Valledupar, 6 de noviembre de 2019
Como defensores y defensoras de la vida y el territorio, sentimos total indignación con el aumento de los asesinatos, amenazas y judicialización de nuestras comunidades que están en los territorios, nos solidarizamos con las comunidades indígenas del Cauca que están viviendo un genocidio en curso.
Los y las delegadas de las organizaciones de los Departamentos del Cesar, que estamos presente en los talleres territoriales de Formulación de la Política Pública Integral de Respeto y Garantías para la labor de Defensa de los Derechos Humanos, los días 5, 6, 7 de noviembre de 2019, manifestamos a la opinión pública:
- La situación para nosotros/as los y las defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales de los departamentos del Cesar no es ajena al panorama nacional en cuanto a la estigmatización, amenazas judicialización y asesinatos; en esta región entre enero 2018 y octubre de este año han sido asesinados 4 líderes sociales en el Cesar sin que hasta el momento se conozca sobre sus autores materiales e intelectuales.
- El impacto social y político de las políticas del gobierno que generan en nuestros territorios más despojo y empobrecimiento de las comunidades.
- El incumplimiento del acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC EP en nuestros territorios en especial con los PDET.
- Los acuerdos incumplidos con el movimiento social en las distintas dinámicas de movilización de la región.
- El Incremento del conflicto armado en el territorio, el accionar de varios grupos armados con esto hablamos de los llamados GAO (Clan del Golfo), y los GDO (rastrojos y pachencas) y guerrilas, asi como la permanente militarización del territorio y reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos armados.
- Persiste de la desigualdad, la discriminación y el irrespeto a la autonomía la integridad dignidad y cultura de las comunidades campesinas, afrocolombianas, e indígenas.
- Las comunidades aledañas a los [Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación] ETCR y los miembros de las Farc–EP en fase de reincorporación ha hecho que se genere en la comunidad en general de la sensación de riesgo y miedo, la cual viene acompañada de la persistencia de amenazas mediante panfletos y mensajes en las paredes, que evidencian la presencia de distintas estructuras armadas que pueden poner en riesgo la implementación del Acuerdo Final.
- Los constantes asesinatos a excombatientes de las AUC postulados en Justicia y Paz.
- Constantes amenazas, asesinatos de liderxs sociales, víctimas, defensorxs de DH en la región, El asesinato aun indígena del pueblo wiwa, wayuu, y la circulación de panfletos amenazando personas y autoridades de este pueblo indígena de la SNSM.
- La falta de garantías para la protesta y movilización social y el ejercicio de la oposición política.
- Consideramos de vital importancia la discusión y construcción colectiva, de la Política Pública Integral de Respeto y Garantías para la labor de Defensa de los Derechos Humanos, no obstante la voluntad del estado para respetar y garantizar las libertades de sus ciudadanos no se refleja solo en un proceso de construcción de un instrumento de política pública, se evidencia en la práctica cotidiana, y los anuncios y acciones de gobierno no están siendo ni eficaces y ni efectivas para superar la situación de violencia socio política en los territorios.
En estas condiciones de incumplimientos, de violencia y de silencio cómplice, consideramos que resulta éticamente contradictorio y humanamente inaceptable, seguir participando en la formulación de una política pública de respeto y garantías. Por lo anterior hemos decidido:
- Suspender nuestra participación en el proceso de Formulación de la Política Pública Integral de Respeto y Garantías para la labor de Defensa de los Derechos Humanos.
- Declararnos en Asamblea Permanente en defensa de la vida,el territorio y la paz.
- Convocar a todos los sectores sociales, campesinos étnicos y populares del cesar y la guajira a la jornada de movilización del 21 de noviembre de 2019, en contra de las medidas económicas del gobierno y en rechazo de la violencia sociopolítica ejercida contra el movimiento social.
Consideramos también que se debe establecer medidas mínimas de garantías al movimiento social, sus liderazgos y defensores de derechos humanos, dentro de los cuales están:
- Cumplimiento de los acuerdos pactados entre el gobierno nacional, departamental y municipal con los procesos sociales en el marco de la minga campesina, étnica y popular del 2016.
- Implementación del acuerdo de paz suscrito entre el gobierno nacional y las Farc en la habana.
- Cese las judicializaciones a los líderes y lideresas campesinos y sociales del sur y centro del cesar.
- Poner en marcha la implementación del PDET Sierra nevada, Perijá, Zona bananera.
- Construir y ejecutar Políticas públicas de cuidado, protección, preservación, adecuación, mantenimiento y defensa de los ecosistemas de la región.
- Manejar mediante el dialogo social los conflictos territoriales y sociopolíticos en la serranía del Perijá e instalación de una mesa intercultural entre campesinos y comunidades Yukpas que permita resolverlos conflictos territoriales ocasionados por el estado a estos pueblos que han vivido en armonía.
- Cumplir con lo ordenado por la corte constitucional en la sentencia T/13/17 que ordena el saneamiento y delimitación del territorio ancestral del pueblo Yukpa.
- Creación de las 2 zonas de reserva campesina solicitadas en la serranía del Perijá.
- Desmonte total de las estructuras paramilitares y bandas criminales que amenazan la vida, la pervivencia cultural de las comunidades, procesos sociales y sus liderazgos.
- La Convocatoria a una Mesa Nacional de Garantías ampliada en el territorio Cesar Guajira, para discutir sobre la doctrina militar y el papel que está teniendo la Fuerza Pública en materia de garantías para la labor de defensa de derechos humanos y de seguridad para las organizaciones y comunidades, su
relacionamiento con organizaciones ilegales y posibles medidas de depuración que permitan el cumplimiento de sumisión con plena observancia de las obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos. - Implementación del Decreto 660 de 2018.
- Instalación Mesa Territorial de Garantías en el departamento del Cesar.
Exigimos al gobierno en esta mesa de política pública, se brinden las garantías para las comunidades participantes para garantizar el retorno a sus territorios y poder sesionar en el transcurso del día de manera autónoma con la presencia de los garantes de este proceso como son la defensoría del pueblo y la oficina de naciones unidas. Delegados de las Organizaciones Sociales de los Departamentos del Cesar Guajira.
Taller Territorial de Formulación de la Política Pública Integral de Respeto y Garantías para la labor de Defensa de los Derechos Humanos.
Mesa de Derechos Humanos y territorios del Cesar.
Sindicatos de Educadores de la Guajira
Comisión Ciudadana de Reconciliación y Paz Capitulo Cesar
Fundación Campesinosafro-VictimasdelCesar
Dairo Herazo Cut Regional Guajira
Asociación Guacoche Diversa del Cesar.
Asociación Paz Diversa y Afirmativa.
Iniciativas de Mujeres Colombianas por la Paz / IMP-Guajira
Plataforma de derechos Humanos–Codepaz (Guajira)
Asociación de Mujeres constructoras de Paz, Sur del Cesar
Secretaria Derechos Humanos Cesar
Asoperija
Projusticia Social
Asociación Comunal de Mujeres por la Paz.
Asociación de Victimas Comunales de Pueblo Bello-Cesar
Mesa de Victimas de Pueblo Bello-Cesar.
Cumbre Agraria y Campesina
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos–Nodo Caribe
Asociación de campesinos y Comunidades sin Tierra del Cesar
Asociación étnica, cultural merakii Valledupar.
Fundación Tejedoras de Paz de Pailitas.
Red de Voceras páralaYa
Asocovipel–Pelaya-Cesar
