Boletín Nexus #2
Breve Contexto:
Uno de los principales epicentros de la avanzada paramilitar en el país de los últimos meses, se encuentra en el Nordeste del departamento de Antioquia, donde se evidencia el copamiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y constantes enfrentamientos en los municipios de Remedios y Segovia.
Esta región del país ubicada en la cordillera central que limita con la Serranía de San Lucas (Sur de Bolívar) y con otras subregiones de vital importancia como el Norte, Bajo Cauca y Magdalena Medio Antioqueño, es entre otras cosas una zona que alberga gran variedad de recursos naturales como fauna y flora, fuentes hídricas de gran importancia (Ríos Ité, Tamar, el Bagre, Manila entre otros) y gran riqueza en minerales como oro y plata, cuya explotación se remonta a los tiempos de la colonia, pero en donde las luchas del movimiento social por alcanzar a arañar alguna parte de las riquezas naturales para ponerlas al servicio de su subsistencia y el mejoramiento de sus condiciones de vida, ha forjado desde hace décadas un vigoroso movimiento de pequeños, medianos mineros artesanales e informales, que ha alcanzado importantes niveles de organización cooperativa y de gestión colectiva del territorio mediante cooperativas controladas por los pobladores de estos territorios[1].
En el municipio de Segovia se ubica la mina El Silencio, una de las minas de oro que más riqueza le ha generado al Estado, pero sobre todo a la multinacional que se ha beneficiado de su concesión. Las expresiones de control violento del territorio no han estado desconectadas de los intereses y dinámica económica de la multinacional[2]. Así mismo este vasto territorio que entre los dos municipios suman aproximadamente 3.200km2, es a su vez escenario de una larga historia de luchas y resistencias por la defensa de los territorios y sus recursos naturales, pero donde el conflicto armado ha dejado también una huella indeleble y sensible entre sus pobladores a lo largo de los años, con distintos ciclos de la violencia, que parecen destinar a sus comunidades a seguir viviendo entre el retumbar de las bombas, las balas y la presencia de hombres armados por sus caminos.
Luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC-EP y la posterior dejación de armas y desmovilización de los/as guerrilleras del Frente 4 y de la Compañía Raúl Eduardo Mahecha de esa organización insurgente, en muchas áreas de la zona rural, el control territorial quedó prácticamente a cargo de la única organización guerrillera con presencia en esta zona, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través de los frentes Darío Ramírez Castro y José Antonio Galán, que en sus disputas con el Ejército Nacional conllevaron una amenaza muy latente y cada vez más intensa para esta región.
Progresivamente y sin ningún obstáculo por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, llegaron las estructuras paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) con el frente Jorge Iván Arboleda Garces, estructura paramilitar que se fue fortaleciendo incluso con la unificación de pequeños reductos de otras estructuras delincuenciales y sucesoras del paramilitarismo que hacían presencia en el territorio. Aparte de su objetivo de controlar el territorio y sus riquezas, llegaron con el propósito de eliminar al frente Virgilio Peralta de la estructura paramilitar los “Caparrapos” o “Los de Abajo”, que habían sido creados adrede y fortalecidos con el fin de impedir o entrabar la desmovilización que un sector de las AGC tenía previsto acordar al finalizar el gobierno de Juan Manuel Santos.
A esta situación en particular, se suma la importancia geoestratégica del Nordeste Antioqueño como corredor para el tránsito entre diferentes partes del país y del control de economías informales (cobro de impuestos), economías ilegales (cultivos de coca y su procesamiento), extorsión (Cobros por la actividad comercial y ganadera de la zona) e incluso el proceso de explotación aurífera en que participan los mismos actores armados ilegales que operan estos negocios bajo la modalidad del testaferrato tanto en la (minería de socavón como en la de aluvión en los municipios de Segovia, Remedios, Zaragoza y Nechí).
En el Nordeste Antioqueño y según cálculos del año 2021, la Compañía Multinacional Gran Colombia Gold proyecta que en los próximos tres años “sus operaciones en los municipios de Segovia y Remedios, en el Nordeste de Antioquia, produzcan, en promedio cada año, unas 200.000 onzas de oro (6,22 toneladas)[3]”. Aunque nunca hubo procesos de consulta con las comunidades, la empresa Gran Continental Gold se benefició de la entrega de la concesión a perpetuidad durante el gobierno de Álvaro Uribe de un área de 9.000 hectáreas, en la que los mineros que tradicionalmente desarrollan sus actividades han sido declarados ilegales, y en la que vienen siendo objeto de múltiples acciones judiciales y amparos administrativos por parte de la multinacional, ahora con el nombre de Aris Gold, y en el que incluso ha llevado sus pretensiones ante un Tribunal de Arbitramento adscrito al Banco Mundial. En este contexto, la estrategia de expansión paramilitar de las AGC o Clan del Golfo ha arreciado su arremetida contra las comunidades de las áreas mineras de estos municipios del Nordeste de Antioquia con el propósito de desalojarlas, apropiarse de sus emprendimientos y entregarlos a pobladores afines, para lo cual ha venido estigmatizando, hostigando y exterminando los liderazgos de las organizaciones sociales y ejerciendo control armado en esta región y en todo el territorio integrado por la Serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar y Nordeste de Antioquia.
Lo anteriormente dicho, es un indicativo de las enormes riquezas que poseen estos municipios, y que son codiciados por las estructuras armadas ilegales y los intereses de la multinacional. Las enormes cantidades de oro que se producen, su rentabilidad permanente, y el abandono estatal de las comunidades han creado las condiciones para que la presencia de grupos armados ilegales, de diferentes corrientes, se mantengan y se disputen a sangre y fuego el control armado de todo el territorio del Nordeste.
Esta situación se ha agudizado desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC. Ante el incumplimiento de la obligación estatal contenida en la Constitución y reafirmada en el Acuerdo de Paz de garantizar la seguridad de los territorios antes bajo el control de esa guerrilla, se generó una situación en la que la pasividad, o más bien la complacencia de la Fuerza Pública con la llegada y expansión de nuevos actores armados, reconfiguraron la situación de conflicto y de reactivación de la guerra. Ello, a pesar de que, desde mediados del 2023 se anunció la creación del Comando Conjunto Nro. 5 (CCON5) bajo el mando del BG Hernando Garzón Rey, con la finalidad de “impactar de manera decidida y a través de la presencia total y fortalecida de la Fuerza Pública, los delitos de extorsión, microtráfico, homicidio, narcotráfico, minería ilegal, tráfico de migrantes, así como el fenómeno del control territorial y social ejercido por las estructuras criminales” con una fuerza de 30.000 tropas[4]. Pero la verdad es contraria a lo anunciado, bajo su jurisdicción se ha incrementado el accionar paramilitar de las AGC y se han multiplicado los eventos en que se ha denunciado la connivencia de tropas militares bajo su responsabilidad con las AGC en el área de dicho Comando Conjunto Caribe 5, que coordina las distintas fuerzas armadas de municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Chocó y Boyacá.
La reconfiguración de actores armados en dicho territorio se amplió con la llegada en el segundo semestre de 2021 del primer núcleo de disidencias de las FARC a veredas de Remedios y Segovia, con el propósito de refundar el histórico 4to. Frente, siguiendo el proceso de expansión dispuesto hacia esta región por voluntad del Frente 33 con base central en la región del Catatumbo. Su llegada implicó tensiones iniciales con el ELN, básicamente por el control del cobro de rentas a las actividades mineras. Bajo la orientación del Frente 33 del llamado EMC se da también el despliegue del Frente 24 hacia la Zona Baja de Remedios y Cimitarra, y del Frente 37 hacia la Serranía de San Lucas, que junto con el Frente 36 que opera hacia el Norte y Bajo Cauca conforman la estructura denominada Bloque Magdalena Media articulados al llamado Estado Mayor Central.
De nuevo se reconfigura un escenario casi idéntico al de años anteriores, aunque ahora con una constante confrontación con las AGC[5] y la pasividad de la Fuerza Pública, y con aumento en las medidas de control y cobro del impuesto a los ingresos de la población minera, que ha generado malestar generalizado con las nuevas prácticas rentísticas y alcabaleras de las organizaciones insurgentes; si bien antes en la zona rural la cuota alcanzaba un 10% del ingreso para las dos organizaciones insurgentes, hoy en día llega hasta a un 15 o 20%, sumado a los cobros que realizan los paramilitares de las AGC por dicha actividad minera. Sin embargo, más allá del cobro por estas actividades – base de la supervivencia de muchas familias campesinas en situación de vulnerabilidad – es la confrontación violenta por el recaudo de estas contribuciones lo que agrava la crisis humanitaria y la situación de DD. HH que se presenta por la disputa del territorio y las hostilidades entre los grupos armados. Muy a pesar de las supuestas disposiciones de paz y ceses al fuego declarados por todos los grupos, estos hechos están ubicando o han convertido a la subregión como una de las más conflictivas y agobiadas por la violencia cotidiana en el país en los últimos meses.
[1] El Espectador (2023). Oro: la disputa por la montaña. Natalia Herrera Duran. https://www.elespectador.com/investigacion/oro-la-disputa-por-la-montana/ .“Tras la guerra de Independencia, en 1852 se conformó The Frontino and Bolivia Company, una empresa de capital inglés con minas de veta (que perfora por dentro la montaña) en Remedios y Segovia, Antioquia. En una zona rica en agua que se extiende entre las cuencas de los ríos Magdalena y Cauca, y es paso estratégico entre el Magdalena Medio y el Bajo Cauca antioqueño. Con título de explotación a perpetuidad, que tecnificó y mejoró la explotación de oro. Las minas El Silencio, Providencia y Sandra K, en Segovia, y La Carla, en Remedios, se volvieron famosas por su productividad. De esta manera, la fiebre del oro puso sus ojos en el nordeste antioqueño. Y no cede desde entonces, como tampoco la disputa violenta”.
[2] Ibid.
[3] El Colombiano (29, octubre 2021). Minas de Segovia y Remedios tienen oro y plata para 10 años. https://www.elcolombiano.com/negocios/minas-de-segovia-y-remedios-tienen-oro-y-plata-para-10-anos-KI15952989
[4] Gobernación de Antioquia (11, julio 2023). Gobernadores de Antioquia, Córdoba y Chocó presentaron al Ministro de la Defensa el Plan de Territorialización de la Política de Defensa, Seguridad Ciudadana y Convivencia. https://antioquia.gov.co/prensa/historico-de-prensa-2/18779-gobernadores-de-antioquia-cordoba-y-choco-presentaron-al-ministro-de-la-defensa-el-plan-de-territorializacion-de-la-politica-de-defensa-seguridad-ciudadana-y-convivencia
[5] Antes de la firma del Acuerdo de Paz Estado-FARC (2016), se conocía de un pacto de no agresión entre ambas guerrillas (ELN y FARC-EP) con estructuras paramilitares presentes en la región, acuerdo este que permitió que durante algunos años se repartieran el territorio, estableciendo algunas fronteras donde se establecía las zonas donde cada actor podía hacer presencia y permitir así el libre tránsito de las comunidades. Es de anotar que a pesar de ello en algunas situaciones particulares dicho pacto se infringió.
