La crisis humanitaria y la reinstalación de la guerra

Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario
Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos

El desarrollo del proceso de negociaciones de paz con las Farc-ep y de los diálogos con el ELN desde el año 2012 tuvieron efectos positivos en la situación de los derechos humanos, que repercurtieron en un nuevo ascenso de la movilización social, el resurgimiento de acciones de protesta que habían permanecido ahogadas durante los años del terror oficial del régimen de la Seguridad Democrática, y sobre todo en la conformación de un vigoroso movimiento de víctimas que fue esencial para la firma del Acuerdo de Paz mismo.

Los procesos de diálogo dieron frutos tempranos para la sociedad colombiana. Entre los años 2012 y 2017 el país tuvo una reducción continua en los índices de violencia general, expresado entre otros indicadores en una reducción  persistente en la tasa de homicidios que llevó a que Colombia experimentara en el 2017 la más baja de los últimos 42 años, según datos de la Fiscalía General de la Nación.[1] En el primer semestre del año 2018 Colombia tuvo las jornadas electorales más pacíficas en muchas décadas, alcanzando una participación electoral histórica superior al 53%, en tanto el aumento en la confianza económica generada por el proceso propició que la inversión extranjera aumentara de manera continua entre 2012 y 2017 en más de un 100%, y que la tasa de desempleo descendiera cerca de 3 puntos en 2017 con relación con el nivel en que se encontraba en el año 2010.[2]

Inmovilismo de la paz y reinstalación de la guerra.

Ha bastado un solo año del Gobierno de Duque para que estoslogros comenzaran a derrumbarse. El mandato de los líderes de su grupo político de “hacer trizas los acuerdos” y los esfuerzos de sectores del gobierno y del Congreso, y el empeño del ex fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez, así como de la extrema derecha tanto legal como ilegal, han llevado al inmovilismo el proceso de implementación de los acuerdos, aunque no han podido descarrilar completamente algunos de los elementos esenciales acordados como los referidos a la independencia e integridad de los mecanismos de rendición de cuentas del sistema de justicia transicional, y la participación en la vida política de cerca de 13.000 desmovilizados que dejaron la armas, conformaron un nuevo movimiento político y siguen desarrollando valiosas iniciativas económicas, sociales y comunitarias en vastas regiones del país.

De otra parte, ante las presiones sociales de algunos sectores del Congreso y de distintas vertientes de la comunidad internacional el Gobierno Duque ha adoptado una actitud de simulación con el cumplimiento de los compromisos con la paz, fingiendo respetar unos acuerdos que se esmera en obstaculizar, y estimulando o conviviendo con economías ilegales vinculadas al narcotráfico, minería ilegal y con el paramilitarismo, junto con el vasto proyecto de control militar de las Zonas Estratégicas Integrales de Intervención, con lo cual en su conjunto está retrotrayendo al país a la guerra.

Dichas zonas terminan por subordinar y desestimar los procesos de concertación para implementar la  transformación de los territorios más afectados por el conflicto, que se concretaron tanto en los 170 municipios con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, como aquellos de aplicación de las estrategias del Plan Nacional de Intervención y Substitución. La estrategia ahora es militarizar los territorios, subordinar a las autoridades civiles y organizaciones sociales al poder militar, conceder facultades extraordinarias a la Fuerza Pública y otorgarles a los militares la coordinación de los planes de intervención determinados por el Consejo de Seguridad para implementar el “imperio de la ley” y la “estabilización” de un orden de privilegios y exclusión; todo lo contrario a los programas de  transformación de los territorios acordados en los PDET, los PNIS y los programas de Reforma Rural, que debían ser jalonados directamente por la participación de las comunidades.

No deja de ser paradójico que las zonas más militarizadas coincidan con aquellas donde se expanden las economías ilegales y la presencia de actores ilegales, representados en el ELN, las llamadas disidencias de FARC y  principalmente los grupos paramilitares.

En estas regiones quienes luchan por la implementación del Acuerdo de Paz y las salidas negociadas al conflicto armado están siendo asesinados ante la ausencia de garantías de seguridad del Estado, la principal de las cuales es la ausencia de voluntad para implementar a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, un plan para el desmonte del paramilitarismo, como el principal y notorio incumplimiento por parte del Gobierno al Acuerdo de Paz.

La intensificación de las distintas manifestaciones del conflicto armado se expande y se agudiza en las distintas regiones del país una verdadera crisis humanitaria, mientras el gobierno volvió a la negación del conflicto armado y a la imposición de una nueva narrativa de la memoria, según la cual sólo la guerrilla ha vulnerado derechos en el pasado y es el único actor que lo sigue haciendo hoy. En medio de esta crisis, durante el primer año del Gobierno del presidente Iván Duque se cometieron 226 asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en el país,[3] cuya responsabilidad en la inmensa mayoría de los casos no pudo ser determinada, lo que devela una estrategia de las empresas criminales de estos crímenes sistemáticos por ocultar o desviar hacia otros actores indeterminados la responsabilidad detrás de estos planes de exterminio, que no se detiene por más que el gobierno mienta sobre la supuesta reducción de los asesinatos en un 35%,[4] o que la Fiscalía afirme que los ha esclarecido en un 60% de los casos. [5] El mismo patrón se repite para el asesinato de desmovilizados de las FARC, el cual según cifras de Indepaz ha alcanzado a 55 de ellos durante el primer año de gobierno, mientras éste se jacta de que les está cumpliendo a las bases de las FARC que se mantienen en la legalidad. El exterminio se extiende también a los  pueblos indígenas que han padecido el asesinato de 96 de sus integrantes bajo el actual gobierno de la “paz con legalidad”. [6]

El Acuerdo de Paz contempla una ruta de compromisos para la superación de la grave situación de derechos  humanos y de garantías para la labor de defensa en los territorios, que si hubiera voluntad de cumplirla debería  haber dado cuenta ya por lo menos de la implementación de planes muy avanzados para el sometimiento voluntario y/o forzado de las estructuras paramilitares y la separación del servicio de los integrantes de la Fuerza Pública que no muestran resultados con este compromiso. El incumplimiento de estas obligaciones es la causa principal de la expansión del paramilitarismo, de los atropellos desbordados de la militarización y de la agudización de la crisis humanitaria.

Igualmente las desapariciones forzadas alcanzan una cifra de una víctima cada 4 días, comunidades indígenas y afro descendientes en el Chocó permanecen en confinamiento desde hace varios meses sin que la Fuerza Pública haga nada por evitarlo, y el Comité Internacional de la Cruz Roja denuncia en su último informe que ante la grave crisis humanitaria y la expansión de cinco nuevos tipos de conflicto armado en Colombia, en el último año,bajo este gobierno, el desplazamiento forzado ha aumentado en un 90%y en cada vez más regiones la gente ha vuelto a sentir miedo.[7]

Aquí se puede descargar el archivo en PDF —>Balance Polticas de Paz y de Guerra del Gobierno Duque


[1] El Espectador, 21 de enero de 2018.

[2] Portafolio, 2 mayo 2018

[3] Nodal (7 agosto 2019). En el primer año de gobierno de Duque fueron asesinados 226 líderes sociales. En: https://www.nodal.am/2019/08/mas-de-200-lideres-sociales-asesinados-en-el-primer-ano-de-gobierno-de-duque/

[4] Uprimny, Rodrigo. (agosto 2019). “Cifras Mortales”. En: https://www.dejusticia.org/column/cifras-mortales/

[5] https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-fiscalia-manipula-cifras-de-crimenes-contra-lideres-directora-asociacion-minga-articulo-873114

[6] ONIC (10 agosto 2019). SOS Norte del Cauca: ONIC denuncia y rechaza el vil ataque y asesinato de dos guardias indígena, y cinco heridos. En: https://www.onic.org.co/70-noticias/destacadas/3109-sos-norte-del-cauca-onic-denuncia-y-rechaza-el-vil-ataque-y-asesinato-de-dos-guardias-indigena-y-cinco-heridos

[7] CICR. https://twitter.com/CICR_co/status/1105259646544158721; Colprensa (28 marzo 2019). “La gente vuelve a tener miedo y el conflicto aumenta”: informe del CICR