SOLICITUD DE ACTIVACIÓN DE ALERTA TEMPRANA PARA LAS VEREDAS DEL CORREGIMIENTO SANTA RITA – MUNICIPIO DE ITUANGO POR POSIBLES CASOS DE VIOLACIÓN Y VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DERECHOS PARA ESTAS COMUNIDADES

Señor: Presidente de la República Iván Duque Márquez, Ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez, Alcaldía Municipal de Ituango, Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación.

A LAS AUTORIDADES MILITARES

Comandante General de las Fuerzas Militares

Comandante del Ejército Nacional

Comandante de la VII 

Comandante de la Brigada IV 

 

A LAS AUTORIDADES POLICIALES

Director de la Policía Nacional

Comandante Departamental de Policía

Director de la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional 

 

Desde el Proceso Social de Garantías a Defensores/as de Derechos Humanos de Antioquia solicitamos la activación de Alerta Temprana para el Municipio de Ituango ante el Incumplimiento del Gobierno Nacional a las y los campesinos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS para que se restituyan los derechos de estas comunidades de manera urgente y se brinden medidas efectivas de seguridad integral para estas comunidades.

 

HECHOS:

Las comunidades campesinas de las JAC del corregimiento de Santa Rita, Municipio de Ituango, han manifestado el incumplimiento del Gobierno Nacional quien desconoce el pacto inicial firmado el 12 septiembre 2017 en el que campesinos y campesinas del 52 veredas que se sumaron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS vinculados al punto 4 “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” y el capítulo especial de la Reforma Rural Integral -RRI- (Punto 1) , del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera que buscan políticas transformadoras e integrales a las condiciones de vida de las comunidades rurales, superar la pobreza y las brechas entre el campo y la ciudad. 

La esencia del PNIS es la construcción y el desarrollo de procesos participativos a través de asambleas comunitarias que trazan un impacto muy amplio de los enfoques territoriales ineludibles en lo que deben fomentarse programas para la formalización de la tenencia de tierras de familias campesinas e implementar las estrategias de Desarrollo Rural Integrado.

De acuerdo con lo pactado entre el gobierno y la población cocalera, a los cultivadores que erradicaran voluntariamente sus cultivos ilícitos se les entregaría un Plan de Atención Inmediato con ciertas ayudas en su tránsito hacia la legalidad acompañada con oportunidades y la vinculación a otros programas y proyectos productivos, anuncios que podrían estar en alto riesgo y que dejarían al país estancado en lo que sería la más clara oportunidad de llevar un verdadero desarrollo al campo. 

Uno de los más grandes temores de las comunidades es la criminalización y la excusa para reprimir al campesinado con el posible retorno de la violencia de Estado e irrespeto por los Derechos Humanos; mientras la política anti drogas golpea al eslabón más débil, es decir, las comunidades campesinas más pobres de la ciudad y del campo.

 

ANTECEDENTES:

· El 12 septiembre 2017 las y los campesinos de 52 veredas se acogen voluntariamente al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS.

· El pasado 12 de febrero del 2019 por lo menos 4.500 campesinos/as del Corregimiento de  Santa Rita protestan en la cabecera del corregimiento ante el incumplimiento de lo pactado el 12 de septiembre del 2017. 

· Las y los campesinos en todo momento han manifestado la intención de apoyar la erradicación pero todo ajustado a la implementación del programa voluntario de  sustitución.

· Vale la pena mencionar que el incumplimiento del Gobierno Nacional también se ha extendido a abandonar todas las obligaciones en materia de garantías, prevención y protección de las y los líderes en el país, principalmente aquellas personas que pertenecen al PNIS. 

· La negligencia del gobierno para garantizar el Derecho a la Vida y la permanencia de los campesinos en los territorios. De ello dan cuenta los recientes homicidios contra miembros del PNIS en todo el país, como también los desplazamientos forzados, extorciones y toda forma de agresión.

 

Exigimos

Ø La protección de los derechos y todas las garantías de las comunidades campesinas del corregimiento de Santa Rita, la protección de los bienes de éstas, el cumplimiento inaplazable del espíritu de los Acuerdos Nacionales y Regionales Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos PNIS y Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo- PISDA.

Ø Cumplimiento del Gobierno Nacional para la reunión programada para el 22 de febrero en el casco urbano de Ituango. 

Ø Acompañamiento permanente del Ministerio Público que garantice derechos de las comunidades.


Solicitamos el acompañamiento permanente Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (sede Medellín) y la permanente observancia de países garantes. 

 

Proceso Social de Garantías para la Labor de Las/os Defensores de Derechos Humanos de Antioquia

 https://twitter.com/GarantiasDDHH/status/1096915340741746688?s=19