Desde el Espacio de Litigio Estratégico rechazamos el nombramiento del Brigadier General (R) Alejandro Navas Ramos como Gobernador encargado en el departamento de Arauca, situación que afecta directamente los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las víctimas de crímenes de Estado.
Lo anterior, debido a que el Brigadier General (R) Navas Ramos se encuentra vinculado a la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- a raíz de su presunta responsabilidad en la comisión de la práctica de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, conocida comúnmente como “falsos positivos” ocurridas en el municipio de Dabeiba, Antioquia[1].
Alejandro Navas Ramos, siendo coronel fue comandante del batallón Voltígeros de la Brigada 17 del Ejército, asentada en Carepa, Urabá antioqueño. Unidad militar implicada en los casos de las ejecuciones extrajudiciales cuyas víctimas se encuentran aún sin identificar en el cementerio las Mercedes.
Pero la presunta responsabilidad del Brigadier General (R) no culmina aquí. Los informes “Desenterrando la verdad en los llanos orientales” y “Seguimos desenterrado la verdad en los llanos orientales” presentados por las organizaciones integrantes del Espacio de Litigio Estratégico, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Colectivo Sociojuridico Orlando Fals Borda y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas en 2019 y 2020 respectivamente, dan cuenta de la trayectoria de Navas Ramos en la región de los Llanos Orientales, la cual se vio manchada por el reporte de resultados operacionales falsos como consecuencia de combates simulados sostenidos por las tropas que estaban bajo su mando.
En todos los años de carrera militar y desde los cargos ejercidos por Alejandro Navas Ramos, algunos a nivel regional y otros nacional, la práctica de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate se mantuvo en el tiempo y fue consolidando su perfeccionando en la forma en que se ejercía desde sus fases de planeación, ejecución y ocultamiento de los hechos.
Es así como cuando ejerció el cargo de jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Séptima Brigada, unidad operativa mayor adscrita a la Cuarta División del Ejército Nacional con jurisdicción en la región de los Llanos Orientales, en el periodo comprendido entre diciembre 1999 y noviembre de 2000, se tiene conocimiento de una víctima de ejecuciones extrajudiciales.
Posteriormente, entre diciembre de 2004 y octubre de 2006 fue designado como comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) unidad militar especial que dependía jerárquica y operacionalmente de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FUTCO). Después de este extenso periodo de tiempo en esta unidad militar, ascendió como comandante de la FUTCO, entre noviembre de 2006 y noviembre de 2008. En estos periodos y bajo su jurisdicción en ambas unidades la cifra de estos crímenes fue de 17 casos con 29 víctimas de acuerdo con la información recopilada hasta la fecha.
Pese a esto, su carrera militar continuó en ascenso. En 2008 fue nombrado comandante de la Brigada de las Fuerzas Especiales; a partir de 2010 y hasta 2011 ejerció el cargo de comandante del Ejército Nacional y, entre 2011 y 2013 fue comandante de las Fuerzas Militares.
Aunque se iniciaron acciones de denuncia por parte de las víctimas, comunidades y organizaciones de derechos humanos, Alejandro Navas Ramos nunca salió de la esfera pública. De hecho, en 2013 fue designado como embajador de Colombia en Argentina y, finalmente, en 2017 fue nombrado gerente general de Indumil.
La designación del BG (R) Alejandro Navas Ramos como gobernador de Arauca es una muestra más de la ausencia de compromiso del actual gobierno nacional con la satisfacción de los derechos de las víctimas y la implementación efectiva del Acuerdo de Paz.
Las organizaciones de derechos humanos integrantes del Espacio de Litigio Estratégico, hemos insistido en los informes entregados a la JEP sobre la adopción de medidas cautelares con el fin de evitar que cualquier integrante del Ejército Nacional que se encuentre vinculado en casos de falsos positivos permanezca en instituciones estatales ejerciendo cargos públicos hasta tanto no hayan dado cumplimiento a los compromisos adquiridos en el marco de su sometimiento a la JEP. En caso contrario, esto constituye un riesgo para la integridad física y emocional de las víctimas de crímenes de Estado y en general, de la población civil que se encuentre bajo su jurisdicción.
[1] https://www.google.com/amp/s/www.eltiempo.com/amp/justicia/jep-colombia/militares-en-la-mira-de-la-jep-por-falsos-positivos-en-dabeiba-460814.
