La persistencia del conflicto social y político en Colombia ha dado lugar a diferentes expresiones de movilización social en los últimos años para protestar y manifestarse contra la desigualdad, los altos niveles de violencia territorial, el incumplimiento del Acuerdo Final de Paz, la promoción de reformas gubernamentales regresivas, y a su vez reclamar una amplia gama de derechos, exigiendo un mayor nivel de participación y apertura política para que las voces de los sectores sociales históricamente excluidos sean escuchadas en el diseño de políticas públicas. Sin embargo, estos procesos de exigibilidad de derechos en el espacio público han sido objeto de una respuesta estatal violenta, arbitraria y desproporcionada a cargo de la Policía Nacional en articulación con civiles armados no identificados, lo que ha dejado un balance alarmante en materia de violaciones a los derechos humanos en el que se ha evidenciado un aumento de la masividad de las conductas constitutivas en tortura.
De acuerdo con el Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP entre 1999 y 2019 el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) cometió 43 homicidios, 26 de ellos en el marco de manifestaciones sociales. Por otra parte, entre 2017 y 2019 fueron capturados 1.733 uniformados de la Policía Nacional por la comisión de diferentes delitos, periodo en el cual también se registra que esa institución fue responsable de 289 homicidios. Para el año 2021 la Campaña Defender la Libertad documentó 7.620 agresiones contra manifestantes en el marco de la protesta social dentro de las cuales se incluyen 89 homicidios, 1.929 lesiones físicas de distinto tipo -correspondiendo una de las modalidades a lesiones oculares que ascienden a 97 casos-; 343 agresiones a defensores de derechos humanos, 3.546 detenciones arbitrarias en instrumentalización de la figura administrativa de Traslado por Protección o para la judicialización por supuesta comisión de conductas delictivas en el marco de la protesta social – este último fenómeno caracterizado por graves denuncias que advierten la fabricación de montajes judiciales que violan el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia – y 1.636 denuncias por otras conductas constitutivas de abuso de poder y autoridad.
Todas estas actuaciones cometidas por la Fuerza Pública han sido políticas institucionales promovidas por autoridades civiles que han optado por la militarización como respuesta a los reclamos sociales. Autoridades de Gobierno del nivel Ejecutivo han buscado desincentivar y desnaturalizar el sentido del diálogo y concertación de las medidas de protección de derechos con la sociedad civil, no han privilegiado la resolución pacífica de los conflictos ni la búsqueda de consensos sino que han institucionalizado el uso de la fuerza como primer recurso, han desvirtuado públicamente el trabajo de las Comisiones de Verificación e Intervención (CVI), han desconocido la responsabilidad de la Policía Nacional y la ocurrencia misma de estos hechos, han negado la existencia de estas miles de víctimas, han promovido el desarrollo de actos de persecución contra procesos sociales como hostigamientos verbales, allanamientos y detenciones, han desacatado órdenes judiciales que tutelan el derecho a la protesta – como es el caso de la sentencia STC 7641 de 2020 de la Corte Suprema de Justicia- y han hecho caso omiso a los llamados de la comunidad internacional para el respeto de los derechos humanos en el marco de lo que establecen los estándares internacionales.
En análisis de ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reconocido que los estados han llevado sus estrategias en materia de seguridad hacia una progresiva militarización de la Policía y la atribución de competencias en materia de seguridad ciudadana a las fuerzas militares, advirtiendo un incremento en el uso excesivo de la fuerza y de la fuerza letal, así como la comisión de tratos crueles, inhumanos y degradantes. En sus observaciones y recomendaciones en el marco de la visita de trabajo realizada del 8 al 10 de junio de 2021 reconoció la existencia de decenas de víctimas en contextos preocupantes de violación y daño diferencial atribuibles a agentes de Policía como: el uso desproporcionado de la fuerza; la violencia basada en género en el marco de la protesta; la violencia étnicoracial en el marco de la protesta; la violencia contra periodistas y contra misiones médicas; irregularidades en los traslados por protección; denuncias de desaparición; así como el uso de la asistencia militar, de las facultades disciplinarias y de la jurisdicción penal militar.
En lo correspondiente al Ministerio Público y los órganos de control la situación no es distinta. El papel de la Defensoría del Pueblo ha sido intermitente e insuficiente, debiendo abanderar la defensa y protección de la sociedad civil su actuación institucional ha sido precaria; así mismo la responsabilidad de la Procuraduría General de la Nación para la apertura de investigaciones disciplinarias ha carecido de contundencia y efectividad, de ambas instituciones ha resultado grave evidenciar su ausencia en la veeduría de la legalidad de las actuaciones de la Fuerza Pública, conservando un silencio complaciente como órganos de control que han sido cuestionados por su falta de independencia. Este accionar violento ha dejado múltiples víctimas en sectores sociales que han sido históricamente excluidos, pueblos indígenas, comunidades campesinas y pertenecientes al pueblo negro afrodescendiente, raizal y palenquero, vendedores informales, trabajadoras sexuales, migrantes, personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, y principalmente jóvenes.
La juventud ha sido una de las protagonistas en todas las coyunturas de movilización, sus exigencias frente a la garantía de sus derechos fundamentales fueron el centro de discusión permanente que la llevó a ser objeto de una arremetida estatal caracterizada por la estigmatización pública, personificando en ella la existencia de un enemigo interno a enfrentar bajo las premisas de la doctrina de seguridad que ha preponderado en Colombia.
Esta narrativa ha sido adoptada por los medios de comunicación, que se han enfocado en reforzar discursos que criminalizan a quien protesta, para atemorizar a la población, desmovilizarla y deslegitimar la pertinencia de sus reclamos, lo que conserva una especial gravedad considerando que la estigmatización promovida desde los medios de comunicación es la antesala de la persecución judicial que hoy tiene privados de la libertad a cientos de jóvenes.
Frente a esta situación las organizaciones de víctimas y derechos humanos hemos asumido un compromiso con la documentación y denuncia de estas actuaciones para develar la sistematicidad y criminalidad con la que actúan agentes estatales en el contexto de las manifestaciones sociales, haciendo uso de la fuerza y de medidas administrativas excluidas de la vigilancia judicial con el fin de reprimir, castigar y aleccionar manifestantes.
Es en este contexto, que se hace necesario el fortalecimiento de la sociedad civil y del movimiento social para que, bajo el liderazgo de las víctimas de violencia policial, haya una articulación para impulsar acciones de exigibilidad integral de derechos encaminadas a la búsqueda de la verdad total sobre estos hechos, de la justicia oportuna y efectiva que sancione a los actores estatales involucrados, de la reparación integral a las víctimas directas, indirectas y a la sociedad receptora de los mensajes de intimidación y de garantías reales y transformaciones institucionales estructurales que aseguren que no se repitan.
Para ello, hemos convocado al desarrollo del Segundo Encuentro Nacional de Víctimas de la Policía el próximo 25 y 26 de noviembre en Bogotá, que pretende dar continuidad a las conclusiones del Primer Encuentro Nacional adelantado el 19 y 20 de noviembre de 2021, el cual permitió propiciar un primer diálogo colectivo entre víctimas de violencia policial para su reconocimiento como víctimas de crímenes de Estado y para la identificación de patrones de victimización a partir de los cuales se pudiesen construir apuestas en común. Este Encuentro permitirá consolidar la articulación nacional y regional de las víctimas de violencia policial y fortalecer su capacidad organizativa, además de establecer estrategias comunicativas para la denuncia y la visibilización de las graves violaciones a los derechos humanos de las que es responsable la Policía Nacional, que contribuyan a disputar la impunidad de una práctica que se ha instalado como política de Estado.
A partir de este Encuentro pretendemos reafirmarnos en la construcción de una agenda común orientada a diseñar estrategias para impulsar en la opinión pública la descriminalización de la protesta social, el reconocimiento de las víctimas de violencia policial como víctimas de crímenes de Estado, el cese y preclusión de los procesos judiciales abiertos contra el liderazgo social, la reforma estructural a la Policía Nacional que contemple la participación amplia e incidente de las víctimas, organizaciones y de la sociedad en su conjunto, el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios y de cualquier organismo que conserve el carácter de cuerpo antimotines como la nueva Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) y la individualización y sanción de los actores particulares no identificados que actuaron en subsidio de la Policía Nacional.
Reivindicando el derecho constitucional a la manifestación pública invitamos a articular esfuerzos y fortalecer los lazos para construir en este Encuentro rutas de acción que viabilicen las apuestas que las víctimas han venido construyendo para resistir y luchar contra la violencia estatal y exigir una Fuerza Pública para la paz como garantía de no repetición.
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