Organizaciones de derechos humanos en Colombia rechazaron la unificación de cifras sobre homicidios de lideres sociales bajo la subordinación de la Fiscalía General de la Nación.
La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU- y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE-, manifestaron no estar de acuerdo con lo anunciado por el presidente Iván Duque, de darle vida a la estrategia interinstitucional de unificación de información sobre crímenes de defensores de derechos humanos.
Consideran que la unificación de las cifras antes de significar un avance para la protección de líderes sociales, implica un grave retroceso en materia de las herramientas que el Estado colombiano, al subordinar la autonomía del Ministerio Público al Ejecutivo.
En la reunión que lideró Duque y en la que participó el fiscal Francisco Barbosa, la procuradora Margarita Cabello y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se detalló que, será el ente acusador, quien determiné quién es y quién no un líder social. “Es la única entidad de Colombia que puede poner a sus investigadores inmediatamente en terreno, para determinar sin especulaciones quién es y cuáles fueron las consideraciones de un determinado crimen en el país”, dijo Barbosa.
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Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa y el Presidente de Colombia Iván Duque. Foto: Fiscalía.Ante el panorama que se avecina con la entrada en rigor de esta nueva metodología, las organizaciones de DD.HH. argumentan que la Fiscalía ostenta la menor cantidad de información en comparación con otras recopilaciones como la realizada por la Defensoría del Pueblo, mediante el Sistema de Alertas Tempranas, o las desarrolladas por múltiples organizaciones de la sociedad civil.
“Debe recordarse la gestión inadecuada y dudosa del fiscal Barbosa sobre las cifras y estadísticas referidas a las agresiones al liderazgo social cuando ejercía como consejero Presidencial para los Derechos Humanos, cuando manipuló y distorsionó la metodología de la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos para presentar supuestas reducciones de las agresiones a partir de casos documentados y omitiendo los casos en estudio supuestas reducciones de las agresiones mostrando únicamente los casos documentados y ocultando los casos en estudio”, señalaron las organizaciones.
Así mismo, exponen que el trabajo investigativo de la Fiscalía se ha caracterizado por judicializar a los autores materiales de los hechos, sin llegar a los autores intelectuales de las agresiones y mucho menos al desmantelamiento de las estructuras armadas detrás de ellas, de manera que las cifras de esclarecimiento son realmente menores a las reportadas por la institución.
Aseguran además que, no puede ser que el trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo cese o se subsume en las “dudosas cifras” de la Fiscalía, pues eso pondría en riesgo, dicen las organizaciones, la labor de verificación y la lectura que se hace en el Sistema de Alertas Tempranas.
La propuesta del Gobierno nacional posee la intencionalidad de mostrar menores cifras de homicidios ante la comunidad pública e internacional como sinónimo de una mejor gestión, aún cuando la violencia en los departamentos continúe recrudeciéndose.
La denuncia de Ariel Ávila
Sobre este mismo tema el analista político Ariel Ávila también se mostró desacuerdo con esta decisión de unificar las cifras sobre líderes sociales.
“El gobierno de Iván Duque y los órganos de control, la procuradora Margarita Cabello, el defensor del Pueblo el cuestionado Carlos Camargo y el fiscal Francisco Barbosa, los tres de la coalición de gobierno, acaban de darle un golpe brutal a la democracia colombiana y brutal al sistema de medición de protección a los derechos humanos en Colombia”, dijo el experto en temas sociales y políticos.
Ávila explicó que es muy peligroso que bajo la pretensión de unificar las cifras sobre asesinatos y victimización a líderes y lideresas sociales, decidieran que únicamente lo puede hacer la Fiscalía.
“Hasta el momento la Fiscalía maneja los mismos datos de Naciones Unidas, que son datos parciales por el tema de cubrimiento territorial y están muy por debajo del trabajo que hace la Defensoría del Pueblo”, expuso el analista.
Así mismo, dijo que esa acción significa que borrarán el trabajo de la Defensoría del Pueblo, “y ahora lo que diga el fiscal Barbosa es lo que van a cumplir”.
Le quitan ese trabajo otra vez a la Defensoría del Pueblo y a otras instituciones que hacen seguimiento al tema de derechos humanos y de protección de líderes y lideresas sociales. Por qué, seguramente porque eso significa que van a reducir la cifra y van a comenzar a escrutar quién era y quién no era un líder social.
“Y para esto se prestó Carlos Camargo, el mismo que entregó contratos a diestra y siniestra cuando estaba en la Federación Nacional de Departamentos, y advertimos que su elección iba a ser muy cuestionada. Igual que Margarita Cabello, que logró aplazar por cuarta vez la audiencia de Eduardo Pulgar (…) Para eso la coalición de gobierno eligió a los órganos de control, para darle un golpe a la democracia”, concluyó Ávila.
