La guerra se mide en litros de sangre

Desde su nacimiento, la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos ha venido haciendo seguimiento a la situación de los derechos civiles y políticos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia. En este marco, desde el año 2006 la CCEEU había venido denunciado en diferentes informes públicos la proliferación de casos de ejecuciones extrajudiciales, especialmente de habitantes de las zonas rurales, las cuales venían incrementándose a partir del año 2002 con la aplicación y puesta en marcha de la política contrainsurgente y de control del orden público implementada desde la llegada al poder del presidente Álvaro Uribe Vélez, la cual fue denominada como “Política de Seguridad Democrática”.

En este esfuerzo, la CCEEU ha venido realizando una labor de documentación y recopilación de las denuncias de casos de ejecuciones extrajudiciales presuntamente perpetradas por miembros de los organismos de seguridad en Colombia, ocurridos a partir del año 1994 hasta el presente. La sistematización de estos casos ha sido presentada en publicaciones, y en diversos informes presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir del año 2007, y han dado de la cuenta de la situación ocurrencia masiva de estos crímenes y las estrategias de diversas entidades estatales para no avanzar en las investigaciones, o para impedir u obstaculizar los procesos judiciales y los esfuerzos de las víctimas por acceder a la justicia. Sumada a esta labor de documentación y denuncia la CCEEU, por intermedio de las organizaciones que hacen parte de la Mesa de Trabajo sobre Ejecuciones Extrajudiciales, ha venido impulsando, de manera coordinada, esfuerzos de litigio estratégico de casos de ejecuciones extrajudiciales, tanto en los tribunales nacionales como ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El presente informe se estructura en dos partes: la primera parte analiza la práctica de ejecuciones extrajudiciales por agentes del Estado en el período 2002-2008, destacando sus características de sistematicidad y generalidad; la segunda parte se concentra sobre la administración de justicia en este tipo de casos por parte de los tribunales colombianos, con particular énfasis en la responsabilidad de los altos mandos militares.