LA ORDEN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A LOS ALCALDES PONE EN RIESGO GRAVE LA IDENTIFICACIÓN DE MILES DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y EL DERECHO A LA VERDAD

 

 

 

 

 

Las organizaciones de familiares, de víctimas y de derechos humanos agrupadas en la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos expresamos nuestra consternación y rechazo a la resolución proferida el 3 de abril por la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuradora Delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social, ordenando a los autoridades distritales y locales para que con carácter de urgencia procedan a la inhumación de los cadáveres que han permanecido en las morgues de sus municipios en condición de no identificados, identificados aún no reclamados y con características de ser personas de pobreza de solemnidad.

Esta medida es a todas luces irracional, innecesaria, desproporcionada y vulneratoria del derecho inalienable de miles de familias de personas desaparecidas y de víctimas de desaparición forzada a la identificación, entrega de sus seres queridos, y el derecho a conocer la verdad sobre lo sucedido con las personas que han padecido la desaparición forzada u otras formas de desaparición, de los cuales cerca de 120.000 casos se han dado en el contexto del conflicto armado o la violencia política que ha padecido el país por varias décadas. La directiva también es contraria a lo dispuesto en los Art. 3, 19, 20, 27 (parágrafo 3) y en especial el TÍTULO V CONSERVACIÓN DE CUERPOS O RESTOS HUMANOS NO IDENTIFICADOS O IDENTIFICADOS NO RECLAMADOS contenidos en el Decreto 303 del 2015 por el cual se reglamenta la Ley 1408 de 2010 en relación con la localización e identificación de los cuerpos.

A través de estas medidas, la PGN está ejerciendo facultades reglamentarias que no le competen, y además, emitiendo órdenes ejecutivas sin conexión o causa directa con las orientaciones que en materia de manejo y disposición final de cadáveres por COVID-19 ha expedido el Ministerio de Salud. Ni los cadáveres que han permanecido en morgues municipales en condición de no identificados o aún no reclamados pueden ahora ser catalogados de manera arbitraria por la PGN como relacionados con la epidemia de COVID-19 ni puede tampoco esta entidad disponer que los cadáveres de personas con características de ser personas en extrema pobreza sean exceptuados del derecho que tienen sus familias a que se practiquen los protocolos para conocer su identidad y ser entregados a sus seres queridos.

Resulta extremadamente peligroso que en medio del temor y las precauciones requeridas para el adecuado manejo de la pandemia de Covid19, cualquier autoridad de cualquier nivel y con pretextos infundados termine echando por tierra los derechos de miles de familias de víctimas de desaparición forzada u otras formas de desaparición  en el país, ordenando a las autoridades locales deshacerse con este pretexto de los miles de cadáveres que en los 1200 municipios del país han permanecido a la espera de los procedimientos y protocolos necesarios para su identificación y regreso a sus familias. Estas órdenes socavan y hacen inviables las funciones atribuidas a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas al disponer deshacerse de las personas cuyo mandato dispone debe practicar procedimientos de identificación y entrega.

Para las organizaciones de Derechos Humanos y de familiares y víctimas de Desaparición Forzada resulta también preocupante las informaciones relacionadas con la falta de transparencia y anomalías en el registro que están siendo trasladas e incineradas por diagnóstico confirmados o sospechosos de relación con el COVID-19. Ante esta situación, solicitamos mayor publicidad en los protocolos para el traslado y disposición final de las personas muertas por relación con coronavirus, y que se lleve un registro centralizado y verificable de todos los casos que en todo debería ser inmediatamente informado para su confiable verificación por parte de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas o la Defensoría del Pueblo.

Ante la emergencia de salud ocasionada por la pandemia del coronavirus, los derechos de las víctimas de desaparición forzada no se suspenden ni se anulan. Al contrario, las medidas adoptadas deben concentrarse en acelerar los procedimientos para la identificación pendientes, y el Ministerio Público, antes que poner en riesgo la identificación y entrega de las personas desaparecidas y víctimas de Desaparición Forzada, debe velar porque los derechos a la verdad y a la identificación y entrega de las personas desaparecidas sean debidamente garantizados por las autoridades locales, departamentales y nacionales con responsabilidad en el tema.

Bogotá, 6 de abril de 2020

Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. 

A esta comunicación, también suscriben las siguientes organizaciones:

  1. ASFADESFEL: ASOCIACION DE FAMILIAS DESPLAZADAS EN BUSCA DE FELICIDAD
  2. Asociación Agroambiental del Galeras ASOAGROGALERAS
  3. Asociación Colombiana de Estudiantes Universitario, Capítulo Atlántico
  4. Asociación de familiares de desaparecidos del Pacífico – AFADEPA, Tumaco
  5. Asociación de familias unidas por un solo dolor – AFUSODO
  6. Asociación de mujeres pro desarrollo de la mujer Santa Ritera
  7. Asociación de víctimas construyendo país de Ipiales – ASOVICOMPI
  8. Asociación de Víctimas del Nordeste Antioqueño – ASOVISNA
  9. Asociación de víctimas Reverdecer
  10. Asociación Familiares de Victimas Trujillo AFAVIT
  11. Asociación GEMPREN Gente Emprendedora
  12. Asociación Luz de Esperanza – AFAVIDELET, Tumaco
  13. Asociación por un Nuevo Futuro – ASODENUF
  14. ASODEMUSA
  15. ASOLAVIDI
  16. Colectiva Sororidad al Aire – San José del Guaviare
  17. Colectivo DF de Familias Buscadoras del municipio de Santo Tomas Atlántico
  18. Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
  19. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
  20. Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta – CCDHM
  21. Comité de DH de la montaña de Samaniego
  22. Comité de víctimas Comuna Tres
  23. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH
  24. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH, Atlántico
  25. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH, Norte de Santander
  26. Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – CPDH, Valle del Cauca
  27. Comunidades eclesiales de base y grupos cristianos Medellín
  28. Confluencia de Mujeres para la Acción Pública de Atlántico
  29. Confluencia de Mujeres para la Acción Pública de Nariño
  30. Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
  31. Corporación Jurídica Libertad
  32. Corporación jurídica Yira Castro
  33. Corporación Justicia y Dignidad
  34. Corporación la Educación Autogestión Ciudadana – CEAC
  35. Corporación para el Desarrollo Regional
  36. Corporación Plural
  37. Corporación PODERPAZ
  38. Corporación Tiempos de Vida Bolívar
  39. Corporación Vida-paz
  40. Corporación Vínculos
  41. dhColombia
  42. Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial- EQUITAS
  43. Familiares Colombia – Línea Fundadora
  44. Familiares de personas desaparecidas de Cali y Valle del Cauca
  45. Fundación Centro de promoción de desarrollo
  46. Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – FCSPP, Atlántico
  47. Fundación del Sur Occidente y Macizo Colombiano – FUNDESUMA
  48. Fundación Desarrollo y Paz – FUNDEPAZ
  49. Fundación Granizal Unidos por mi País
  50. Fundación Guagua
  51. Fundación Hasta Encontrarlos
  52. Fundación Mujeres víctimas por la Paz – MUVICOPAZ
  53. Fundación para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Niñez, Sincelejo
  54. Fundación para los Derechos Humanos “Nydia Érika Bautista” – FNEB
  55. Fundacion Sol y Tierra
  56. FUNDEMOCRACIA
  57. FUNDESCODES – Capilla de la Memoria Buenaventura
  58. Grupo Socio Cultural DESDE ADENTRO
  59. Grupo Tejiendo Memorias
  60. Human Rights Everywhere – HREV Colombia
  61. Humanidad Vigente Corporación Jurídica
  62. Madres por la Vida
  63. Maria del Pilar Navarrete Urrea, Familiares Palacio de Justicia
  64. Mesa Departamental de Desaparición Forzada – Antioquia
  65. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE
  66. Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE, Capítulo Bogotá
  67. Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo-MODEP
  68. Mujer sigue mis Pasos
  69. Mujeres caminando por la Verdad
  70. Narrar para Vivir
  71. PROYECTO DES.
  72. Remolfino Magdalena
  73. Ruta Pacifica de las Mujeres Valle del Cauca
  74. Santamaría Fundación
  75. SINALTRAINAL Dosquebradas
  76. Sindicato de Trabajadores de Empresas Municipales de Cali – SINTRAEMCALI
  77. Surcando Comunicaciones
  78. Unión de ciudadanas de Colombia Seccional Cali