El pasado fin de semana la Revista Cambio hizo pública una investigación en la cual se denuncia por parte de un operador de cementerios del distrito, que además de entregar sobornos para la adjudicación de la operación por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, dependencia de la Alcaldía Distrital, afirma que algunos cementerios habrían sido utilizados por “instrucción de un General de la Policía para desaparecer cuerpos de personas asesinadas durante las protestas de paro nacional de 2021”.
Las graves denuncias contenidas en esta publicación no pueden ser omitidas bajo el argumento que el denunciante Sergio Vanegas habría incurrido en actos de corrupción, o que el paro nacional -en el que se denunciaron innumerables casos de desapariciones forzadas las cuales no han sido completamente esclarecidas- fue protagonizado por “hordas violentas financiadas con fines electorales para que vandalizaran y destruyeran”.
La descalificación de los móviles del estallido social pretende encubrir la violenta represión que dejó varias decenas de personas asesinadas o denunciadas como desaparecidas, así como cientos de personas víctimas de tratos inhumanos y degradantes, violencia sexual, mutilaciones oculares y represión violenta a comunicadores, brigadas de salud y misiones de verificación de organizaciones de derechos humanos que trataban de informar, documentar, prevenir y denunciar los crímenes perpetrados en contra de quienes ejercieron su legítimo derecho a la movilización y la protesta social.
La estigmatización a quienes participaron en las masivas protestas del estallido social vulnera la prohibición expresa de las autoridades de descalificar los motivos de la protesta social, y predispone a la fuerza pública a seguir considerando a quienes protestan bajo la categoría de “enemigo interno” que ha conducido a violaciones sistemáticas a los derechos humanos
En el marco de las movilizaciones sociales, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada y el MOVICE denunciamos cientos de casos de personas reportadas como desaparecidas. De estos, muchos casos fueron descartados por la propia Fiscalía por presuntas y no demostradas inconsistencias en la documentación allegada. Así mismo, múltiples mecanismos de búsqueda de urgente no fueron activados o fueron desactivados a priori bajo el argumento de la falta de ratificación de la denuncia por parte de familiares, y aunque muchas personas fueron posteriormente ubicadas en distintas dependencias oficiales, tampoco se abrieron investigaciones por la desaparición transitoria en que se incurrió con estas personas.
Conforme a los instrumentos internacionales de derechos humanos, la desaparición forzada se configura por la detención de las personas por agentes del Estado seguido de la negativa a suministrar información de su suerte o paradero, sin importar si esto se dio por uno o varias días o incluso horas, en las cuales las personas fueron irregularmente detenidas sin suministrar información ni a sus familiares, entidades del Ministerio Público, organizaciones de derechos humanos, abogados/as o personas que indagaban por su paradero, como efectivamente ocurrió en cientos de casos, y que reiteramos no han sido investigados por los entes judiciales y disciplinarios lo que incentiva la repetición de este grave crimen.
El establecimiento de protocolos rigurosos en los procesos de inhumación, cremación y exhumaciones administrativas es fundamental para evitar que personas sean doblemente desaparecidas. La denuncia de que operadores particulares actúan con absoluta discreción para disponer de los cuerpos y determinar exhumaciones sin ningún registro, y que hagan de los servicios funerarios un negocio rentable para lucrarse, aprovechándose de la alta rentabilidad de los cementerios que -según el denunciante- le estarían dejando un 95% de utilidades a los contratistas es de tal gravedad que exige investigaciones inmediatas. Estos acontecimientos ponen de presente y ratifican la urgente necesidad de que los cementerios públicos en Bogotá sean objeto de medidas cautelares, de la misma forma en como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) las ha decretado en 17 lugares en todo el país en los que se presume la existencia de restos de personas desaparecidas, con el objeto de impedir la pérdida de restos de personas inhumadas cuya identidad podría corresponderse con personas desaparecidas forzadamente.
La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU y el Movimiento Nacional de Crímenes de Estado, MOVICE, exigimos a los organismos de investigación y control para que asuman de manera inmediata la investigación sobre los hechos denunciados que contemplan: El uso de los cementerios distritales para desaparecer personas, incluidas algunas personas que pudieron haber sido desaparecidas en el marco de las protestas sociales del año 2021, la presunta participación un alto mando de la Policía Nacional en estas prácticas, así como los hechos ilícitos que han implicado la incineración masiva de cadáveres sin los procesos previos de identificación y registro exigidos por ley, producto de la entrega en operación a operadores sin ninguna experiencia, y en la que mediaron hechos de corrupción que llevaron actuaciones irregulares en el manejo de cadáveres, circunstancia que pudo haber sido utilizada para operar prácticas de desaparición forzadas de personas. La Fiscalía General de la Nación debe adelantar con prontitud y eficacia, es urgente que el ente investigador de validez y trámite a todas las denuncias existentes sobre posibles desapariciones forzadas, y abra una investigación con tratamiento célere en la que sea vinculado el señor Sergio Venegas y sus socios, tomando su declaración y decretando la inspección a los referidos Cementerios.
Por su parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá en cabeza de la Alcaldesa Claudia López no sólo está en la obligación de promover la apertura de investigaciones disciplinarias y penales tendientes a esclarecer y sancionar los actos de corrupción denunciados al interior de la UAESP, sino que sus declaraciones, contrario a lo realizado en las últimas horas, deberían estar dirigidas a esclarecer la veracidad de las graves denuncias y no a producir conclusiones apresuradas que desincentivan la obligación internacional de los estados de investigar, pues se hace necesario aclarar que la relatoría independiente a la que hace referencia tiene un carácter extrajudicial, sin tener el alcance de una investigación oficial, y como lo afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sus recomendaciones a Colombia “114. (…) siempre que haya motivos para sospechar de la desaparición de una persona, debe iniciarse la investigación ex officio, sin dilación, de una manera seria, imparcial y efectiva y orientada a la determinación de la verdad”.
Así mismo, exigimos a la Defensoría del Pueblo y la Personería de Bogotá cumplan con su obligación constitucional de velar por los derechos y garantías de toda la población aportando la información que tengan bajo su custodia con relación a la posible comisión de desapariciones forzadas en contextos de protesta.
Los graves antecedentes de la desaparición forzada en Colombia, que alcanza la cifra de más de 120.000 personas de acuerdo con la Comisión de la Verdad, deberían suscitar la más inmediata y articulada acción del Estado ante el anuncio de cualquier posibilidad de que una desaparición más se haya producido. Ninguna denuncia sobre un posible desaparecido debería desestimarse.
COORDINACIÓN COLOMBIA -EUROPA – ESTADOS UNIDOS – CCEEU
MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO – MOVICE
