MILITARIZACIÓN, PARAMILITARIZACIÓN Y  NEGACIÓN AL AMPARO DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL

Las condiciones generadas por la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional (Decreto presidencial 417 del 17 de marzo de 2020) y la imposición de severas medidas a la población como el aislamiento obligatorio con el fin de prevenir la propagación de la pandemia del coronavirus no han impedido la continuidad de graves violaciones a los derechos humanos y la represión a diversas manifestaciones de la inconformidad ciudadana. Desde el 6 de marzo, fecha en que se confirmó el primer caso de Covid-19 en el país al menos 10 excombatientes que firmaron la paz han sido asesinados en Sucre, Putumayo, Chocó, Tolima y Meta[1]. Durante el mismo periodo, 21 líderes sociales fueron asesinados, generalmente en sus casas, o sacados de ellas mientras se resguardaban por la cuarentena para aparecer luego asesinados en otros lugares por los habituales “desconocidos” o “sicarios indeterminados”, quienes sí han podido moverse libremente en medio de las restricciones de movilidad impuestas[2].

La represión violenta de la Fuerza Pública a sectores que protestan en diversas ciudades y regiones acosados por el hambre o por la destrucción de sus medios de subsistencia tampoco se ha detenido, especialmente por la intensificación en este período de la denominada “guerra” contra las drogas, que se ha centrado en la represión a miles de familias que han venido reclamando la sustitución concertada de cultivos ilícitos y planes alternativos para la subsistencia económica, reclamos para los que el Gobierno no muestra voluntad y dice no tener los recursos, mientras sigue incumpliendo en gran parte los compromisos asumidos con cerca de 90.000 familias que lograron ser incluidas en los programas de sustitución de cultivos acordados en el marco del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las Farc.

En este contexto, los grupos paramilitares y el sector de las denominadas “disidencias” articuladas al narcotráfico y funcionales a la estrategia paramilitar han aprovechado el aislamiento obligatorio para expandir su control militar y su accionar a diversas regiones, imponer confinamientos por espacio de muchos días a comunidades indígenas, imponer o reforzar los “toques de queda” en distintas regiones con el pretexto de la cuarentena para favorecer sus actividades de narcotráfico o, inclusive, para buscar casa por casa a excombatientes en municipios con alta presencia de la Fuerza Pública, como sucedió el 13 de abril en el casco urbano del municipio de Argelia en el Cauca.

De otra parte, llama poderosamente la atención que el confinamiento por combates entre los paramilitares de las AGC y el ELN se desarrolle precisamente en Bojayá, que es justo uno de los 43 municipios priorizados para la presencia integral de las fuerzas militares, al ser incluido dentro de las “Zonas Futuro”, y que la respuesta del mando militar ante las denuncias luego de varios días sea la de declararse sorprendido y prometer que harán presencia en la zona para confirmar o desvirtuar las denuncias de las comunidades[3].

Varios días antes voceros tanto de Naciones Unidas como de la Iglesia, habían alertado sobre esta situación, al igual que se habían denunciado confinamientos, restricciones a la movilidad de las comunidades y desplazamientos, recientemente, en Carmen del Darién, Alto Baudó,  Sur de Córdoba, Bajo Cauca, Roberto Payán y Tumaco por enfrentamientos y terror de estructuras ilegales sobre las comunidades. Pero como se ha vuelto costumbre, las autoridades siempre parecen ser las últimas en enterarse, a pesar del gigantesco aparato y presupuesto destinado a la inteligencia militarse, y limitan a declarar que harán presencia en la zona para verificar las denuncias.

A comienzos de abril la Defensoría del Pueblo constató la consumación de riesgos en contra de la población civil de los municipios de Frontino y Urrao por la llegada y copamiento de estructuras de los paramilitares de las AGC a estos municipios donde están asentados excombatientes de las Farc[4]. Esta misma semana desde el Espacio Regional de Construcción de Paz de los Montes de María, se denunció el resurgimiento de grupos armados ilegales en esta región del norte del país, que abarca municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre[5].

Igualmente, el Proceso Social de Garantías para la labor de las y los defensores de derechos humanos de Antioquia denunció la perpetración de hechos violentos como efecto del “avance paramilitar contra las veredas de El Carmen, la Cristalina, el Piñal, Lejanías y Mina Nueva del Municipio de Segovia” Antioquia y sus alrededores en el contexto de la crisis de salud pública por el coronavirus[6]. Y las denuncias por hechos similares se repiten por diversas regiones de la geografía nacional, evidenciando que la militarización en el contexto del encierro obligatorio ha estado acompañada del copamiento intensivo de las regiones por parte de las estructuras paramilitares y las denominadas “disidencias” que se articulan con esta estrategia.

La situación se ha vuelto repetitiva en las mismas regiones, igual que las respuestas de las autoridades centradas en los mismos pretextos, que de tanto repetirse han dejado de ser creíbles y expresan más claramente una situación de connivencia con la expansión de las diversas modalidades de la estrategia paramilitar y una situación de delegación en estas estructuras del combate y confrontación a las insurgencias y del control y disciplinamiento de las comunidades en dichas estructuras paramilitares. Las alertas tempranas sobre los riesgos para las comunidades del Chocó han sido declarados reiterativamente por parte de la Defensoría del Pueblo. Ante esta situación la Ministra del Interior se ha limitado a declarar recientemente que “en el Chocó entre los años 2018 y 2019, se han emitido ya 21 alertas tempranas, de las cuales la respuesta rápida ha sido dar traslado al Ministerio de Defensa, el Director de la Unidad Nacional de Protección, el Comandante General de las Fuerzas Armadas, el Director de la Policía Nacional, de la Unidad de Víctimas y demás autoridades departamentales y municipales para posteriormente hacer el seguimiento”[7]

La respuesta nunca es rápida ni se evidencia efectividad en el seguimiento ni por parte del Gobierno ni de los organismos de control y judiciales. Ante los llamados por las situaciones de confinamiento en Bojayá y el Alto Baudó que persistieron por varias semanas desde fines del año pasado y comienzos del presente sin respuesta alguna por parte de la Fuerza Pública, el Comandante de las Fuerzas Militares General Luis Fernando Navarro, aseguró, ante los medios de comunicación que la seguridad de los habitantes de esta región estaría garantizada y que “la presencia militar será permanente”. Hoy de nuevo las comunidades se encuentran en confinamiento y ante las narices de las fuerzas militares, son los paramilitares de las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia los que confrontan militarmente a los frentes del ELN en la región[8].

La anterior es una muestra de terror extremo del control paramilitar en la región del Alto Baudó y Bojayá y sobre todo de la indiferencia e indolencia de las autoridades del Gobierno los paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) decapitaron a cinco personas en el corregimiento de Chachajo el pasado 15 de marzo[9]. El seguimiento por parte del Ministerio del Interior y la respuesta rápida a las 21 alertas tempranas por parte de las autoridades militares y de policía, siguen siendo promesas que nunca se concretan, pues la connivencia con las estructuras paramilitares dedicadas al narcotráfico parece cada vez más evidente.

En este sentido las denuncias acerca de la presunta connivencia entre los militares y las estructuras paramilitares por parte de las organizaciones y los líderes sociales solo han servido para generarles nuevos riesgos. Las denuncias de Leyner Palacios a comienzos de enero en Noticias Uno donde cuestionaba que cientos de hombres armados de estas estructuras entraban al rio Bojayá sin que los mandos militares se dieran cuenta, generaron la reacción del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, Coronel Darío Fernando Cardona Castrillón, quien mediante intimidante e improcedente “derecho de petición” conminó al reconocido líder social a entregar nombres, lugares y fechas de estos nexos[10].

Con una lógica invertida de los principios constitucionales, el derecho de petición ha venido siendo utilizado en sentido inverso desde los altos mandos militares para intimidar a los ciudadanos y para tratar de opacar y aniquilar las denuncias por acciones, omisiones o nexos que les implican con grupos paramilitares. Luego de denunciar ante los medios de comunicación esta nueva actuación irregular de la autoridad militar, Leyner Palacio tuvo que abandonar la región por nuevas amenazas contra su vida, pues según sus declaraciones “Con dolor y nostalgia les comparto que he decidido salir del Chocó, las presiones me hacen tomar precauciones”[11].

Ante las nuevas omisiones y distracciones de las fuerzas militares, que recordemos llevan 21 alertas de exigencias de respuesta rápida en la región, y una promesa de que en Bojayá “la presencia militar será permanente”, el Gobierno solo atina a responder a los reclamos de la comunidad nacional y de las organizaciones civiles incluyendo a Bojayá como primer experimento para implementar el proyecto de protección colectiva para comunidades.

Pero no se trata de la implementación del Programa de Protección Colectiva de líderes y lideresas, organizaciones y movimientos sociales convenido en el Acuerdo Final de Paz, reclamado por las comunidades y que debe basarse en atacar los factores que están generando violencia sobre los liderazgos sociales (desmantelamiento de las estructuras paramilitares, depuración de los organismos de seguridad, revisión de doctrinas militares basadas en la noción de enemigo interno, garantías para el ejercicio de la oposición política y garantías para el libre ejercicio de la protesta social y la participación de las comunidades). Por el contrario, las declaraciones de la ministra del Interior Alicia Arango dejan ver que dicho programa se formula justo en el contexto de la emergencia sanitaria, en razón de que permitirá utilizar los fondos actualmente dedicados a la protección de líderes sociales para profundizar nuevos recortes fiscales y ahorros en los costos de protección individual[12].

La concepción con que se busca implementar este programa es aún más preocupante y genera alarma, pues nada hace frente a la evidente connivencia y suplantación delegada del disciplinamiento a las comunidades y confrontación a la insurgencia por medio de los grupos paramilitares, a cuyo desmantelamiento el Gobierno Duque se resiste tozudamente al impedir, entre otras acciones, que luego de tres años de funcionamiento, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, pueda acordar, poner en marcha y dar seguimiento al plan para el desmantelamiento de dichas estructuras.

En vez de ello el programa de protección colectiva piloto acordado para Bojayá otorga mayor poder a las Fuerzas Militares asentadas en la región, pues termina por incluir a Bojayá dentro de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral, mediante las cuales se subordina tanto a las autoridades locales como a las organizaciones sociales al poder del mando militar en la zona, tanto en la provisión de asistencia humanitaria como en los distintos rubros del desarrollo económico y social, incluido el control y direccionamiento de los fondos de cooperación internacional. En efecto, recientemente la Presidencia informó que “el municipio de Bojayá (Chocó) será incluido en la estrategia de Zonas Futuro, en cumplimiento del compromiso asumido por el Presidente Duque en su visita del 11 de enero a esa región”[13].

Las Zonas Estratégicas de Intervención Integral, reeditan las anteriores Zonas de Consolidación y Rehabilitación que otorgaron facultades exorbitantes para limitar la democracia y las libertades fundamentales en diversas zonas afectadas por el conflicto, por lo que fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en el año 2003, Ante esto la Presidencia decidió simplemente cambiarles el nombre pasando a denominarlas “Zonas Futuro”. Es evidente que, al estar ubicadas en las regiones donde los nexos donde Fuerza Pública y las estructuras de narco-paramilitares son más consolidadas, estas Zonas están condenadas al fracaso y no frenarán los abusos a los Derechos Humanos ni la persecución a los líderes y organizaciones que se oponen a los propósitos de unos y otros.

La respuesta del Gobierno y la Fiscalía frente a los reclamos sigue siendo la de mostrar que lo que pasa no es tan grave, o que no pasa nada o pasa muy poco. El 3 de marzo la Ministra del Interior Alicia Arango en la Mesa por la Vida celebrada en Puerto Asís (Putumayo), anunció una hoja de ruta para la efectiva protección de líderes sociales desde los departamentos, iniciativa conjunta de la sociedad civil, los gobernadores departamentales y la Procuraduría General.  Pero en el mismo momento expresó que era mucho más grave el fenómeno del robo de celulares que el del asesinatos de líderes sociales, y al día siguiente se lamentaba ante los medios porque “todos chillan por los líderes sociales y no por otros muertos”[14] expresando el desprecio y desagrado que le merecen las personas que dedican su vida a la defender los derechos de las comunidades más marginadas. Dos semanas más tarde fue asesinado Marco Rivadeneira, en Puerto Asís, quien era el más destacado líder de las comunidades campesinas del Putumayo. Hasta ahora, no se ha generado ni una sola muestra de rechazo o de condena a dicho asesinato por parte de la Ministra y las demás autoridades del Alto Gobierno.

En los debates citados en el Congreso por esta situación, la Ministra volvió, apoyada en registros la Fiscalía, a minimizar la situación de los líderes y lideresas, expresando que eran solo 8 y luego sólo 13, los líderes asesinados entre el 1 de enero y el 10 de abril, mientras el Programa Somos Defensores tiene registrados 62 líderes asesinados e Indepaz exhibe un registro de 72 asesinatos durante ese periodo. Es más, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas ya había reportado 56 denuncias de asesinatos de líderes y lideresas sociales entre el 1 y el 24 de marzo con datos de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos Humanos.

En este enlace pueden descargar el documento en PDF  CCEEU BOLETIN No.2 Militarización, Paramilitarización y Negación

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[1] Los 10 firmantes de la paz asesinados, varios de ellos dedicados ya al liderazo social y político, entre el 6 de marzo y 19 de abril fueron: Edwin de Jesús Carrascal (Colosó, Sucre – 10 de marzo), Bella Esther Carrillo (La Macarena, Meta – 17 de marzo), Albeiro Antonio Gallego Mesa (La Macarena, Meta – 17 de marzo), José Isidro Cuesta Ricas (Jiguamiandó, Chocó – 29 de marzo), Juan Carlos Castillo Certijama (Puerto Asis, Putumayo – 30 de marzo), Carlos Alberto Castillo (Planadas, Tolima – 3 de abril), Carlos Alberto Castaño (Ataco, Tolima – 3 de abril), Jhon Jairo Londoño (La Uribe, Meta – 16 de abril), Emiliano Zapata Cárdenas (La Uribe, Meta – 16 de abril), Rigoberto García (Urrao, Antioquia – 17 de abril).

[2] Los 21 líderes sociales asesinados entre el 6 de marzo, día en que se detectó el primer caso de coronavirus y el 19 de abril son los siguientes: William Montoya (Tarazá, Antioquia – 6 de marzo), Humberto Guzmán Morales (Algeciras, Huila – 6 de marzo), Cristian Adrían Angulo (Cali, Valle del Cauca, 8 de marzo), Jorge Macana (El Tambo, Cauca – 8 de marzo), Andres Cancimance Burbano (El Tambo, Cauca – 17 de abril),  Alexis Vergara (Puerto Tejada, Cauca – 10 de marzo), Ilario Mecha Pedroza (Bogotá, 10 de marzo), Lorindo Membache Chamarra (11 de marzo), Laureano Alberto Trochez (Caloto, Cauca – 15 de marzo), Ivo Humberto Bracamonte (Puerto Santander, N. de Santander, 18 de marzo), Marco Rivadeneira (Puerto Asís, 19 de marzo), Angel Ovidio Quintero (San Francisco – Antioquia, 19 de marzo), Omar Guasiruma Nacabera y Ernesto Guasiruma Nacabera (Bolívar, Valle – 24 de marzo), Carlota Isabel Salinas (San Pablo, Bolívar, 24 de marzo), Luis Soto (Puerto Libertador, Córdoba – 26 de marzo), Alejandro Carvajal (Sardinata, N. de Santander – 26 de marzo), Marlly Fernanda Quina Campo (Totoró, 27 de marzo), Hamilton Gasca Ortega y sus dos hijos (Piamonte, Cauca – 4 de abril), John Jairo Beltrán Becerra (Bogotá, 15 de abril), Teodomiro Sotelo Anacona (El Tambo, Cauca – 17 de abril) y Mario Chilhueso (Buenos Aires, Cauca – 19 de abril)

[3] El comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez, afirmó que “vamos a hacer presencia en el territorio para confirmar o desvirtuar las informaciones que se tienen sobre estas comunidades indígenas”. Caracol Noticias. 6 de abril de 2020. En: https://noticias.caracoltv.com/colombia/llorando-y-asustadas-37-familias-indigenas-de-bojaya-huyen-de-enfrentamientos-armados-nid22582

[4]  Defensoría del Pueblo. Radicado 20200040400894371 de fecha 7 de abril de 2020.

[5]  El Espectador. “Una reunión virtual para la protección de 35 líderes de Montes de María”. 11 abril 2020. En: https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/una-reunion-virtual-para-la-proteccion-de-35-lideres-de-montes-de-maria-articulo-913924

[6]  PSG-Garantías DDHH. 24 de marzo de 2020. En: https://twitter.com/GarantiasPSG/status/1242535760928149504

[7] Sentencia de Tutela sobre Protección a Defensores/as de Derechos Humanos. Juzgado 45 Civil del Circuito. Radicado 110013103045202000025-00. Página 29

[8] Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Crisis Humanitaria en Resguardo Chimiadó por confinamiento armado y temor a extensión de pandemia.  27 de marzo de 2020. En: https://www.justiciaypazcolombia.com/crisis-humanitaria-en-resguardo-chimiado-y-murindo-por-confinamiento-armado-y-temor-a-extension-de-pandemia/

[9] “Alto Baudó en crisis: crece desplazamiento tras decapitaciones”. Revista Semana. 18 de marzo de 2020. En: ttps://www.semana.com/nacion/articulo/alto-baudo-en-crisis-crece-desplazamiento-tras-enfrentamiento-y-recapitaciones/657473?fbclid=iwar2f9bry6zuwkuvbchqyyfb2yr2eacp00rybvfuobew598qo7nczny003l4

[10] Contagio Radio. “Con derecho de petición, Ejército exige a líderes del Chocó demostrar lo que denuncian”. Enero 13 de 2020. En: https://www.contagioradio.com/derecho-de-peticion-ejercito-exige-que-lideres-demostrar-denuncias/

[11] Revista Semana. “Leyner Palacios sale de Chocó por graves amenazas”. 16 enero 2020. En: https://www.semana.com/nacion/articulo/leyner-palacios-sale-de-choco-por-graves-amenazas/648287

[12] En Caracol noticias la Ministra Alicia Arango definió el Programa de Protección Colectiva expresando que “Este sistema de protección colectiva de verdad que no ayuda  mucho a nosotros como Gobierno, como Estado en el tema fiscal que ha sido tan difícil y  yo creo que bajarían las solicitudes porque en las protecciones colectivas habría varios de los que están pidiendo protección. Hoy es individual, esta sería para varios” (Gobierno implementará protección colectiva para los líderes sociales. Caracol Noticias. 13 de abril de 2020. En: https://caracol.com.co/radio/2020/04/13/nacional/1586789817_711075.html)

[13] Presidencia de la República. “Presidente Duque designó a consejeros como delegados para acelerar implementación en las Zonas Futuro”. 28 de enero de 2020. En: https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Presidente-Duque-designo-a-consejeros-como-delegados-para-acelerar-implementacion-en-las-Zonas-Futuro-200128.aspx

[14] Blu Radio. “¿Por qué todos chillan por líderes sociales y no por otros muertos?”: Mininterior. 4 de marzo de 2020. En: https://www.bluradio.com/nacion/por-que-todos-chillan-por-lideres-sociales-y-no-por-otros-muertos-mininterior-243653-ie6860225