Bruselas, 27 de junio 2013
Desde Oidhaco – red internacional de 35 organizaciones europeas – expresamos nuestra profunda preocupación por lo hechos dramáticos que se están registrando en la región de Catatumbo, Colombia. Particularmente alarmante es la respuesta violenta de las autoridades del Gobierno Nacional a las movilizaciones de las comunidades campesinas de la región en demanda de su reconocimiento legal como Zona de Reserva Campesina y en protesta por las erradicaciones forzadas y sin alternativas sostenibles a los cultivos de uso ilícito. Ese actuar ha traído como resultado hasta el día de hoy – según la información de organizaciones de defensa de los DDHH que trabajan en la zona – la muerte de al menos cuatro campesinos como consecuencia de disparos de la Fuerza Pública y decenas de personas heridas y varias detenciones.
La respuesta armada a la que ha recurrido la Fuerza Pública, para reprimir la legítima manifestación de las comunidades campesinas, así como los señalamientos del Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, según los cuales las marchas en el Catatumbo están “infiltradas por las FARC”, ponen en grave riesgo la vida e integridad de las comunidades manifestantes así como de los y las líderes campesinos y los defensores y defensoras de DDHH que les acompañan.
Saludamos y respaldamos la labor de la Comisión de Verificación que partió desde el día 16 de junio de 2013 hacia Tibú y que, a pesar de los ataques, continúa en la zona acompañando a las comunidades y denunciando las graves violaciones a los derechos humanos. Rechazamos la apertura de fuego por parte de la Fuerza Pública en contra de miembros de esa Comisión.
El uso de fuerza letal en contra de civiles por parte de la Fuerza Pública refleja de manera preocupante la nueva doctrina militar reflejada en la legislación del llamado fuero militar que excluye la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y distorsiona el Derecho Internacional Humanitario permitiendo atacar a civiles como “blanco legítimo”.
En este sentido, los homicidios de los civiles Diomar Humberto Angarita, Hermides Palacios, Leonel Jácome y Edinson Franco pueden constituir ejecuciones sumarias y arbitrarias de civiles. Estos hechos deben ser investigados, juzgados y sancionados con prontitud y eficacia por la justicia ordinaria.
Solicitamos a la Unión Europea, sus Estados miembros, Suiza y Noruega a. Condenar pública y contundentemente estos hechos;
b. Exigir al Estado colombiano garantizar la vida y protección de los civiles;2
c. Pedir al Presidente de la República Juan Manuel Santos, abstenerse de señalar a los manifestantes como miembros de la guerrilla, esto pone en grave riesgo la vida de los líderes, los defensores y defensoras de derechos humanos;
d. Promover la reactivación de la Mesa de Interlocución y Acuerdo –MIA- entre las organizaciones campesinas y autoridades civiles y brindar las garantías suficientes a los líderes y sus organizaciones para que puedan participar en el espacio. Mantenerlo hasta que se implementen medidas concretas de protección y soluciones sostenibles a la crisis que enfrentan las comunidades campesinas del Catatumbo, Norte de Santander;
e. Pedir al Ministerio de Defensa Nacional – el cual se reunió en estos mismos días con las instituciones de la UE en Bruselas – suspender las acciones armadas, los actos de hostigamientos, agresión, intimidación, confinamiento en contra de la población civil;
f. Asegurarse que estos hechos sean investigados y sancionados por la justicia ordinaria;
g. Pedir a los organismos de control, iniciar las acciones de investigación y sanción a todas las autoridades civiles y militares que intervinieron en las acciones que han puesto en riesgo la vida, integridad física y libertad de las personas manifestantes y residentes de los municipios de Tibú y Ocaña, Norte de Santander.
