La llegada al gobierno del Pacto Histórico encabezado por el Presidente Gustavo Petro y la Vicepresidenta Francia Márquez, ha implicado un cambio de rumbo importante en materia de políticas de seguridad, derechos humanos y construcción de paz. Las políticas de Justicia Social, Justicia Ambiental y Paz Total prometen un avance hacia un modelo económico incluyente, con una paz sostenible y justa en los territorios para las comunidades que por décadas han padecido la violencia y la exclusión. En amplios sectores de la sociedad colombiana, genera esperanza la reactivación de la implementación del Acuerdo Final de Paz con las FARC, la reanudación de las negociaciones con el ELN y el acercamiento, para el sometimiento a la justicia, de todos los actores ligados a economías ilegales que ejercen violencia en los territorios y que, en todo caso, debe incluir medidas efectivas para resolver las causas que propician el surgimiento de estas violencias.
La herencia dejada por el gobierno del expresidente Iván Duque y los gobiernos anteriores representada en la crisis humanitaria, el deterioro de la situación de derechos humanos, la parálisis en la implementación del Acuerdos de Paz, el trato violento y represivo a la protesta social, la corrupción, el saqueo de los recursos y los bienes públicos, la violencia desbordada contra la población a través del posicionamiento y expansión de diferentes actores criminales, requieren hoy un esfuerzo en materia penal y disciplinaria de los entes de investigación y control: la impunidad no puede seguir reinando frente a estos hechos.
Apoyamos los anuncios y medidas que, en materia de paz y derechos humanos, ha implementado el nuevo gobierno y que ha aliviado la situación humanitaria en algunos municipios del país, tales como el acogimiento de propuestas del movimiento de derechos humanos, el nombramiento de personas defensoras en cargos de autoridad, los anuncios de cambio de la política de seguridad hacia un nuevo concepto de Seguridad Humana, la puesta en marcha del Plan de Emergencia para la protección de personas defensoras, firmantes AFP y liderazgos sociales, el reconocimiento oficial de la responsabilidad del Estado en la perpetración de graves masacres y actos de genocidio contra la población, así como los avances en las negociaciones de paz con el ELN y con otros actores de la criminalidad; todas estas acciones permitirán avanzar hacia la Paz, tan esquiva para los colombianos y colombianas.
Pese a esto, nos preocupa la continuación de la crisis humanitaria y la violencia ejercida contra el liderazgo social y comunitario en amplias regiones del país. Si bien, el Gobierno Nacional fijó unas condiciones para el proceso de acercamientos en el marco de la Paz Total, los grupos de criminalidad organizada siguen perpetrando hechos violentos, como es el caso de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC- y de las denominadas disidencias, cuyo motor sigue alimentándose a partir del aumento de los cultivos de uso ilícito. Durante los primeros cuatro meses de gobierno los confinamientos de comunidades, especialmente étnicas y los desplazamientos forzados, se siguen manteniendo en los territorios, al igual que el reclutamiento de niños, niñas y jóvenes que son utilizados para fortalecer las maquinarias de la guerra. Las masacres continúan a un ritmo aterrador, pues se perpetúa una cada cuatro días, en tanto que cada dos días un líder social ha sido asesinado. Esta expansión de la violencia y las estructuras criminales constituyen un proceso de genocidio continuado, que parece no estar siendo contrarrestado por una acción proactiva y contundente por parte de las instituciones con responsabilidad en la materia.
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