Bogotá D.C., abril 1 de 2020
Las organizaciones, movimientos y personas abajo firmantes solicitamos respetuosamente al Tribunal Permanente de los Pueblos (en adelante TPP), considerar la celebración de una sesión en Colombia, con la finalidad someter a examen y enjuiciamiento ante la conciencia de la humanidad el exterminio sistemático de las personas defensoras de los derechos humanos en Colombia, incluidos los líderes y lideresas sociales y las bases de las organizaciones y movimientos que luchan por la paz, por la defensa de los territorios, la restitución de tierras despojadas con violencia, la sustitución de cultivos de uso ilícito y el desarrollo alternativo, la denuncia de la violencia sociopolítica, las violaciones a los derechos humanos, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y la impunidad estructural que mantiene y alienta la actuación de las estructuras criminales y los grandes responsables detrás de estas persistentes prácticas genocidas que, contrario a lo que podría pensarse, continúan en nuestro país a pesar de los intentos por consolidar una paz estable y duradera.
El Acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016, fruto del proceso de paz culminado entre el Gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC –EP), tenía entre sus propósitos principales eliminar la violencia de la política y emprender reformas sociales y económicas para superar seis décadas de guerra interna y de violencia politica y avanzar hacia la construccion de una paz estable y duradera[1]. Sin embargo el Estado colombiano en cabeza del Gobierno de Ivan Duque ha venido incumpliendo el Acuerdo y facciones políticas que expresan los intereses de los perpetradores y máximos responsables de la violencia estatal y paramilitar que continuan usufrutuando el poder del Estado, se han encargado de obstaculizar su implementación efectiva, cerrar la vía negociada al conflicto armado con otros grupos armados, entre ellos el Ejercito de Liberacion Nacional -ELN-, así como reinstalar la guerra mediante la militarización extrema y la connivencia con el proyecto paramilitar; al tiempo que niegan su existencia y afirman desconocer su accionar criminal y la sistematicidad de sus acciones, todo esto, mientras simulan cumplir con lo acordado. Estos crímenes contra la paz y agresión a la convivencia que atentan contra los esfuerzos de construcción de paz y de transformación democrática de la sociedad colombiana no pueden pasar indiferentes para la comunidad internacional, no solo por la vulneración a las garantías de no repetición de las atrocidades vividas, sino por el terrror que infunden a la sociedad y a quienes buscan la transformación y la consolidación de la paz, todo ello en un escenario de total impunidad.
Es innegable que el exterminio de los liderazgos y las bases sociales en las regiones más afectadas por la violencia política y el conflicto armado se ha exacerbado desde la firma del Acuerdo. En esta feroz arremetida de las estructuras paramilitares en contra de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, han sido asesinados -hasta 20 de febrero de 2020- 817 líderes y defensores de derechos humanos, de los cuales 419 fueron asesinados en los primeros 18 meses del gobierno presidido por Iván Duque, y otros 64 en los 3 primeros meses del año2. De estos, más del 70% fueron asesinados por la defensa del proceso de paz en asuntos relacionados con restitución de tierras, sustitución de cultivos de uso ilícito o la defensa del territorio y los recursos naturales[2]. El 14.2% de los casos fueron contra mujeres defensoras, pero sus asesinatos se incrementaron en año 2019 en un 50% con respecto al 2018[3]. Durante ese mismo periodo, también fueron asesinadas 13 personas lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT) defensoras de derechos humanos.[4] El genocidio persistente contra los pueblos indígenas, de los cuales la Organización Nacional Indígena denunció recientemente el asesinato de 115 de sus líderes y lideresas en el último año[5] ha llevado a que principalmente a causa y por razón de la violencia padecida contra sus comunidades y sus territorios 39 de los 102 pueblos indígenas existentes se encuentren en peligro de extinción física y cultural[6] con planes de salvaguarda diseñados por las comunidades que no han sido atendidos por el gobierno nacional. De igual forma, 212 ex combatientes han sido asesinados, 20 de los cuales en los tres primeros meses de 2020 y 14 fueron víctimas de desaparición forzada, presentándose también el asesinato de 39 de sus familiares, dentro del mismo periodo de tiempo[7].
Dicho exterminio sistemático, que además de liderazgos, bases del movimiento social y defensores y defensoras de derechos humanos, abarca indígenas, campesinos, afrodescendientes, opositores políticos y firmantes de la paz, es la continuación de una larga tradición de prácticas genocidas, Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra, que por lo menos desde la Masacre de las Bananeras en 1928 ha perdurado sin solución de continuidad hasta el presente en medio de una estructural impunidad[8]. Solo desde 1985 hasta el presente se han documentado casi 9 millones de víctimas[9], cerca de 120.000 personas víctimas de desapariciones forzadas[10] y más de 10.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales que permanecen en la impunidad[11]. Los mecanismos dispuestos para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición a las víctimas, han contado con la resistencia de entidades estatales para llevar ante la justicia a los máximos responsables de los crímenes, sobre todo cuando se trata de la responsabilidad de las élites políticas y económicas y la que le compete a los sucesivos gobiernos. así como para reformar y depurar las instituciones y las estructuras, doctrinas y entramados que mantienen estas prácticas violatorias de derechos humanos en la impunidad. Las Fuerzas Militares han implementado un “plan narrativa del conflicto”, con el apoyo de sectores políticos, económicos y académicos, buscando ocultar la responsabilida de políticas represivas y la estrategia paramilitar en miles de crímenes cometidos contra la población.
Por las consideraciones expuestas, solicitamos respetuosamente a la Presidencia, la Secretaría y el Pleno del Tribunal Permanente de los Pueblos, considerar la realización de una sesión de dicho organismo en Colombia, para lo cual proponemos las fechas del 10 al 12 de diciembre de 2020 en la ciudad de Bogotá (coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos) o, alternativamente, la primera semana del mes de febrero del año 2021.
Agradeciendo la atención del Tribunal a esta solicitud, nos comprometemos desde ya a dar impulso a las tareas de difusión, documentación y preparación de todo lo que sea necesario para llevar a cabo esta propuesta con éxito, en momentos en que la sociedad colombiana clama por el fin de la guerra, el cese del exterminio implacable a que está siendo sometido el liderazgo social y las bases de los movimientos sociales, el fin de la impunidad y el enjuiciamiento genuino a los responsables de Crímenes contra la Paz, Crímenes de Guerra, Crímenes de Lesa Humanidad y prácticas genocidas que han sido enunciadas en esta solicitud, y que serán ampliadas durante la sesión.
Con sentimientos de consideración y estima
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – MOVICE
Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos
Corporación Jurídica Libertad-CJL
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos-CSPP
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo-CCAJAR
Congreso de los Pueblos
Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular
[1] Estos acuerdos se centraron principalmente en dar luz a (i) la reforma rural integral y la transformación de los territorios;
(ii) la ampliación de la representación política a sectores tradicionalmente excluidos; (iii) el fin del conflicto; (iv)la sustitución de cultivos de uso ilícito con planes de desarrollo alternativo; (v) la garantía de los derechos de las víctimas a verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, así como (vi) garantías de seguridad para lideres(as), defensores(as) de derechos humanos, organizaciones, y comunidades así como a los excombatientes que firmaron la paz. 2 “Los líderes sociales y la sustitución de cultivos ilícitos”. Caracol Radio. 30 de marzo de 2020. En:
https://caracol.com.co/radio/2020/03/30/nacional/1585585103_742208.html
[2] Indepaz, Cumbre Agraria y Marcha Patriótica. Informe Especial sobre Agresiones a las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y de los Acuerdos de Paz. 28 de febrero de 2020. En: http://www.indepaz.org.co/informe–especialsobre–agresiones–a–personas–defensoras–de–los–derechos–humanos–y–de–los–acuerdos–de–paz/
[3] Naciones Unidas. Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia durante el 2019 (Doc. A/HRC/43/3Add.3). Pág. 6. Párrafo 22
[4] Sistema de Información de Violencia contra Personas LGBT en Colombia – SInViolencia LGBT. Disponible en: https://colombiadiversa.org/base–datos/nacional/
[5] ONIC. Genocidio Indígena deja 115 personas asesinadas en el último año. 21 de octubre de 2019. En: https://www.onic.org.co/comunicados–regionales/3468–genocidio–indigena–deja–115–personas–asesinadas–en–el–ultimoano
[6] El Espectador. “Pueblos indígenas colombianos están en peligro de extinción cultural”. 13 de septiembre de 2009. En: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/pueblos-indigenas-colombianos-estan-en-peligro-de-extincion-culturalarticulo-880899
[7] Indepaz. Ibídem.
[8] Según el relato de G.G. Márquez en Cien años de soledad que recoge la tradición popular sobre esta masacre, se trataría de más de 3.000 los huelguistas asesinados en esta masacre.
[9] Según datos de la Red Nacional de Información la Unidad Nacional de Víctimas registra 8.944.137 personas víctimas del conflicto armado al 25 de marzo de 2020 (https://cifras.unidadvictimas.gov.co)
[10] Comisión de la Verdad. La incansable búsqueda de los familiares de personas desaparecidas en Colombia. 23 de agosto de 2020. En: https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/reconocemos–su–busqueda–incansable–busquedafamiliares–desaparecidos–colombia
[11] “El Ejército colombiano ejecutó extrajudicialmente a 10.000 civiles para mejorar las estadísticas en la guerra contra los rebeldes”. En El Diario, España. 5 septiembre de 2018. En: https://www.eldiario.es/theguardian/Ejercito–colombianociviles–falsos–positivos_0_769573313.html
