“Celebro esta convocatoria que nos hacen para pronto volverla efectiva y establecer los mecanismos de coordinación, y poder decirle al país que lo mejor que puede ocurrir es que haya certeza en las estadísticas, porque esta nos da un grado de respetabilidad en el manejo de estos asuntos”, dijo el fiscal Francisco Barbosa.
Es por eso que las cifras entregadas por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (que son los oficiales retomados por la Consejería Presidencial para los DD.HH), por la Defensoría del Pueblo y por organizaciones civiles como Indepaz varían hasta en más de un 100 %.
Precisamente el presidente Iván Duque señaló que habrá una metodología única de análisis, que tendrá como base fundamental las cifras que reposan en esa entidad y su capacidad investigativa.
“La Fiscalía es puerta de entrada a la justicia en Colombia”, dijo el fiscal al reiterar: “Se está trabajando en los territorios con geografía, con fiscales e investigadores itinerantes para romper los corredores regionales de criminalidad, y con la Fuerza Pública para darles tranquilidad a los ciudadanos en términos de justicia”.
Llovieron críticas
Pero esa es una noticia que preocupa a quienes desde la sociedad civil trabajan por darle visibilidad al fenómeno, especialmente porque sienten que se le están quitando dientes a la Defensoría del Pueblo que terminaría como convidado de piedra ante la Fiscalía.
“Esta decisión, sin duda alguna, pone en riesgo la autonomía e independencia de la Defensoría, entidad que ha cumplido un importante trabajo en el monitoreo de las violaciones a los derechos humanos y en su labor de advertir a las autoridades nacionales y regionales, a la Fuerza Pública y a los organismos del poder judicial sobre los riesgos en los que podría estar inmersa la población civil y, especialmente, las personas que ejercen el liderazgo social de sus comunidades”, expresaron los congresistas Iván Cepeda y Ángela María Robledo en un derecho de petición enviado el viernes pasado al defensor Carlos Camargo Assis.
En dicho documento, los parlamentarios le preguntan al funcionario si continuará realizando el registro y consolidación de una base de datos de conductas vulneratorias contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales de manera autónoma e independiente, y si seguirá informando al país y a la comunidad internacional, de manera periódica, los hallazgos y resultados del ejercicio de registro y consolidación de agresiones a estas personas.
Tomado de: https://www.vanguardia.com/colombia/lideres-asesinados-conteo-en-disputa-CI3390466
