- La serie de medidas busca implementarse durante los primeros 100 días de gobierno del presidente electo Gustavo Petro.
- En los últimos cuatro años se ha intensificado la violencia y los asesinatos contra estas poblaciones.
- En días pasados el senador Iván Cepeda del Pacto Histórico propuso que el nuevo Gobierno adopte un plan para resolver de fondo estos crímenes.
Bogotá, 05 de agosto de 2022
Plataformas de derechos humanos y organizaciones sociales, junto con congresistas de la bancada del Pacto Histórico, entregaron el plan de emergencia con 29 medidas urgentes para la protección a líderes, lideresas, personas defensoras de DD. HH. y firmantes del Acuerdo de Paz, al presidente electo Gustavo Petro Urrego.
La estrategia contiene 52 acciones, 29 de ellas para ejecutarse en los primeros 100 días de gobierno, en 65 municipios agrupados en siete subregiones que concentran los niveles de violencia y agresiones más críticos del país.
Las medidas buscan generar una respuesta rápida por parte de las instituciones del Estado; poner en marcha acciones inmediatas de carácter preventivo que apunten a reducir los niveles de hostilidad y estigmatización; y dar inicio a la configuración de una política pública de garantías que responda lo dispuesto en el Acuerdo Final de Paz.
Para poner en marcha este plan, las organizaciones y los congresistas, le plantearon al primer mandatario que sea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) la instancia temporal de seguimiento del Plan. Esta comisión sería la encargada de verificar y hacer recomendaciones para el cumplimiento de las primeras 29 medidas, que se aplicarían durante los 100 primeros días.
La estrategia, también establece cinco (5) ejes de actuación, así como, una estrategia de seguimiento y evaluación, aplicables para la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, y la Unidad Nacional de Protección.
El primer eje contempla la presencia territorial del Estado y acompañamiento de la comunidad internacional en esos municipios. Para ello, se instalarán puestos de mando unificados para la protección y prevención con acompañamiento de misiones de verificación. Asimismo, se fortalecerá la capacidad de respuesta ante las alertas tempranas con mecanismos de urgencia en medidas materiales de protección.
Otro pilar clave será la acción preventiva y estratégica de la Fuerza Pública en los territorios: plantean designar un oficial de la Fuerza Pública para la protección de líderes sociales y firmantes de paz; se acogerá la recomendación de la Misión de la ONU sobre la implementación de manera inmediata de anillos permanentes de seguridad para las nuevas áreas de reincorporación; y suspender los operativos de erradicación forzada, además de impulsar el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
En cuanto a las medidas de justicia y contra la impunidad, las organizaciones y congresistas recomiendan una reforma al Acuerdo PCSJA21-11853 del 20 de septiembre de 2021, que creó los juzgados penales de circuito especializados encargados de conocer los procesos por delitos cometidos contra líderes sociales, para que incluya procesos cometidos contra personas en proceso de reincorporación, y además se redefina su exclusividad y ubicación según las zonas de riesgo identificados.
Además, sugieren que la Fiscalía entregue un informe en los próximos días sobre los resultados de su accionar, específicamente, acerca del despliegue del trabajo investigativo de la Unidad Especial de Investigación (UEI).
Por otro lado, en el presente mes, dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo de Paz, se reinstalarán los espacios de diálogo con la sociedad civil y las instancias del Acuerdo, con presencia del presidente Gustavo Petro y las cabezas de las entidades encargadas de aplicar el plan.
Por último, para la gestión del riesgo y ayudas humanitarias, proponen adoptar medidas administrativas y policivas para la prohibición general del porte de armas y control de su circulación.
Según el presidente electo Gustavo Petro, su gobierno va a estudiar con detenimiento las propuestas hechas por las organizaciones sociales y destacó algunas, como la prohibición del porte de armas por parte de civiles. “Este es un tema que vale la pena valorar a nivel nacional. Aparentemente existe esa medida desde el gobierno de Santos, pero es un tanto engañosa porque a partir de los permisos especiales prácticamente no existe una prohibición del porte de armas».
“Yo creo que deberíamos llegar en esto de las reformas a un punto en donde realmente las armas no estén en manos de civiles, lo cual significa que no debe haber permisos especiales y que las armas incautadas deben ser destruidas inmediatamente, no revendidas”, añadió el mandatario electo.
El presidente electo también habló de la estela de violencia que deja el narcotráfico y la lucha que ha emprendido el planeta. “El mundo necesita discutir el tema de las drogas de una manera diferente”, comentó.
Sobre el documento recibido, manifestó que será leído con calma por él y sus ministros para analizar y decidir cuáles son las medidas que se implementarán en primer lugar, dentro de los primeros días de gobierno.
El plan de emergencia fue elaborado con la asistencia técnica de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y en consulta con la Misión de Verificación de la ONU; y recoge múltiples recomendaciones entregadas al Estado colombiano por parte de organismos internacionales en la materia.
Entre las organizaciones firmantes están: Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Programa Somos Defensores, Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Y los congresistas del Pacto Histórico: Iván Cepeda, Jahel Quiroga, Gloria Flórez, Isabel Zuleta, Alirio Uribe, Aida Avella y Aida Quilcue.
