Bogotá, 17 de junio de 2022
La paz, la democracia y los derechos humanos quedan en un estado crítico al final del cuatrienio de Iván Duque Márquez y pueden agravarse si eventualmente llega a la presidencia de la República el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, quien propone gobernar a través de la declaratoria de conmoción interior, con el fin de facultarse el derecho a expedir decretos, pasando por encima del legislativo, de la Constitución Política -Art. 213- y por ende de todo el orden democrático del Estado social de derecho al punto de quebrantar la separación e independencia de los poderes del Estado, ya maltrecha.
La crisis señalada se refleja, entre otras, en las cifras de las Agencias de las Naciones Unidas, según las cuales en Colombia hay 7.7 millones de personas con necesidades humanitarias, 5.8 millones viven bajo un régimen de terror impuesto por actores armados, 20 millones viven en pobreza y 13 millones no cuentan con seguridad alimentaria. Superar esta situación demanda reformas profundas y acciones inmediatas que salvaguarden las vidas de todas las personas, incluyendo las mayorías empobrecidas incluyendo sistemas justos de salud, educación y empleo dignos. Igualmente se requiere un andamiaje normativo y de políticas públicas para superar con el tiempo las secuelas del largo conflicto que hemos padecido como nación.
El nuevo gobierno debe mantener un compromiso firme con la implementación del Acuerdo de Paz, el respeto al derecho a la protesta social, el ataque a la corrupción, el desmantelamiento del paramilitarismo y las estructuras ilegales y debe reanudar los diálogos de paz con el ELN pues construir la paz no puede ser una acción gerencial sujeta a un “otro sí”.
El Estado se debe fortalecer económicamente para garantizar los derechos humanos y para esto se requiere de una reforma tributaria que cumpla con los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia, para lo cual será necesario revisar los beneficios tributarios y tarifas preferenciales otorgadas a sectores económicos, personas jurídicas y naturales con altos ingresos y patrimonios. Estos recursos y combatir la corrupción permitirán contar con el presupuesto para superar la pobreza, garantizar derechos y consolidar la paz.
Para garantizar una paz estable y un desarrollo en nuestro país, es necesario fomentar el diálogo social, reconocer que el estallido social que vivimos producto de una crisis y un conjunto de malestares que deben ser escuchados sin dilaciones y sin insultos a fin de retomar una agenda social que sea insumo para el próximo plan nacional de desarrollo y para avanzar en la consolidación de las garantías para el ejercicio de libertades y derechos de quienes habitamos en Colombia.
Preocupa que clanes políticos, expresidentes y élites que apoyaron a Duque durante estos últimos cuatro años, apoyen una campaña electoral con el fin de asegurar sus privilegios por encima de las reformas urgentes que requerimos y que se entorpezca la participación política, especialmente de las mujeres por considerar que su lugar no debería estar en la esfera pública. Alarman algunos pronunciamientos que repiten frases populistas pero que carecen de validez y no presentan propuestas concretas. Es preocupante que se le dé la espalda al debate público y que en su lugar se ataque al contrincante y se pretenda convertir en enemigos internos a todos aquellos que manifiestan un descontento social.
Es también un signo de alarma la persecución y detención de jóvenes en diferentes ciudades del país a pocos días de la jornada electoral, generando un clima de terror y zozobra. Exigimos a la Fiscalía General, el respeto al debido proceso, y no instrumentalizar la justicia para vulnerar el legítimo derecho a la protesta social. Las ciudadanas y los ciudadanos somos los primeros constituyentes y nuestro papel deberá ser siempre defender y luchar por la profundización del estado de derecho y las garantías y derechos para todas y todos.
La debilidad del sistema electoral colombiano pone en riesgo la legitimidad, transparencia y confianza del resultado electoral del próximo domingo, y por ello la ciudadanía se ha movilizado para exigir la auditoría del software electoral, y para vigilar los resultados bien como observadores electorales, bien como testigos. La participación ciudadana siempre ha sido la clave para evitar los abusos, para que se cumplan las leyes y para que las políticas y programas respondan a las necesidades y derechos de todas las personas en Colombia.
Por las anteriores consideraciones, las plataformas de derechos humanos agrupadas en la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo alertamos a la sociedad colombiana y les invitamos a tomar una decisión responsable, calmada y comprometida con la paz, la democracia y el restablecimiento del Estado social de Derecho, sin dejar que las noticias falsas les engañen o les lleven a tomar decisiones erróneas sobre un supuesto cambio acompañado con los mismos y las mismas de siempre.
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