Desde el Proceso Social de Garantías y el Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos alertamos sobre la grave situación de derechos humanos y crisis humanitaria que vive la comunidad indígena Turriquitadó Alto, pertenecientes al pueblo Embera Eyábida, asentada en el municipio de Murindó, quien debido a la permanente confrontación armada, amenazas y disputa territorial entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) así como por la constante siembra de minas antipersonal en el territorio ancestral, ha tenido que desplazarse forzadamente (48 familias – 168 personas) en busca de garantías de seguridad debido a las amenazas realizadas por el ELN y el minado de su territorio.
Este desplazamiento no se realiza hacia el casco urbano del municipio, puesto que uno de los mecanismos de resistencia de las comunidades es el no abandono de sus territorios ancestrales, por lo que las 48 familias desplazadas se dirigen hacia la comunidad Turriquitadó Llano al interior del mismo resguardo. Dichas comunidades no cuentan con alimentos y agua potable debido al confinamiento que ha generado la constante confrontación armada y la siembra de minas antipersonal, situación agravante debido a la presencia de niños y mujeres en estado de gestación. Por ésta situación, también se encuentran en riesgo de desplazamiento las comunidades indígenas de Gorrojo (105 personas), Bachibudi (193 personas) y Coredó (172 personas), lo que genera una grave situación de vulneración a los derechos humanos, aún más, cuando tienen que realizar su desplazamiento en medio de campos minados.
Las confrontaciones entre la guerrilla y los paramilitares se han venido intensificando desde 2019[1], es por ello que la Defensoría del Pueblo tras realizar labores de verificación de la situación humanitaria, en 2020 emite la Alerta Temprana No. 014 de 2020, en la cual da cuenta del alto nivel de riesgo en el que se encuentran las comunidades a causa de la presencia y confrontación armada entre el ELN y las AGC, pero también por el minas instaladas en los territorios lo cual limita la movilidad de las comunidades en medio de esta situación de riesgo y aumenta el nivel de confinamiento de las poblaciones.
En los últimos meses y en medio de la Pandemia de la COVID – 19, se ha recrudecido la situación debido a la intensidad de los combates, ante lo cual se han emitido alertas y denuncias por parte de las comunidades y la misma iglesia católica. Pero el silencio por parte de la institucionalidad ha sido la respuesta. Además es inadmisible que los paramilitares, quienes se han desplegado por el territorio actúen con total impunidad y libertad, en territorios donde perimetralmente hay presencia de la fuerza pública, lo que podría entenderse como una posible connivencia.
Las graves violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por parte de los actores que hacen presencia ha hecho evidente la falta de condiciones de seguridad para las comunidades indígenas. Ninguno de los actores: ni la insurgencia, ni los paramilitares ni la fuerza pública tiene como objetivo la protección de la población civil que es señalada por estos actores como colaboradores de los otros bandos, incluso se ha denunciado como la guerrilla y la Fuerza Pública pretenden utilizar a la población indígena como informantes, especialmente los jóvenes y menores de edad. La Fuerza Pública también ha restringido la movilidad y la autonomía de la población indígena dentro del territorio.
Las organizaciones étnicas territoriales han insistido en la necesidad de llegar a Acuerdos Humanitarios que garantice que TODOS los actores del conflicto respeten la vida, la seguridad, la integridad y la autonomía de las comunidades. Ello implica que se respete el territorio y se abstengan de utilizar a la población civil como informantes, no reclutamiento de menores (por ninguno de los actores) y la no siembra de minas en los territorios.
Por lo anterior, solicitamos a la Gobernación de Antioquia una respuesta ágil y efectiva para la atención del riesgo inminente en que se encuentran las 11 comunidades indígenas pertenecientes a los resguardos de Rio Murindó y Rio Chageradó coordinada con las autoridades indígenas. Asimismo, solicitamos a las autoridades pertinentes el envío de ayudas humanitarias a estas comunidades que permitan una atención de las familias desplazadas, así como de todas las comunidades que se encuentran en confinamiento, debido a la intensidad de los combates y el minado del territorio por parte de los actores armados.
Reiteramos, la necesidad de una respuesta por parte de la institucionalidad que no significa el envío de Fuerza Pública pues esto aumenta el riesgo de las comunidades, sino una atención a la crisis que se viene denunciando por parte de las comunidades así como la defensoría del pueblo. El silencio cómplice de la Gobernación de Antioquia, así como la impunidad con que actúan los grupos paramilitares en la zona muestra la falta de atención institucional a esta grave problemática que se había advertido.
Igualmente, llamamos a los distintos actores armados que hacen presencia en el territorio al respeto de la vida e integridad de la población civil que se encuentran allí, en especial, el no reclutamiento de niños, niñas y adolescentes así como el respeto por los territorios ancestrales.
[1]Entre el 26 y el 31 de agosto de 2019, la Defensoría del Pueblo, en compañía de otras instituciones, desarrolló labores de verificación de la situación humanitaria en los territorios indígenas, evidenciando el confinamiento de las comunidades del resguardo Chageradó: Chageradó, Chibugadó, Turriquitadó Llano, Turriquitadó Bajo, Turriquitadó Alto y Narangué; y del Resguardo Murindó: Guagua, Isla y Coredó. Se registra un saldo inicial de 347 familias (1.773 personas) afectadas, cifra que una vez homologada con las autoridades étnicas, ascendió a 406 familias (1.852 personas)” COLOMBIA (2020), Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana No. 014 de 2020. CRISIS HUMANITARIA EN MURINDÓ
