicia abstenerse de elegir el Fiscal de la terna presentada por el Presidente de la República, considere la devolución de esta, y exija al Presidente Duque la presentación de una nueva terna conformada por profesionales del derecho de reconocida solvencia y autoridad moral, con destacada imparcialidad e independencia frente a intereses políticos y económicos, con compromiso reconocido en la protección y garantía de los derechos humanos, la transparencia, la defensa del Estado Social de Derecho, con experiencia en el ejercicio del derecho penal, y para cuya selección se escuchen las voces de la academia, de las entidades judiciales, de los colegios de abogados y abogadas, de diversas expresiones de los movimientos sociales y la comunidad internacional.

Sugerimos también a la Corte darse el tiempo para tomar en consideración el fallo pendiente del Consejo de Estado sobre la anulación de los requisitos para la selección del Fiscal General ante la derogatoria de esa norma decretada por el Presidente de la República.

Las 281 organizaciones sociales y de derechos humanos que integran la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos invitan respetuosamente a los honorables magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, a ponderar los enormes desafíos con la vigencia de los derechos humanos, la superación de la impunidad y el tránsito hacia la paz en que está empeñada gran parte de la sociedad colombiana, al momento de tomar una decisión de enorme trascendencia para el país como lo es la elección de un Fiscal de cuya gestión dependen centralmente estos grandes propósitos.

Con nuestras muestras de consideración y aprecio

 

Comité Operativo Nacional

COORDINACIÓN COLOMBIA – EUROPA – ESTADOS UNIDOS

 

Contacto:

 

Soraya Gutiérrez                                                            Alberto Yepes

Presidenta del Colectivo de Abogados                   Coordinador del Observatorio de DDHH y DIH

José Alvear Restrepo (CAJAR)                                   Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

sorisgut@cajar.org                                                        albertoyepes2015@gmail.com

 

Organizaciones que integran el Comité Operativo  

  • Asociación Campesina de Ituango
  • Asociación Campesina de Puerto Asís ASOCPUERTOASIS
  • Asociación para la Promoción Social Alternativa MINGA
  • Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)
  • Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
  • Colombia Diversa
  • Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
  • Corporación Compromiso
  • Corporación Jurídica Libertad
  • Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
  • Humanidad Vigente Corporación Jurídica
  • Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos Autónomos e Institutos Descentralizados de Colombia “SINTRAEMSDES

[1] Los mayores avances en el procesamiento de máximos responsables de criminalidad estatal, específicamente relacionada con los casos de falsos positivos, se dieron justamente cuando un funcionario con amplia formación en derecho penal estuvo al frente de la Fiscalía entre los años 2012 y 2016. Estos avances, aunque insuficientes se vieron luego completamente paralizados durante la gestión de Néstor Humberto Martínez.

[2]Vid. The Guardian, 09.05.2018. “El Ejército colombiano mató a 10.000 civiles para mejorar las estadísticas en la guerra contra los rebeldes” En:

https://www.eldiario.es/theguardian/Ejercito-colombiano-civiles-falsos-positivos_0_769573313.html

[3]En declaraciones ante los medios, Camilo Gómez sostuvo que “nuestros soldados y policías fueron secuestrados como parte de una política sistemática establecida por las Farc”, y agregó que estos secuestros fueron «uno de los más graves crímenes de lesa humanidad cometido de manera sistemática por este grupo guerrillero: el despiadado secuestro de más de 400 soldados y policías con fines de extorsión política» (Declaraciones reproducidas por La FM, el 24.07.2019 en https://www.lafm.com.co/judicial/camilo-gomez-pide-jep-que-lo-escuche-como-testigo-de-secuestros-de-las-farc). A pesar de que en el lado de la criminalidad estatal los casos de falsos positivos pueden llegar a las 10.000 víctimas asesinadas en esta modalidad de crimen de lesa humanidad, no se conocen exigencias o manifestaciones públicas por la persecución y sanción de estos crímenes cuya responsabilidad recae exclusivamente en agentes del Estado cuyos máximos responsables no han sido condenadas, ni siquiera procesados, pero por cuenta de cuyas acciones el Estado, representando en la Agencia Jurídica de Defensa a cuya cabeza se encuentra Gómez Álzate, ha debido destinar ingentes cantidades de presupuesto público.

[4]Ver en: https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/la-terna-para-la-fiscalia-la-componen-clara-maria-gonzalez-francisco-barboza-y-miguel-ceballo-2895768.

[5]Vid. Uprimny, Rodrigo. Errores fatales: sobre la supuesta reducción de asesinatos de líderes con Duque”. La Silla Vacía, 10.08.2019. En: https://m.lasillavacia.com/opinion/errores-fatales-sobre-supuesta-reduccion-asesinatos-lideres-duque-72926?amp=1&fbclid=IwAR0RiELBfkOmcZWZ5GsGyukARXMV6FD1VgML-rnsQ7NU6_ghjMbGCqQT_HA.

[6]Samper P, Ernesto. Mientras EEUU certifica a Col. en DDHH soslayando el tema de los falsos positivos, el consejero Barbosa plantea en Ginebra la mutilación de la Oficina del Alto comisionado para los Derechos Humanos en Col. que ha cumplido un papel importante como garante de ellos en el pasado” Twit recuperado de: https://twitter.com/ernestosamperp/status/1169611558621761536

[7]W Radio, 29.10.2019. “Esto es lo que sucedería con la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia”. En:https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/esto-es-lo-que-sucederia-con-la-oficina-de-derechos-humanos-de-naciones-unidas-en-colombia/20191029/nota/3972595.aspx.

[8]El Tiempo. 05.12.2019. “De estos tres nombres saldrá el nuevo Fiscal General de la Nación”. En: https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/quienes-son-los-ternados-para-fiscal-general-de-la-nacion-439964.