Reciban un cordial saludo de las víctimas de crímenes de Estado,
Después de once años, seguimos movilizándonos y reafirmando nuestro compromiso de lucha contra la impunidad cada 6 de marzo, en el Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado. Desde 10 ciudades del país, esta vez nos manifestamos en contra de la política de muerte y guerra que pretende desconocer el proceso de paz y en memoria de las lideresas, líderes y defensores/as de derechos humanos asesinados o desaparecidos.
En este día, queremos manifestar ante ustedes nuestras profundas preocupaciones por las actuaciones del actual gobierno de Colombia que afectan la implementación del Acuerdo de Paz, se resiste a brindar garantías a las víctimas para su participación efectiva en la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas poniendo en riesgo las iniciativas que promueven la verdad, la memoria y la reconciliación. A esto, se suma la suspensión de la Mesa de Negociación con el ELN que cierra las puertas a una salida negociada del conflicto armado.
Acudimos a ustedes para darles a conocer nuestras preocupaciones y respetuosamente solicitar la intervención de la comunidad internacional y la Organización de las Naciones Unidas para garantizar que podamos avanzar en el fin de la guerra y el fortalecimiento de la convivencia pacífica y la reconciliación nacional. Dichas preocupaciones se pueden resumir en las siguientes:
- La incertidumbre sobre el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este 11 de marzo vence el plazo para que el presidente de la República, Iván Duque, decida si objetar o firmar la Ley estatutaria. En caso de objeción, la JEP no solo se verá sometida nuevamente a una larga discusión en el Congreso de la República y nuevamente en la Corte Constitucional, también verá comprometida su continuidad, pues estará impulsada por un gobierno que en distintos momentos ha planteado objeciones a su existencia y funcionamiento. Basta recordar que el mismo presidente en una columna del año 2017 afirmó que la JEP tenía “una redacción presuntuosa y amañada, que busca inmunizar a las Farc persiguiendo al Estado, sus agentes y al sector privado”[1].
Esto sin contar que, luego de dos meses, el presidente del Senado, Ernesto Macías, del partido Centro Democrático, retuvo injustificadamente la ley aprobada por el Congreso[2]. Además, intentó omitir apartes del texto que dan vida a importantes procedimientos de la JEP, y que fueron avalados por la Corte Constitucional, entre ellos, la facultad para verificar los sitios de reclusión de los militares o agentes del Estado privados de la libertad.
Es urgente avanzar en el modelo de justicia transicional que garantice el reconocimiento de los derechos de las víctimas, el reconocimiento de responsabilidad por parte de los perpetradores y su compromiso con la verdad y las garantías de no repetición
- Agresiones a líderes sociales y defensores de derechos humanos. Durante los primeros cien días de gobierno del presidente Iván Duque, han sido asesinados cerca de 120 líderes sociales[3]. Actualmente no hay avances significativos en las investigaciones adelantadas por las autoridades competentes que permitan esclarecer, investigar y juzgar a los responsables de los homicidios, agresiones y múltiples violencias cometidas en contra de los líderes/as, defensores/as de derechos humanos.
Pese a esta realidad, el Estado ha promovido medidas que, en vez de garantizar la protección de líderes sociales, profundizan los riesgos que enfrentan. Muestra de ello es la libertad para el porte de armas (que debería ser monopolio exclusivo del Estado), la militarización de los programas de protección, el nombramiento de militares y civiles comprometidos con la violación de derechos humanos en cargos relacionados con el tema de protección, la falta de implementación de los programas previstos en el Acuerdo de Paz para la protección de líderes/as sociales y defensores/as de derechos humanos y la utilización del territorio nacional para promover la confrontación en vez del diálogo.
Nos enfrentamos al reciclaje de una política de seguridad que promueve compartir las labores de inteligencia con la ciudadanía a través de la Red de Cooperantes y las recompensas por colaboración en la captura de delincuentes. La creación de Zonas Estratégicas de Intervención Integral en regiones donde la seguridad nacional se vea afectada, un tipo de política que en el pasado ha significado el incremento de detenciones masivas al movimiento social y personas de la población rural, ejecuciones extrajudiciales, el aumento del desplazamiento forzado y otras graves violaciones a los Derechos humanos.
- Los recientes nombramientos de altos cargos del gobierno que afectan los derechos de las víctimas, ponen en riesgo a líderes sociales y abren paso a una posible revictimización a quienes hemos padecido la criminalidad estatal. Casos como el nombramiento de Rubén Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), una persona que niega la existencia del conflicto armado y deslegitima el Acuerdo de Paz de La Habana generan preocupación, desconfianza y desestimula la participación de las organizaciones de víctimas y derechos humanos en dicho escenario. La política negacionista del actual gobierno también se expresa en la solicitud de renuncia de la directora de la Biblioteca Nacional y los directores del Archivo General de la Nación y el Museo Nacional, importantes espacios que resguardan la memoria histórica del país y tienen en custodia documentos como los archivos de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- comprometido con graves violaciones a los derechos humanos.
Preocupan las pretensiones que puedan surgir para generar instancias paralelas a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Tememos la construcción de una verdad oficial que excluya a las víctimas de la violencia estatal y desconozca la sistematicidad de los crímenes de Estado.
Más recientemente, preocupa el nombramiento de al menos nueve generales del Ejército vinculados como presuntos responsables de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” que conformarán espacios de dirección de las Fuerzas Militares. Según un informe presentado por Human Rights Watch, cientos de miembros del Ejército han sido condenados, sin embargo, no se han procesado los máximos responsables de ejecuciones sistemáticas de ciudadanos, que buscaron incrementar los resultados del número de bajas en combate.
- Las definiciones del Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el próximo cuatrienio suponen un desfinanciamiento en materia de construcción de paz, así como el desfinanciamiento de los programas de reparación a víctimas. Por una parte, el número de víctimas a reparar disminuiría drásticamente, 282 mil víctimas menos, en comparación con el anterior gobierno[4], cuando la reparación solamente ha alcanzado un 12%, de las más de 8.4 millones de víctimas reportadas en el Registro Único de Víctimas. Estas políticas están yendo en contravía de nuestros derechos y demuestran el bajo nivel de compromiso con la reparación y el reconocimiento de las víctimas del actual gobierno. A ello se suman los pocos avances en los programas de reparación colectiva y el estancamiento de la política de restitución de tierras, Unidad que hoy está en cabeza de Andrés Augusto Castro Forero, quien es defensor de empresarios y ganaderos que se oponen a los procesos de restitución.
Ante la falta de voluntad del gobierno colombiano para cumplir a cabalidad con lo establecido en el Acuerdo de Paz y las medidas adoptadas por el Estado colombiano, que terminan generando riesgos a líderes sociales y agudizan la posibilidad de revictimización de las víctimas de crímenes de Estado del país, nos declaramos en permanente duelo nacional por la paz. Indefinidamente nos mantendremos en esta posición hasta evidenciar la implementación de políticas efectivas para la protección de líderes y la implementación de mecanismos ya contemplados en los diálogos de La Habana, que es obligación del Estado cumplir.
Las víctimas hacemos un llamado al Consejo de Seguridad, al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al Cuerpo Diplomático Acreditado en Colombia y la Comisión de Notables, para que exija al gobierno de Colombia el avance en los compromisos internacionales a los que está obligado en materia de derechos humanos, derechos de las víctimas y el cumplimiento del Acuerdo de la Habana.
Firman:
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice
Asociación Otras Voces
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CAJAR
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos
Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda-Colectivo OFB
Corporación Jurídica Libertad – CJL
Juventud Comunista
