Las desapariciones forzadas no son una historia del pasado, son una realidad del presente

 

 

 

 

 

 

 

EN LA SEMANA INTERNACIONAL DEL DETENIDO DESAPARECIDO

COMUNICADO DE LA MESA DE TRABAJO SOBRE DESAPARICION FORZADA

LAS DESAPARICIONES FORZADAS NO SON UNA HISTORIA DEL PASADO…

SON UNA REALIDAD DEL PRESENTE

 

Bogotá, 26 de mayo de 2020

 

En medio de la crisis que afrontamos como sociedad por la pandemia del COVID-19 las desapariciones forzadas continúan en Colombia. Empezando la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, alertamos la presunta desaparición forzada de María Rocío Silva Caballero, lideresa de los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito en el Sur de Bolívar y miembro de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Vallecito, del municipio de San pablo, Bolívar.

María Silva se encuentra desaparecida desde el pasado 21 de mayo de 2020, sus familiares, compañeros, amigos y vecinos han emprendido todas las acciones de búsqueda, y denuncian que todo apunta a que su desaparición “pudo ser a manos de miembros del ejército nacional”[1]. Su comunidad se encuentra en continuo riesgo, pues tropas del Ejército en pasadas ocasiones han sido denunciadas por hostigamientos y acciones violentas contra la comunidad en arremetidas de acciones de erradicación forzada a los cultivos de campesinos y campesinas de la región. A este caso se suma el del líder campesino y comunal, integrante de la Asociación Campesina del Bajo Cauca, John Fredy Restrepo Monsalve, desaparecido desde el pasado 29 de abril en el municipio de Tarazá, Antioquia, quien continúa desaparecido, y la desaparición forzada de Didian Arley Agudelo, retenido según denuncias de la comunidad por tropas de la VII División del Ejército el pasado 26 de febrero en Campamento – Antioquia, y aparecido luego amarrado y ahorcado en zona fuerte militarizada el pasado 1 de febrero.

Las agresiones y atropellos cada vez más frecuentes de las VII División, comandada por el Mayor General Juan Carlos Ramírez, no solo se manifiestan en casos de desapariciones forzadas, sino también en casos de ejecuciones extrajudiciales como los perpetrados en contra de la maestra Leidy Villa (Ituango, Antioquia – 16/04/2020), el campesino Luis Eduardo Garay (Puerto Libertador – Córdoba – 24/12/2018), el líder campesino Alexander José Padilla (Tierralta, Córdoba – 16 diciembre 2018) y más recientemente el líder de sustitución de cultivos Ariolfo Sánchez Ruiz (Anorí, Antioquia – 20/05/2020). Ello, sin contar las innumerables denuncias de complicidad de tropas de esta división con grupos paramilitares en el sur de córdoba, bajo Córdoba y en el Atrato en Chocó.

Así como hoy exigimos que se adelanten todas las investigaciones para encontrar María Rocío Silva y John Fredy Restrepo, también nos seguimos preguntando, ¿dónde están las más de 80.472[2] personas desaparecidas en Colombia? ¿Por qué razón el porcentaje de impunidad frente al delito de la desaparición forzada es del 99,51%[3]? ¿Quiénes han impedido que se conozca el paradero de nuestros seres amados? ¿Por qué se los/as llevaron?  ¿Cuándo comparecerán ante la justicia los perpetradores y quienes fueron y siguen siendo cómplices de estos crímenes? Los miles de familiares de desaparecidos y desaparecidas en Colombia, después de 39 años de declarar la última semana de mayo, como la Semana Internacional del detenido-desaparecido seguimos buscando a nuestros seres queridos, batallando en contra de la impunidad y reivindicando su memoria. Ya sabemos las cifras y tenemos la certeza que son muchas más las víctimas, pero lo que aún no sabemos es ¿por qué los detuvieron y desparecieron?, ¿quiénes lo ordenaron?, ¿qué querían? Y seguimos insistiendo en ¿Dónde están?

En la Semana Internacional del detenido desaparecido las organizaciones de víctimas, de derechos humanos, forenses y atención psicosocial que hacemos parte de la Mesa Nacional de Trabajo Sobre Desaparición Forzada (MDTDF), exigimos al Estado colombiano, en la cabeza del Presidente Iván Duque, que reconozca la competencia del Comité contra las desapariciones forzadas de Naciones Unidas para conocer de casos de desapariciones forzadas perpetrados en Colombia como garantía del respeto de los derechos de las víctimas de Desaparición Forzada,  del cumplimiento de los compromisos internacionales y los derivados del Acuerdo de Paz, y teniendo en cuenta que en Colombia siguen presentándose desapariciones forzadas en el marco de un conflicto armado que continúa  o en ejercicio de la violencia estatal, en donde además que hay más de 80 mil desapariciones forzadas que están en la más completa impunidad. La salida en libertad hace una semana del General Jesús Armando Arias Cabrales, único general condenado por las desapariciones del Palacio de Justicia, y la concesión del beneficio de su aceptación ante la JEP sin que hasta el momento haya aportado nada a la justicia sobre la verdad de que pasó y a donde se llevó los desaparecidos, nos hace dudar de la voluntad del Estado para esclarecer la verdad sobre las desapariciones forzadas, pues con su silencio sigue siendo responsable de un crimen atroz y masivo, que se seguirá cometiendo mientras no de razón de la suerte el paradero de sus víctimas.

La ratificación de los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Ley 1418 de 2010)  es urgente para garantizar la búsqueda y localización de las víctimas, ante la falta de resultados y gestiones eficaces del Estado para su búsqueda, localización y prevención de la repetición de nuevos casos. La justificación para excluir la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas para tramitar los casos de desaparición forzada cometidos con posterioridad a la firma de la Convención, con el argumento de que en Colombia la justicia se ocupa con eficiencia de esclarecer y sancionar este delito y de que el Estado se esfuerza en prevenirlo, buscar a las víctimas y reparar a sus familiares, es falso y alejado de toda realidad. Prueba de ellos es que el Estado colombiano no ha acogido las recomendaciones realizadas por el Comité de la ONU en 2016, la búsqueda de las víctimas sigue siendo incierta y los casos se siguen multiplicando. Al día de hoy no sabemos ¿Cuáles son las políticas y metas del gobierno del presidente Duque, orientadas hacia la búsqueda de las personas desaparecidas en Colombia? Ya sabemos las cifras y tenemos la certeza que son muchas más las víctimas, pero lo que aún no sabemos es ¿por qué los detuvieron y desparecieron?, ¿quiénes lo ordenaron?, ¿qué querían? 

Nuestra exigencia se suma al reclamo de los líderes/as sociales, defensores/as de derechos humanos y firmantes de paz que siguen siendo objeto de la criminal práctica de la desaparición forzada. Tenemos la certeza de que este crimen no ha cesado y sigue siendo uno de las acciones utilizadas por agentes del Estado y estructuras paramilitares, como se constata en  el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja-CICR de marzo de este año, que da cuenta de que  en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz (noviembre de 2016), cada cuatro días se registra un nuevo caso de desaparición relacionado con el conflicto armado[4].

La búsqueda y localización de los miles de hombres y mujeres es un derecho de las familias y una obligación del Estado y sus instituciones que debe ser exigida por toda la sociedad. Por ello es urgente que la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas desplieguen de forma inmediata y sin mayor dilación todos sus esfuerzos y obligaciones para garantizar los derechos de las víctimas y se ponga en marcha de manera inmediata el Plan Nacional de Búsqueda de las Personas Desaparecidas.

Así mismo esperamos que organizaciones, ciudadanos/as y movimientos sociales se sumen a la Campaña ¿Dónde Están? para lograr la plena ratificación de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas y en la entrada en vigencia para Colombia de las competencias del Comité de las Naciones Unidas contra la Desapariciones Forzadas para reforzar las labores de búsqueda, localización, justicia para los responsables y medidas para que estos crímenes atroces no vuelvan a repetirse nunca en nuestro país.

Firma aquí para apoyar la búsqueda de las personas desaparecidas

 

MESA DE TRABAJO SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA – MDTDF

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE

Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda – Colectivo OFB

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta

Corporación Claretiana Norman Pérez Bello

Corporación construyendo poder, democracia y paz – PODERPAZ

Corporación Jurídica Libertad – CJL

Corporación Jurídica Yira Castro – CJYC

Corporación para el Desarrollo Regional – CDR

Corporación para la Educación y Autogestión Ciudadana

Corporación Vínculos

DH Colombia

Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial-EQUITAS

Familiares Colombia – Línea Fundadora

Fundación Desarrollo y Paz – FUNDEPAZ

Fundación GUAGUA

Fundación Hasta Encontrarlos

Fundación para los Derechos Humanos “Nydia Érika Bautista”

Fundación Progresar

Juan Francisco Lanao, hijo de Gloria Anzola, desaparecida del Palacio de Justicia

Mujeres caminando por la Verdad

Pilar Navarrete

 

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[1] https://www.contagioradio.com/denuncian-desaparicion-forzada-de-lideresa-rocio-silva-en-el-sur-de-bolivar/?fbclid=IwAR1XpNcRLlyUFOaVhBoGaeUH6yh4zeQFZY4MSqPkC0nmam-1aQU2In3XtpI

[2] Cifra del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica. Disponible en: http://centrodememoriahistorica.gov.co/tag/observatorio/

[3] Disponible en: https://colombia.desaparicionforzada.com/calculo-de-impunidad-de-desaparicion-forzada-en-colombia/

[4] Colombia: retos del conflicto armado y la violencia. Disponible en: https://www.icrc.org/es/colombia-retos-humanitarios-del-conflicto-armado-y-la-violencia