Ante el reciente escándalo develado por el Secretario para la Transparencia de la Presidencia de la República y la Fiscalía General de la Nación, sobre la red de corrupción en la Unidad Nacional de Protección, las plataformas de derechos humanos en Colombia manifestamos a la opinión pública nuestra preocupación por este hecho teniendo en cuenta las siguientes situaciones:
1. Los defensores y defensoras de los DDHH hemos advertido desde hace más de un año, mediante informes y reuniones con el alto gobierno como la Mesa Nacional de Garantías, nuestra preocupación por los cuantiosos recursos otorgados a empresas privadas de seguridad para la protección de personas en riesgo. En junio de 2013 (http://bit.ly/1vrgdj3), se le informó a la opinión pública las preocupaciones por contratos suscritos con 3 consorcios privados para la ejecución de más de 160 millones de dólares en mecanismos de protección (chalecos antibalas, escoltas armados, armas, vehículos blindados, etc); esta privatización generó, la unión de muchas empresas de seguridad privada para luchar por contratos multimillonarios.
2. Es muy grave que los involucrados en la red de corrupción en la UNP, sean funcionarios de muy alto nivel (el Secretario General de la UNP es el 4to con mayor poder dentro de la institución después del Director). Hasta la fecha no se ha mencionado la responsabilidad política de quienes llevaron a estos funcionarios a la UNP, pues dichos cargos se otorgan por confianza y no por concurso de méritos. Será una tarea de la Procuraduría General de la Nación establecer las responsabilidades administrativas y disciplinarias. Las plataformas de DDHH haremos seguimiento a estas investigaciones.
3. También es muy grave que quienes manejan la protección de personas altamente vulnerables, sean funcionarios corruptos y que “negocian” con los recursos destinados a salvaguardar sus vidas. No puede menos que alarmarnos este tipo de situaciones de corrupción en la entidad cuya misión es precisamente, custodiar los datos y acciones de personas que por su trabajo, tienen un riesgo extraordinario o extremo de perder sus vidas. Después de este lamentable episodio cabe preguntar si el Gobierno Nacional está en capacidad de garantizar la transparencia y eficiencia de la UNP para que continúe protegiendo la vida de personas amenazadas o en riesgo incluyendo los defensores y defensoras de derechos humanos.
Se demuestra cada vez más, que el modelo de privatización de la protección Estatal implementado desde hace varios años por el Gobierno Nacional, además de ineficiente, no es viable. Esperamos que esta sea la oportunidad para que el anuncio hecho por el director de la UNP de acabar con la privatización se haga realidad.
CONTACTOS: Diana Sánchez 3105618591 / José Humberto Torres 3163106262 / Antonio Madariaga 3118764659.
