Comunicado y propuestas de la Reunión Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada a la Mesa de Diálogos de Paz en La Habana: Punto Víctimas y Verdad
Bogotá, 1° y 2 de julio de 2014
Las 18 organizaciones abajo firmantes, de familiares de víctimas de desaparición forzada, provenientes de quince (15) regiones del país, saludamos la Declaración de 10 Principios para la discusión del punto 5 de la agenda: “Víctimas y Verdad”, y presentamos a consideración de la Mesa de Diálogos de paz Gobierno – FARC EP, de los países garantes y acompañantes, las siguientes conclusiones y demandas de actuación basadas en los puntos 4, 6 y 9 que establecen la participación de las víctimas, y la proclamación del enfoque de derechos en coherencia con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Enfatizamos, que la desaparición forzada de personas ha sido cometida contra decenas de miles de personas en Colombia de manera generalizada y sistemática desde finales de los años setenta, ha sido un arma de terror y control social de agentes del Estado y particulares que han actuado con su apoyo, complicidad y/o aquiescencia contra opositores políticos, luchadores sociales, dirigentes populares y población civil de zonas rurales y urbanas resultando la más afectada. Estos crímenes comprometen la responsabilidad del Estado colombiano a través de sus agentes, tal como lo han establecido distintos órganos y tribunales nacionales internacionales. A la luz de la Declaración de principios de La Habana sobre el tema de las víctimas es clara la obligación de ambas partes a comprometerse en el reconocimiento de su responsabilidad institucional, individual y de las cadenas de mando en graves violaciones de derechos humanos como las desapariciones forzadas. Por tanto, demandamos del Estado colombiano el reconocimiento de su responsabilidad en las desapariciones forzadas cometidas en el país y su compromiso para que nos devuelvan vivos a nuestros seres queridos como vivos se los llevaron, su búsqueda seria y sin más dilaciones, o la entrega digna de sus restos si fueron asesinados en su cautiverio.
Primera Demanda: Las organizaciones de familiares saludamos la voluntad política de la Mesa de Diálogos para la creación de una Comisión de la Verdad en Colombia. Como primera demanda proponemos como un capítulo de la misma el diseño, construcción y puesta en marcha de una Subcomisión de Verdad exclusiva para las desapariciones forzadas que realice una investigación profunda de sus causas, desarrollos, responsables y graves consecuencias, así como de sus dinámicas regionales, económicas y políticas. La Subcomisión debe tener en cuenta los impactos específicos y diferenciados sobre las comunidades, la sociedad y los efectos desproporcionados sobre las mujeres, y elaborar recomendaciones para garantizar la no repetición de este delito.
Esta Subcomisión debe estar integrada por personas no comprometidas en desapariciones forzadas, representantes de organizaciones internacionales, de víctimas de desaparición forzada y especialistas y tener presencia en las regiones y lugares afectados. Debe recopilar y articular todas las fuentes posibles de información históricas y testimoniales, abordar la impunidad secular que ha rodeado este crimen, garantizar la protección de los denunciantes, la integridad física de los archivos y tener facultades para acceder a archivos estatales sin restricciones y garantizar la participación amplia de las organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada y abordar las afectaciones al derecho a la vida cuando las víctimas fueron ejecutadas sumariamente en cautiverio, a la libertad cuando fueron aprehendidos ilegalmente, a la integridad cuando fueron sometidos a torturas, a la personalidad jurídica cuando sus cuerpos fueron ocultados como N.N. y el derecho al buen nombre y dar cuenta de la discriminación a las familias.
Segunda demanda: Demandamos la puesta en marcha de un Programa de No Repetición de la desaparición forzada en el país. Esto implica dos cosas, por un lado, develar las estructuras del Estado y paramilitares, responsables por acción u omisión de estos delitos y por otro lado, contrarrestar la indiferencia social y el miedo generalizado a través de estímulos para la denuncia y pedagogías de memoria en currículos escolares, medios de comunicación. Por lo tanto, este programa debe incluir como tareas imprescindibles para la construcción de una paz estable y duradera: (1) la depuración administrativa de la fuerza pública y de los organismos de inteligencia de agentes involucrados en violaciones de DDHH y DIH, y la aplicación de sanciones ejemplarizantes a funcionarios e instituciones públicas que por negligencia o complicidad permitieron la ocurrencia de estos delitos o su no investigación e impunidad. (2) la erradicación y desmonte de los grupos paramilitares –desde los años 70 a la fecha- que en asocio o por omisión del Estado colombiano han cometido o siguen cometiendo desapariciones forzadas de miles de colombianos, así como la derogación de las directivas o políticas que crearon las condiciones para cometer desapariciones forzadas. (3) Demandamos, la creación de un mecanismo de verificación para la búsqueda, identificación y dignificación de las víctimas de desaparición forzada en la posguerra, a través de la aprobación de una política y una legislación para la búsqueda, recuperación, e identificación de personas no identificadas en cementerios oficiales, fosas clandestinas y ríos, así como la búsqueda de las niñas y mujeres desaparecidas y garantías de investigación de todas las formas de violencia sexual que hayan sufrido en su cautiverio.
Como víctimas de desaparición forzada ratificamos que a pesar de la grave dimensión de este crimen y que sus impactos personales, colectivos y psicosociales han trascendido en el tiempo afectando generaciones enteras de familiares, todavía no son reconocidas, mientras miles de familias no denuncian por terror o amenazas, viviendo condenadas al silencio. Por ello, demandamos como prioridad que en el camino a la Paz la sociedad y el Estado, establezcan escenarios concretos para reflexionar seriamente sobre las múltiples dimensiones y temporalidades de los daños e impactos de la desaparición forzada. Esta debe apuntar a visibilización de este delito y a transformar las condiciones de existencia y vida de las familias de las víctimas de desaparición forzada de cara a la finalización del conflicto como un aspecto crucial para la construcción de la paz.
Finalmente, Demandamos la apertura para nuestra participación amplia en los Foros Regionales y Nacional y en todos los escenarios en Colombia y en Cuba, donde se están definiendo los principales derroteros para el futuro de nuestros derechos.
Anexo el documento completo
