Bogotá, 5 de marzo de 2025. Las Plataformas de Derechos Humanos y organizaciones firmantes, rechazamos de manera contundente las recientes declaraciones del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en medio de la sesión del Consejo de Ministros televisada el día Lunes 3 de marzo de 2025, sobre la situación en la región de Catatumbo, en la que expresó: «sabemos que muchas de las organizaciones sociales que presentó Alexander están permeadas por las armas, subordinadas a las armas».
Al relacionar irresponsablemente el trabajo de las organizaciones sociales y liderazgos sociales con el accionar de las organizaciones armadas que operan en la región del Catatumbo, se les pone en una situación de riesgo, e incluso, en condición de objetivo militar, dado el actual contexto de violencia que se vive en la zona, desatado entre otras razones, por el señalamiento contra firmantes de paz de presuntamente colaborar con uno de los grupos armados en confrontación.
Como jefe de Estado, el Presidente de la República debe ser el primer garante de los derechos de las personas defensoras y liderazgos sociales. Es fundamental recordar que, la Directiva 007 de 2023 de la Presidencia de la República, establece que el gobierno debe respetar, proteger, facilitar y actuar como un protector de aquellas personas que trabajan por la paz, los derechos humanos y la justicia. Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-546 de 2023, indicó que parte central del derecho a defender derechos humanos, implica el deber de generar ambientes propicios para el ejercicio de esta labor. En concreto, la Corte fue enfática en señalar que al Estado no sólo le corresponde generar espacios libres de estigmatización, sino abstenerse de ser el causante de señalamientos.
El lenguaje utilizado por el Presidente no sólo es irresponsable e irrespetuoso con quienes dedican su vida a la defensa de los derechos humanos en contextos de violencia armada, sino que profundiza el riesgo que les atraviesa por ejercer esta labor. Esta estigmatización pública, refuerza la narrativa que históricamente ha buscado criminalizar las luchas sociales, legitimando la persecución contra aquellos que buscan construir un país en paz con justicia social, así como fenómenos tan graves como el desplazamiento forzado de comunidades, el asesinato de civiles por parte de actores armados y la anulación política de las organizaciones sociales de regiones especialmente afectadas por el conflicto.
Actualmente, el Gobierno Nacional está concertando una política pública que tiene como fin garantizar el derecho a defender los derechos humanos. Esta política debe reforzar su alcance a través del compromiso de altos funcionarios del Estado con el respeto y no estigmatización de la labor ejercida por líderes, lideresas y personas defensoras de los derechos humanos, sus comunidades y organizaciones.
Es importante recordar que hace algunos meses, el propio Gobierno avanzó en la construcción participativa, junto con las organizaciones sociales y procesos comunitarios del que ahora estigmatiza, el Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo, una amplia iniciativa de inversión social y fortalecimiento organizativo que busca transformar las condiciones sociales estructurantes de la violencia. Extraña que, de este proceso de reconstrucción de la confianza ciudadana en la institucionalidad, el Presidente solo concluya afirmaciones desafortunadas que profundizan la violencia sociopolítica.
Este llamado no sólo va dirigido al Presidente, sus Ministros y demás altos funcionarios del Gobierno Nacional, sino a las distintas autoridades territoriales que en eventos concretos han reproducido estas dinámicas estigmatizantes. Asimismo, llamamos la atención a los medios de comunicación, quienes no sólo replican irreflexivamente este tipo de discursos, sino que eluden un análisis crítico de los contenidos que generan, contribuyendo con ello a legitimar una cultura de la violencia contra los movimientos sociales.
Desde las plataformas de derechos humanos y organizaciones sociales, hacemos un llamado al Presidente de la República para que rectifique sus declaraciones y garantice los derechos de los líderes y lideresas sociales que, con valentía y dignidad, trabajan por la paz, la justicia y los derechos humanos.
Es importante que el Estado y la sociedad en su conjunto sean corresponsables en la prevención de la estigmatización contra personas defensoras. Reiteramos que la construcción de paz requiere del apoyo y el respeto de las instituciones públicas y privadas en favor de quienes luchan por los derechos fundamentales de las comunidades. La estigmatización y la violencia no tienen cabida en un proceso de construcción de paz genuino.
Suscriben:
Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEEU)
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD)
Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz y la Democracia en Colombia
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE)
Asociación MINGA
Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (CAJAR)
Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP)
Ecosinergia
Humanidad Vigente Corporación Jurídica (HVCJ)
Corporación Jurídica Libertad (CJL)
Fundación del Sinú
CPDH HÉCTOR ABAD GÓMEZ
FUNDACION PROGRESAR
Fundación Sumapaz
Comité de Integración Social del Catatumbo – CISCA
ASOCIACIÓN CAMPESINA DE ANTIOQUIA
Caribe Afirmativo
Corporación Colectivo de Defensoras y Defensores de DDHH SINAMW
Corporación Sembrar
Corporación para la educación y autogestión ciudadana CEAC.
MOVICE Atlántico
Asociación de Emprendedores con Enfoque Diferencial del Caribe – ASOENDICA
AFUSODO
Colectivo de Defensoras y defensores de Derechos humanos SINAMW
Asociación Étnica de comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras Ubuntu
Asociación de juntas de corregimiento de Campo dos TIBU
Proceso social juntas unidas Tibu – Sardinata y Zulia
Asociación De Juntas Del Corregimiento San Martín De Loba Municipio De Sardinata Departamento Norte De Santander
Corporación de Derechos Humanos Semillas de Dignidad -CORSEDI
SINTRAEMSDES Pereira
Congreso de los Pueblos
Red Nacional de Organizaciones Campesinas Sociales Étnicas Agrícolas y Rurales
Asociación de Campesinos y Comunidades sin tierra del Cesar ASOCAMTICE
Mesa Departamental de Derechos Humanos y Territorios del Cesar
Asociación central agropecuaria y de víctimas de la Jagua de ibérico Cesar
Corporación Jurídica y Agraria Celestino García Vera – CorpocelesteDH
Coordinación social y comunitaria ORIENTE VIVO
Asociación Campesina de Mujeres, Víctimas, Jóvenes Rurales y Agroproductores de El Zulia – ASCAMZUL
ASOJUNTAS corregimiento San José del Tarra Municipio de Hacarí
Asociación nacional de firmantes del acuerdo de paz ANFAP
Fundación para el Desarrollo Integral de la Población Víctimas del Desplazamiento Forzado y Población Vulnerable FUNDIDP
Mesa de paz y coordinación campesina del Sur de Bolivar
Coordinadora nacional de zonas de reservas campesinas ANZORC
MUCAFROPE Mujeres campesinas afro del Perijá.
Fundación mujer popular del nororiente colombiano
COOMUALIEMCO.
Asociación de Juntas de Acción Comunal zona 1 del municipio de El Tarra N.S
Grupo Interdisciplinario GIDH
Paz Con Toda
Marcha Patriótica
MESA UNIDAD AGRARIA
Asociación de desplazados víctimas de la violencia frutos de la justicia ASDEVIFRUJ
Asociación municipal de mujeres campesinas negras e indígenas de la jagua de Ibirico
Asociación corregimental de mujeres campesinas negras e indígenas de la palmita cesar
Asociación de desplazados víctimas de la violencia frutos de la justicia ASDEVIFRUJ
Mujeres del Común Santander
ASODEBACAT (Asociación de Desplazados del Bajo Catatumbo)
Colectivo mujeres guerreras de la Sierra
REDEPAZ Antioquía
ASOJUNTAS zona 2 del el Catatumbo
Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño – ASOVISNA
ARAC – PAZ
ASEMBRAR
Asociación Campesina del Bajo Cauca ASOCBAC
Fundación planeta vivo
Colectivo social y comunicacional por los DD. HH. Aquí Estamos
Concejal del municipio de San Calixto Yummer Ascanio
Coordinación campesina ambiental y comunal CORCAM
Comisión DDHH Marcha Patriótica Bogotá
Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y afectad@s por Represas Rios Vivos
ASOINSTAT
Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí
Programa Somos Defensores
Plataforma Aguante Popular
COAGROESPAR
Colectivo EntreTejidos
Colectivo Sin Permiso
Asociación campesina de San José de Apartadó ACASA
Fundación Nacional de Apoyo Comunitario, FUNAC
Coordinadora campesina étnica y agropecuaria – Somos Tierra.
Asociación de juntas Sector Cartagenita
Ciudadanías para la Paz
CorpocomuValle
Colectivo Artistas La Unidad – Música – Poesía – Canción
Asociación de usuarios del hospital Jorge Cristo Sahum
Asemdecor – Asociación Semilleros de Córdoba
Comité Local de DDHH de Puente Aranda
Consejo Local LGBTI de Puente Aranda
Corporación Poderpaz
Red de Mujeres Comunales de Colombia
ASOC Katio
Comité de Solidaridad Internacionalista de Aragón, España
Fundación Santuario de la Rana FUNSARA
Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular
Asociación de Campesinos Víctimas del conflicto armado de Mariangola y Aguas Blancas ASOGUAMAR
Integración Campesina del Cesar
Asociación Colombia Profunda
Asociación agricultores del pacífico
Agencia de prensa Análisis Urbano
Consejo comunitario Aracpaz de comunidad afro Reincorporada
Equipo Claretiano ante la ONU
Corporación para la Paz y el Desarrollo Social CORPADES
MUCAETPETEC
Asociación de Vivienda EMECE
Fundación, Red de DDHH del Campesinado del Putumayo, Piamonte Cauca y Cofanía Jardines de Sucumbíos Nariño.
Evolución femenina
Asociación de Mujeres Andino – Amazónicas
Convención Nacional Campesina- CNC
FUERZA NACIONAL CAMPESINA
FUNDEHUVICOL Fundación de derechos humanos de las víctimas de la violencia en Colombia
Asociación de Juntas de San Calixto región del Catatumbo
Servicio Paz y Justicia en América Latina, SERPAJ-AL, Secretariado Colombiano
Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC)
Instituto Latinoamericano Para una Sociedad y un Derecho Alternativo – ILSA
Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad – LIMPAL Colombia
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