Reforma a la Procuraduría es contraria a la Convención Americana

Margarita Cabello Blanco ha sido una de las piezas fundamentales en el andamiaje del gobierno Duque y de sus estrategias represivas de la oposición y de los sectores que protestan contra sus políticas: inicialmente, como ministra de Justicia y del Derecho, desde donde consintió y felicitó a los perpetradores de la masacre el 21 de marzo de 2021 de 24 internos y 90 heridos que protestaban por el hacinamiento y la carencia de elementos de bioseguridad al inicio de la pandemia, cuando se encontraban bajo custodia en la Cárcel Modelo  y, luego, tras su renuncia al Ministerio, a la cabeza de la Procuraduría General de la Nación, con el abuso de sus facultades para perseguir disciplinariamente a miembros de la oposición y para absolver, archivar o abstenerse de investigar a los miembros del partido de gobierno. En el marco del actual paro nacional, Cabello ha dejado clara su postura actuando como si aún se desempeñara como ministra del gabinete al expresar su respaldo a directrices para que autoridades locales asuman posturas represivas bajo la amenaza de iniciarles procesos disciplinarios.  Como si ello no fuera suficiente, la Procuradora presentó el Proyecto de Ley No. 423 de 2021 en Senado – 595 de 2021 en Cámara, con el cual pretende reformar el Código Disciplinario y, por ende, las funciones que tiene la institución que dirige. Esta reforma permitiría la concentración de funciones que son propias de los jueces de la República y que no son propias de la entidad a su cargo: las funciones de policía judicial que hacen posibles las inspecciones corporales, allanamientos e interceptaciones -entre otras-; también que la Procuraduría actúe como juez que podría imponer sanciones disciplinarias como la destitución, suspensión o inhabilidad; y ampliar la planta de la institución y con ello las funciones del Presidente de la República al otorgarle facultades extraordinarias para reformar la planta y adecuar su funcionamiento a los nuevos cargos. La Procuradora ha querido presentar su reforma como un avance en materia legislativa que permite dar cumplimiento a la sentencia proferida el 8 de  junio de 2020 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs. Colombia, particularmente al considerar que una institución de carácter administrativo como la Procuraduría podría concentrar funciones judiciales que, aunque consagre la distinción entre funcionarios que investigan y otros que juzgan, estarían todos subordinados a la autoridad de la Procuradora, con lo cual la extraña fórmula tiene un sentido altamente peligroso: busca que este ente que investiga y sanciona disciplinariamente se pueda equiparar a un juez que emite condenas que tienen como consecuencia la inhabilidad o la destitución, contrariando el fallo de la Corte IDH, los artículos 1.1, 2, 8 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y los principios de jurisdiccionalidad, independencia e imparcialidad judicial, con el agravante de la ampliación de la nómina para establecer estos jueces apócrifos que conllevaría una estrategia clientelista y autoritaria al concentrar los nombramientos de cerca de 500 cargos nuevos en militantes del partido de gobierno y de los partidos que en el Congreso aprueben las nuevas facultades de persecución y ejercicio arbitrario del poder en manos de una Procuraduría absolutamente plegada a la voluntad del Partido de Gobierno y de quien el país conoce que dirige a discreción los actos del jefe de Gobierno.  Una institución como la Procuraduría General de la Nación jamás podría fungir estrictamente como un juez, mucho menos como un juez penal que pueda limitar un derecho civil y político como el que se reconoce en el artículo 23 de la Convención Americana, por lo cual es, sin duda alguna, otra de las maniobras del gobierno de Iván Duque para expandir sus intereses y cerrarles el paso a sus opositores, a la democracia participativa y vulnerar el derecho a elegir y ser elegida/o.  Ahora bien, el desconocimiento del Sistema Interamericano no es algo nuevo para un gobierno autoritario y para las instituciones que ha cooptado, incluso si estas decisiones o actuaciones son realizadas ante tribunales internacionales. No es posible olvidar que en el marco de la audiencia llevada a cabo el 15 de marzo del presente año, con ocasión del caso de la periodista Jineth Bedoya Lima y otra vs. Colombia, la representación del Estado decidió retirarse de la audiencia, recusó a 5 de los 6 jueces de la Corte y revictimizó -una vez más- a la periodista, tal como lo había hecho durante al menos 20 años en que reinó la impunidad y el silencio.  Adicionalmente, la reforma de Cabello tiene como contexto la persecución emprendida contra congresistas que, en ejercicio de sus facultades de control de las medidas del gobierno que vulneran la Constitución y la ley,  han velado por el respeto y garantía de los derechos humanos en el reciente estallido social, y que se concreta en aperturas de investigaciones disciplinarias en contra de la representante a la Cámara María José Pizarro, el representante Alexander López, el representante Inti Asprilla y el senador Wilson Arias, miembros de partidos de oposición que denunciaron y acompañaron a comunidades víctimas del actuar desproporcionado de la Fuerza Pública, recientemente monitoreado por la visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  En este sentido, saludamos el pronunciamiento del Consejo de Estado, del pasado 12 de junio en el que señaló que:  La Procuraduría General de la Nación “no está prevista en la Constitución Política como un cuerpo que forme parte de la rama jurisdiccional ni puede desempeñar las funciones que a ella le corresponden”, sus procesos son de carácter administrativo y no se equiparan a un escenario judicial. El alto tribunal, además, destaca el desconocimiento del principio de separación de poderes públicos, la vulneración del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y del debido proceso de los funcionarios públicos que se sancionarían. La campaña por la Independencia judicial #NadiePorEncimaDeLaJusticia hace un llamado al Congreso de la República a votar en contra de esta reforma inconstitucional y contraria a la Convención Americana, y exige al Ejecutivo y a la Procuradora General de la Nación que cumpla con la sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dejó clara la responsabilidad internacional del Estado en la violación de los derechos humanos de Gustavo Petro y de su electorado, y ordenó al Estado adecuar su legislación a  los estándares internacionales que la Procuradora intenta evadir a toda costa desconociendo que su función principal es velar por la garantía de los derechos humanos y no simular cumplirlos con jugaditas tramposas de las que ha venido haciendo gala el partido de gobierno y funcionarios subordinados a su voluntad como la procuradora Cabello. Reforma a la Procuraduría es contraria a la Convención Americana