En septiembre de 2019 y en el mismo mes de 2020, cuando se cumplieron los dos primeros años de mandato de Iván Duque Márquez, las plataformas nacionales de derechos humanos elaboraron sendos informes de balance de gestión del gobierno en materia de paz y derechos humanos en el país. Ahora, continúa el ejercicio con el tercer informe, construido desde voces plurales, tanto de organizaciones sociales, como de personas de la academia.
Esta entrega del informe sobre de la situación de derechos humanos en Colombia se ocupa de hacer un balance en esa materia del tercer año de gobierno de Iván Duque Márquez, que trascurrió entre agosto de 2020 y agosto de 2021.
Esos meses estuvieron marcados por la continuidad de políticas ya conocidas, por la persistencia de las recetas del fracaso como la persistencia de la guerra , la confrontación armada y la militarización de los territorios por encima de la solución política y negociada al conflicto por la perseverancia en los caminos de profundización de la pobreza, el deterioro de la salud pública, el desempleo, la represión, la violencia política y, en especial, por la falta de voluntad para dar cumplimiento al Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera[1].
Este año estuvo definido, en consecuencia, por la impopularidad del Gobierno nacional y la riqueza de la movilización social; por el contraste entre las manifestaciones multicolores por la vida y la gris maquinaria de la represión impulsada por el Poder Ejecutivo. Terminó abriendo paso al conteo regresivo que señala el final de un ejercicio presidencial signado por un liderazgo precario, hipotecado, impermeable a la razón, indolente las necesidades de la población, apoyado en ardides y gestos violentos ante la ausencia de un proyecto que genere alguna huella en el legado histórico.
Los análisis y relatos del presente informe abordan las políticas públicas impulsadas por el Gobierno nacional señalando su impacto en el nivel de garantía de los derechos humanos, así como las consecuencias que han dejado a la vida diaria del conjunto de la población colombiana. Todo ello, sin perder de vista las diversidades poblacionales y asumiendo un enfoque de genero
En muchos aspectos, el informe revela la profundización de tendencias de los dos años anteriores:
– Se ha agudizado la violencia en buena parte del territorio nacional y siguen afectándose con ello comunidades y pueblos, liderazgos populares y tejidos sociales.
– Son persistentes la falta de voluntad gubernamental de cumplir con lo acordado en 2016 y la negativa a avanzar en nuevos diálogos (en particular, con el Ejército de Liberación Nacional) que conduzcan a una solución política del conflicto y hacia la paz completa. Ambas posturas siguen siendo combustible de los aparatos de la guerra.
– Tales situaciones han producido una creciente reorganización, con su respectivo despliegue, extensión y mayor capacidad operativa, de nuevos grupos ilegales que atentan contra la población civil, en no pocos casos en una presunta colaboración con funcionarios del Estado colombiano. En este aspecto, el gobierno es terco en aplicar una receta que lleva al desastre humanitario: mantener un gasto militar elevado, bombardear, desplegar hombres en armas y hacer más crudo el uso de la fuerza.
El despliegue de fuerza también operó para asfixiar las legítimas expresiones de protesta que ocurrieron a partir del 28 de abril de 2021. Este paro nacional ha sido la movilización social más larga en el tiempo de las últimas décadas; la más extensa en el espacio, la que ha tenido un mayor número de actores sociales involucrados, una más acentuada pluralidad de repertorios de protesta y una notoria capacidad de generación de tejidos comunitarios.
En el paro, hubo múltiples ollas comunitarias que expresaron tanto un descontento acumulado, como una renovada agencia transformadora basada en la vecindad, el cuidado y la cercanía comunitaria. Ante semejante creatividad democrática, la respuesta gubernamental fue la mediocre exaltación de su violencia, que llegó a rebasar todos los límites otrora reconocidos en la historia nacional.
El rechazo a las políticas gubernamentales, que continúa, expresado en numerosas jornadas de movilización pacífica no ha tenido el tratamiento propio de una democracia deliberativa que procure solucionar los problemas sociales mediante acuerdos y transformaciones institucionales. Por el contrario, la reacción represiva del gobierno nacional y la fuerza pública se ha mostrado desproporcionada, incluso en una escala comparativa de alcance global.
Al respecto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) señaló a inicios de julio de 2021 que “en Colombia se presentó la segunda mayor frecuencia de muertos en el marco de las protestas sociales desde marzo de 2020 hasta mayo de 2021”[2], solo superada por la dictadura de Myanmar.
Tales rasgos reflejan el progresivo debilitamiento de la democracia colombiana durante el tercer año del gobierno actual. Iván Duque es un mandatario con una evidente impopularidad, con muy escaso liderazgo, con pocas certezas sobre la proyección de su ejercicio político y su legado, pero, al mismo tiempo, con una gran capacidad para anular los contrapesos institucionales dentro del Estado: ha controlado la mayoría del Congreso y sometido a su arbitrio al Ministerio Público y a los organismos de control.
En suma, Duque es un gobernante partidario de la coerción, ante su incapacidad de generar consensos; un presidente que debilitó los contrapesos institucionales a pesar de su precario liderazgo, un mandatario con nula voluntad de adelantar una genuina deliberación pública para buscar acuerdos que saquen al país de la crisis. Todos ellos son factores que hoy debilitan la democracia y fisuran el Estado de derecho.
También ha tenido continuidad un modelo económico orientado a premiar los privilegios de grandes capitales, en lugar de propiciar uno basado en el trabajo, el territorio, el cuidado, el medio ambiente, la protección social y en una política pública basada en la garantía progresiva de los derechos sociales. Sus medidas se siguieron aplicando en un contexto de grave crisis sanitaria, económica y humanitaria derivado de la pandemia de la covid-19, que ha profundizado la precaria situación de millones de familias colombianas.
Este informe devela cómo las políticas impulsadas por el Gobierno nacional han profundizado la desigualdad, no han avanzado en generar iniciativas de protección social y han persistido en defender un modelo que está a favor de los sectores más ricos y poderosos Su talante plutocrático se ha expresado con holgura en la nula voluntad para impulsar una renta básica, agenciar un plan de choque orientado a generar empleo, abrir un debate nacional sobre el modelo de salud, o implementar medidas para combatir la pobreza extrema
Y sin embargo, se mueve…
Se mueven los monumentos, se mueven los portales, se mueven las cacerolas, se mueven las bandas de música, se mueve la gente en los parques, se mueve la esperanza. Porque, aunque en Colombia no hay estaciones, tal vez llegue la primavera. Ya hemos sentido de qué manera “el ímpetu creador de quienes vienen, resarcirá nuestro sosiego miserable”.
[1] Este acuerdo se firmó el 24 de noviembre de 2016 en el gobierno de Juan Manuel Santos entre el Estado colombiano y la organización insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP). Desde el comienzo de su mandato en 2018, Iván Duque Márquez y el partido de gobierno (Centro Democrático) se propusieron, en sus palabras, “hacer trizas el Acuerdo”.
[2] Jurisdicción Especial para la Paz, “Gravedad de la situación de derechos humanos en Colombia. El caso del paro nacional y sus repercusiones sobre el Sistema Integral para la Paz (28 de abril al 30 de mayo de 2021)”.
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