En octubre de 2007, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas declaró estar preocupado por la posibilidad de que el uso de las pistolas de choque eléctrico Taser X26 en Portugal pudiera haber constituido una forma de tortura. “Eso significa que la cosa es muy seria”, dijo Larry Cox, entonces director de Amnistía Internacional para los Estados Unidos, en un programa de la CBS. “Esta es gente que ha visto todos los tipos de tortura alrededor del mundo, así que ellos no usan la palabra a la ligera”.
Un boletín de entrenamiento de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía presenta la Taser X26 como “un arma de tamaño reducido que usa conductores proyectados para transmitir pulsos que interfieren las funciones sensoriales y motoras, sobrestimulando el sistema nervioso central para conseguir la incapacitación”. El uso de esta y otras armas “de letalidad reducida” (entre las que se encuentran disparadores de spray pimienta, pistolas de disparo eléctrico y bastones eléctricos, granadas de múltiple impacto y animales amaestrados) para el servicio de la Policía está autorizado en nuestro país por la resolución 02686 del 31 de julio del 2012.
Las fuerzas especiales de la Policía han venido usando pistolas de descarga eléctrica durante los últimos tres años. Sin embargo, el viernes 25 de julio, la Policía Nacional anunció la compra de 300 dispositivos X26, que serán repartidos entre los patrulleros de Bogotá, Medellín y Cali como parte de un proyecto piloto a partir del cuál se considerará la incorporación más extendida de estas armas al arsenal policial. Desde entonces, estas pistolas se convirtieron, así es la vida, en el blanco de muchos disparos.
El 31 de octubre del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió una audiencia sobre protesta social y derechos humanos a 16 organizaciones sociales. Estas presentaron un informe denunciando la muerte de más de una docena de personas y centenares de heridos que participaban en las movilizaciones que protagonizaron en Colombia campesinos, mineros, camioneros e indígenas durante 2013. De acuerdo con ese documento, estas muertes y lesiones fueron provocadas por “nuevas modalidades de armamento (entre ellas las de letalidad reducida) usadas en contra de manifestantes”.
Por todo lo anterior, en VICE quisimos saber si tenemos razones para temer que los taser X26 pueden convertirse en un instrumento de abuso policial en protestas públicas y por eso charlamos con Alberto Yepes, quien lideró la elaboración del informe (anexo) que recibió la Comisión Interamericana y dirige del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, entidad que articula una red de 240 organizaciones de derechos humanos en todo el país.
La respuesta de este abogado es una sola: tenemos todas las razones para precouparnos.
Lea la entrevista completa, en el siguiente enlace: http://www.vice.com/es_co/read/tasers-2
