PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES AMBIENTALES, SOCIALES Y DE DERECHOS HUMANOS RECHAZANDO NUEVA VERSIÓN DEL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
Con ocasión del lanzamiento por parte del Gobierno del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (en adelante PNA), a cargo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestro rechazo al proceso y al resultado de la actualización del Plan 2020 – 2022. El nuevo Plan plantea exactamente los mismos vacíos evidenciados desde hace más de cuatro años por la sociedad civil, y pretende mostrar la actual pandemia como la problemática central respecto de la violación de derechos humanos por parte de las empresas en nuestro país, subvalorando, dejando de lado y negando los graves antecedentes de vulneraciones en la materia relacionados con operaciones empresariales.
Dentro de los principales vacíos identificados se encuentra que: I) El proceso y el documento carecen de un diagnóstico acorde con la problemática a la que debe dar respuesta el Plan como política púbica, es decir la violación de derechos humanos por parte de las empresas; II) Nuevamente su formulación adolece de una falta de participación real y efectiva de la sociedad civil y de las comunidades víctimas de actividades empresariales, además de la falta de procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado con pueblos étnicos; III) Su lenguaje y formulación no obedecen a la obligación del Estado de proteger los derechos humanos, sino que buscan generar el espacio idóneo para garantizar la inversión, con miras a la recuperación tras la pandemia; IV) El contenido no constituye una política de Estado, ni plantea herramientas idóneas para la reparación integral de violaciones a los derechos humanos, ni contempla un enfoque preventivo frente a las mismas.
Ni diagnóstico, ni contexto
Desde el objetivo planteado en la actualización del PNA se constata un desconocimiento de hechos que constituyen la violación sistemática de derechos humanos por parte de las empresas nacionales y trasnacionales en nuestro país, pues advierte que la garantía de protección de los mismos se dará frente a la coyuntura ocasionada por la COVID-19. Al respecto, es importante mencionar que, efectivamente, la actual pandemia es una fuente de profundización de la violación de derechos humanos en los territorios, especialmente porque hizo más evidentes las desigualdades causadas por las violaciones de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y sobre todo los derechos laborales, y los derechos a la salud y la seguridad social.
El diagnóstico establecido en el documento del PNA omite realidades alusivas a las sistemáticas violaciones de derechos humanos por parte de las empresas, denunciadas por la sociedad civil, así como, entre otros aspectos, su vínculo directo e indirecto con el conflicto armado. No hace mención concreta a los puntos del Acuerdo de Paz, desconociendo, principalmente, lo establecido en el Punto 5 referente a víctimas y el aporte que los actores económicos podrían y deberían hacer al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Así mismo, como lo habíamos denunciado hace cuatro años (1) el nuevo PNA no evidencia las problemáticas de orden territorial (despojo, abandono, desplazamiento forzado, daños socioambientales, entre otros), ni el desconocimiento por parte de las empresas a los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, y de los derechos de la naturaleza, del territorio y de las comunidades que lo habitan.
A pesar de que el PNA menciona un marco normativo internacional sobre derechos humanos, al momento de su desarrollo y conceptualización, se aleja de este marco normativo y de un enfoque de derechos humanos, advirtiendo que su garantía se entiende como una ventaja competitiva empresarial y no como obligación y responsabilidad de los Estados y las empresas respecto de la protección, garantía de los derechos y reparación de los daños ocasionados por el sector privado con sus actividades. Así mismo, a lo largo del documento se evidencia un énfasis en la promoción y fomento del respeto a los derechos humanos de las empresas, y no su carácter de obligatoriedad; lo cual, finalmente, abre la puerta a la inoperancia de este Plan para garantizar los derechos humanos internacionalmente reconocidos.
Ausencia de participación pública y efectiva e información oportuna, accesible y completa
El derecho a la participación pública y efectiva y el acceso a la información (completa, oportuna y veraz) cobran principal relevancia en el ejercicio de la garantía y el respeto de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial. No obstante, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido, son dos de los derechos que más se vulneran en este contexto empresarial. Esta situación se reproduce en Colombia nuevamente con la formulación y construcción del PNA que hoy es lanzado. Al respecto, tanto la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH como el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, han advertido la importancia de asegurar la transparencia, participación e inclusión de los diversos actores interesados en la elaboración del PNA, desde sus etapas iniciales o cuando se estén ajustando (2).
Si bien el Plan advierte que se construyó con la participación de empresas, comunidades y sociedad civil, así como mediante un proceso de concertación entre agosto de 2019 y agosto de 2020, el documento no da cuenta sobre los mecanismos y metodologías usadas para ese proceso participativo, así como de los acuerdos a los que se llegó con distintos actores de la sociedad civil y, en especial, con quienes han sido afectados por conductas empresariales. Tampoco se tiene conocimiento de tiempos, lugares, personas y organizaciones que acudieron a los mencionados espacios. No se surtieron procesos de consulta previa, libre e informada con pueblos étnicos. A lo anterior se suma, además, la falta de socialización y publicación del proyecto, ya que el borrador no se encontró disponible para consulta y comentarios en ninguna fuente oficial del Gobierno que sea de libre acceso público. Esto, en contradicción con los estándares internacionales de información oportuna, accesible y completa.
Tampoco se menciona la participación de víctimas de violaciones de derechos humanos en el marco de la operativa empresarial y/o del desarrollo de megaproyectos, lo cual es sumamente preocupante, porque quiere decir que, una vez más, se construyó un PNA sin la voz de las comunidades afectadas por las violaciones de derechos humanos por parte de empresas, a quienes se trata como simples receptoras de una política pública que carece de metodologías efectivas de participación, monitoreo, pesos y contrapesos, y evaluación.
Herramientas y escenarios de reparación integral siguen siendo una deuda
La actualización del PNA 2020 – 2022, al igual que su versión anterior, no contiene mecanismos efectivos ni para la prevención, ni para la reparación integral de violaciones de derechos humanos por parte de las empresas. Es absurdo que, transcurridos cinco años de la creación del primer Plan, se considere como acción por parte del Ministerio de Justicia, la identificación de mecanismos judiciales para la reparación de las víctimas. Tampoco tiene sentido que se sigan considerando la voluntariedad, los diálogos multiactor y los mecanismos extrajudiciales como formas idóneas de protección. Ello ignora el evidente desequilibrio en las relaciones de poder que hay entre las comunidades afectadas y las empresas. En ese sentido, reiteramos que no existen garantías reales, ni voluntad por parte del Estado de cumplir con su deber de garantizar y proteger los derechos humanos frente a los abusos de las empresas. Insistimos que dicha situación desconoce el contexto sistemático de violación de derechos humanos por parte de las empresas, en muchos casos en connivencia con el Estado y/o, en el caso del conflicto armado, con los grupos paramilitares.
En conclusión, una vez más se evidencia que los Principios Rectores de Naciones Unidas resultan insuficientes para abordar las problemáticas de vulneraciones a los derechos humanos que enfrentan las personas y comunidades en Colombia, y en esa medida abogamos por la pronta aprobación de una convención o tratado internacional en esta materia que imponga obligaciones de carácter vinculante.
Por todo lo anterior, rechazamos el documento de actualización del PNA 2020-2022 lanzado el día de hoy, 10 de diciembre de 2020, por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, por ser un Plan inconsulto, carente de un enfoque de derechos humanos, enfoques diferenciales y por desconocer la realidad del país.
Instamos a los organismos internacionales a no reconocer este instrumento como un mecanismo idóneo para la protección de los derechos humanos, ni como un avance de parte de Colombia en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia. Exhortamos también al Gobierno nacional a replantear su postura negligente en la materia y adoptar los correctivos necesarios para ajustar un Plan a los estándares internacionales.
10 de diciembre de 2020.
MESA NACIONAL DE OSC SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS
La Mesa Nacional de ONG sobre Empresas y Derechos Humanos es un espacio de confluencia de plataformas y diversas organizaciones no gubernamentales ambientales, sociales y de derechos humanos de Colombia, para el diálogo, la disertación, los aprendizajes mutuos y la búsqueda de propósitos comunes, alrededor de la conducta empresarial en el país
Asociación Ambiente y Sociedad
FIRMAN
Corporación Defensora del Agua, Territorio y
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente
Asociación MINGA
Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos – Programa Colombia
Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz
Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial SIEMBRA
Comisión Colombiana de Juristas Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Comité ambiental en defensa de la vida del Tolima Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta Comité de Solidaridad con los Presos Políticos
Comité por la defensa del agua, la vida y el territorio del Cauca
Consejo Regional Indígena del Cauca Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Corporación de Apoyo a Comunidades Populares
Ecosistemas
Corporación Geoambiental TERRAE Corporación Jurídica Libertad Fuerza Mujeres Wayuu
Fundación Estrella Orográfica del Macizo Colombiano – FUNDECIMA
Fundación Gaia Amazonas
Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA
Mesa ambiental de Jericó
Mesa Social Minero Energética y Ambiental Mesa Social y Ambiental del Carmen de Atrato
Movimiento social en defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí – Movimiento Ríos Vivos
Observatorio de Expansión Minero Energética y Re- existencia
Pensamiento y Acción Social – PAS
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Red Iglesias y Minería – Nodo Colombia
Notas:
1. Ver: Comunicado de la sociedad civil colombiana frente a la política pública sobre Derechos Humanos y Empresa del Gobierno de Colombia (2016) y Declaración Pública De Las Organizaciones No Gubernamentales Ambientales, Sociales, De Desarrollo Y De Derechos Humanos (2019).
2. Párrafos 48 y 108 del informe de la REDESCA sobre Empresas y Derechos Humanos
