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Inicio Comunicado Conjunto

Un año de la gestión de Barbosa: Una fiscalía subordinada al gobierno

Campaña Independencia de la Justicia

Hace 2 años
en Campañas, Comunicado Conjunto, Comunicados
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Principios básicos que garantizan la independencia judicial – #NadiePorEncimaDeLaJusticia

15 de febrero de 2020

En los últimos ocho años hemos asistido a toda suerte de escándalos e interinidades en la Fiscalía General de la Nación. Han pasado por el ente investigador tres fiscales encargados y tres titulares, estos últimos, rodeados de grandes cuestionamientos: Luis Eduardo Montealegre, Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa, quienes paso a paso han ido convirtiendo la institución en un proyecto político más que un ente jurídico.

Buena parte de esta catástrofe, para un país que requiere un organismo de investigación independiente y eficaz, radica en el origen de la nominación del cargo de Fiscal General de la Nación por parte del Presidente de la República. Esto, sin duda, convirtió a la entidad en un apéndice del Ejecutivo, pese a que estructuralmente, la Fiscalía hace parte del poder judicial, del cual se predica la autonomía como su  baluarte.

El actual Fiscal General, Francisco Roberto Barbosa Delgado, fue ternado por Iván Duque, de quien fue Consejero Presidencial y amigo de aulas. Con un recorrido de 25 años en el sector público, pero solo con un año de experiencia en el ente acusador, Barbosa se atribuye la calidad de ser el profesional más calificado entre su generación, pero los bajos resultados de su gestión no respaldan su afirmación.

Las investigaciones de los homicidios de líderes sociales y de excombatientes, o la de campesinos e indígenas en las más de un centenar de masacres ocurridas entre 2020 y 2021, no arrojan resultados en materia de identificación de los autores de los delitos ni de patrones de macro criminalidad detrás de los hechos. Escasos son también los avances en procesos por  la “Neñepolítica” y otras actividades criminales de clanes regionales como los Aguilar, Pulgar, Char, etc. Otro tanto ocurre con las denuncias de vínculos de altos dirigentes políticos con el narcotráfico, escándalos de corrupción y desfalco público como HidroItuango, Chirajara, Reficar u Odebrecht, o la responsabilidad de altos mandos militares por ejecuciones extrajudiciales, las compulsas por financiadores del paramilitarismo, entre otras, en los cuales sus resultados son prácticamente nulos.

Todo esto sin mencionar la posición adoptada por el Fiscal delegado a cargo del procesamiento del expresidente Uribe de actuar notoriamente al servicio de los intereses de su defensa, y su más reciente e insólita actuación de solicitar la repetición de más de 100 pruebas ya efectuadas por la Corte Suprema de Justicia en el caso por manipulación de testigos que pasó del alto Tribunal a la Fiscalía de Barbosa. Un intento más del uribismo por eludir la acción de la justicia.

A este lamentable balance se suman la creciente percepción de inseguridad en el país, la falta de de una sólida política de investigación, el turismo al que se ha dedicado el Fiscal con su familia en abuso de sus funciones, el cual se inició con el recordado viaje a San Andrés Islas en medio del aislamiento obligatorio por Covid-19 y siguió con otro al Tolima, así como su talante autoritario y soberbio, por el que ha recibido innumerables críticas. Esto, sumado a su poca experiencia y trayectoria en el derecho penal, ha terminado por minar la confianza de la ciudadanía en la entidad.

El panorama interno de la Institución no es más alentador. En los últimos días las organizaciones sindicales que hacen presencia en la Fiscalía han denunciado públicamente los traslados y reubicaciones interesadas e injustificadas de funcionarias y funcionarios de la entidad. Esto necesariamente implica la reasignación de los procesos, la alta rotación en los cargos de dirección del ente investigador, una provisionalidad en los cargos cercana al 80% de los servidores de la entidad, y el hacinamiento en las Unidades de Reacción Inmediata -URI-. Además, la falta de canales de comunicación con los funcionarios y empleados y la implementación de un nuevo proyecto de reestructuración, pese a que cada nuevo Fiscal viene creando o suprimiendo cargos a su amaño, lleva a que no se solucionen los problemas de fondo de la institución, como la falta de investigadores y de recursos suficientes para que los fiscales puedan cumplir su labor.

El anunciado programa de la Fiscalía en los territorios, por otra parte, no pasa de ser algo parecido a un eslogan de campaña más que a cambios en los presupuestos o recursos disponibles para las regiones, algo curioso para un funcionario que no ostenta un cargo de elección popular. Entre tanto campean el delito y la impunidad en regiones como el bajo Cauca Antioqueño, la zona del Catatumbo y los departamentos de Cauca y Nariño, las más abandonadas y donde se registran el mayor número de masacres durante el primer año de Barbosa al frente de la entidad.

La independencia de la justicia requiere de una Fiscalía independiente. En el mediano plazo, se hace necesaria una reforma estructural que permita la selección del Fiscal General mediante un concurso de méritos y postulación a cargo por parte de una entidad independiente del Ejecutivo, libre del amiguismo o las agendas electorales.

De igual forma, las organizaciones de la sociedad civil que hacemos parte de la campaña por la independencia judicial #NadiePorEncimaDeLaJusticia, hacemos un llamado al país, y en especial a su nominador, la Corte Suprema de Justicia, para que se evalúe la gestión del actual Fiscal General, Francisco Barbosa, y en particular para que se revise la politización a la que ha sometido las funciones de investigación y acusación de la entidad, utilizándolas para perseguir opositores y líderes sociales y favorecer a personas cercanas implicadas en graves crímenes, mientras que es evidente la inoperancia de sus políticas institucionales y, por ende, de resultados en las labores investigativas de la institución.

La gestión de Barbosa ha favorecido la pérdida de independencia de la justicia de una de las principales instituciones de la administración de justicia en Colombia, impidiendo una lucha real contra la criminalidad, en aras de beneficiar a unos pocos. Por ello debe responder ante la ciudadanía.

Suscriben,

Plataformas de Derechos Humanos

  1.         Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
  2.         Alianza de Organizaciones Sociales y Afines
  3.         Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

 

Organizaciones

  1. Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
  2. Comisión Colombiana de Juristas
  3. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES-
  4. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
  5. Viva la Ciudadanía
  6. Asonal Judicial S.I.
  7. Colombia Human Rights Committee
  8. Corporación Reiniciar
  9. Fasol
  10.   ANDAS – Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, Capítulo Huila
  11.   ASAMBLEA PROVINCIAL CONSTITUYENTE DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO
  12.   Asociación MINGA
  13.   Asociación red de mujeres víctimas y profesionales
  14.   Asojuntas Comuna 10 Estación Gutiérrez Dosquebradas Risaralda
  15.   ASOMUDEM
  16.   Campaña Internacional por la Defensa de las Cortes y la Democracia
  17.   Ciudadanías por la Paz de Colombia
  18.   Colombia humana saint HYACINTHE
  19.   Comunal
  20.   Conciliadores En Equidad
  21.   Convergencia Internacional -NY
  22.   Corporación Conciudadanía
  23.   Corporación Cultural para el desarrollo Arlequín y los Juglares
  24.   CPDH Colombia
  25.   DESDE ADENTRO Grupo Socio Cultural
  26.   Escuela Derecho Propio Laureano Inampues
  27.   FCSPP Atlántico
  28.   Foro Nacional por Colombia
  29.   Fundación víctimas de estado desaparición Forzada ddhh (FVEDFDH)
  30.   JAC Olarte
  31.   MOVICE Meta
  32.   MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO-MOVICE
  33.   Polo Democrático Alternativo
  34.   Red De Mujeres Nodo Caldas
  35.   Sintraime la jagua
  36.   Sintravidricol
  37.   Vamos Cundinamarca
  38. Grupo de Litigio Estratégico Carlos Gaviria Díaz de la Escuela de Derecho UIS

 

Personas

  1. Adriana María Diosa Colorado, Corporación Cultural para el desarrollo Arlequín y los Juglares
  2. Ana Aracelly Hoyos Gómez, Ciudadanía
  3. Andrea Toro, Colombia humana
  4. Anton Castro, Partido FARC
  5. Beatriz Durango Hernández, Ciudadanía
  6. Blanca Valdelamar Navarro, Conciliadores En Equidad
  7. Boris Orjuela, Colectivo OFB
  8. Carlos Arturo Correa Páez, Ciudadanía
  9. Claudia Campo Cisneros, JAC Olarte
  10.   Cristian Oswaldo Quintero Rincon, Vamos Cundinamarca
  11.   Diana Sánchez Lara, Asociación MINGA
  12.   Eduardo Bustamante, Asamblea Provincial Constituyente Del Oriente Antioqueño
  13.   Enrique Rico, Docente Pensionado
  14.   Fernando Matamoros Castiblanco, Ciudadanía
  15.   Jairo Alberto Guerrero Davila, Escuela Derecho Propio Laureano Inampues
  16.   Jesus Rodriguez De Las Salas, Sinproseg
  17.   José David Ortega Ruiz , ASCSUCOR
  18.   Joselito Rojas Rico, Asonal Judicial S.I.
  19.   Juan Sebastián Quintero Cabrera , Universidad Nacional
  20.   Julia De Castro Andrade, Ciudadana
  21.   Julio Cesar Bonilla Mosquera, Líderes Barriales
  22.   Leidy Jhoana Dávila Cano, Universidad de Antioquia
  23.   Leonor Cortés Bolívar , Colombia Humana
  24.   Luisa Antonia Serrano Gómez , Persona
  25.   Luisa María Muñoz López, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
  26.   Luz Mery Velasquez Carmona , DESDE ADENTRO Grupo Socio Cultural
  27.   Maria Cecilia Lozano, ASOMUDEM
  28.   Maria Cepeda Castro, Vamos Por Los Derechos Internacional
  29.   Maria Jesus Cedeño Sarmiento, FCSPP Atlántico
  30.   Maria Teresa Muñoz , Foro Nacional por Colombia
  31.   Martha Rincón, Colombia humana saint HYACINTHE
  32.   Maureén Maya, Piero x la paz
  33.   Mildreth Solandy Hernández Rodríguez, Juventudes Unidas por la Sostenibilidad del Planeta
  34.   Natalie Callejas, NA
  35.   Nívea Esperanza Dorado Guerrero, Independiente
  36.   Nixa Wguerddy Triana Balaguera, UNAL
  37.   Ramiro Antonio Sandoval, Convergencia Internacional -NY
  38.   Rosario Montoya Hoyos, Ceac
  39.   Saúl Felipe Malagón Maldonado, Cajar
  40.   Sonia Racines Velásquez, Comunal
  41.   Stella Cano, Escuela de Paz Eje Cafetero
  42. Victoria Sandino Simanca Herrera, Senadora Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
  43.   Vilma Gutiérrez Mendez, MOVICE Meta
  44.   Wilfer Antonio Vergara García, Realizador radial Emisora Cultural U deA
  45.   Willman Parraci Peña , ANDAS – Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, Capítulo Huila
  46.   Wilson Borja Díaz, Polo Democrático Alternativo
  47.   Wilson Montoya Castro, Sintravidricol
Un año de la gestión de Barbosa
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