Bogotá, 3 de noviembre de 2019
La Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos, CCEEU, red conformada por 281 organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos, rechaza las masacres y asesinatos que se vienen presentando con total impunidad en el Departamento del Cauca en contra de las comunidades indígenas, sus autoridades, guardias indígenas y otros sectores sociales.
Es motivo de preocupación el accionar de la fuerza pública y la falta de garantías estatales que garanticen una política de seguridad para detener este repudiable exterminio y garantizar la vida e integridad de quienes se encuentran en contextos de conflicto y graves crisis humanitarias debido al accionar violento por parte de organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. Estas circunstancias se han venido agravando a causa de la notoria negativa del gobierno del Presidente Iván Duque a implementar los compromisos estatales del Acuerdo de Paz, y especialmente por su rechazo a cumplir con las medidas en materia de garantías de seguridad, especialmente las relacionadas con el desmonte del paramilitarismo, que debían haber sido acordadas e implementadas en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que el Presidente se ha negado a convocar, a presidir y garantizar una pronta puesta en práctica de sus funciones.
El Departamento del Cauca es la región donde la grave crisis humanitaria que se vive en amplias regiones del país se expresa de manera más aguda, donde se presenta el mayor número de asesinatos de indígenas a nivel nacional, de líderes sociales y de excombatientes en reincorporación, sin que el Gobierno Nacional muestre ninguna voluntad de detener este exterminio sistemático. En medio de uno de los departamentos más militarizados, no sólo grupos de narcotraficantes, paramilitares y de las llamadas disidencias hacen presencia y expanden sus negocios ilegales con plena libertad ante los ojos de las Fuerzas Militares, sino que, en algunos casos se ha constatado la participación directa de miembros de la fuerza pública en la persecución de líderes y lideresas sociales, como el asesinato de la candidata Karina García o la ejecución extrajudicial del líder campesino Flower Trompeta, razones por las cuales la comprensible desconfianza con sus actuaciones exige que las medidas y garantías de seguridad deban necesariamente ser concertadas con las comunidades indígenas y organizaciones sociales del departamento y, ante la agudización del conflicto armado interno en esta región del país el acompañamiento de la comunidad internacional se hace fundamental.
Como CCEEU rechazamos por ello que la única medida propuesta por el gobierno sea el envío de 2.500 nuevos efectivos militares al norte del Cauca, que se suman a los 8.000 que hacen presencia en este territorio, cuando lo que urge es la depuración de la Fuerza Pública, investigar, sancionar y juzgar a los responsables de estos graves crímenes, adoptar medidas de garantías integrales para las comunidades, implementar los planes para el desmantelamiento de grupos ilegales que diseñe la CNGS y fortalecer la capacidad y recursos de los mecanismos de autoprotección de las comunidades como la Guardia Indígena, Campesina y Cimarrona.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos y de verificación de los acuerdos a exigir del Gobierno Nacional el cumplimiento de sus obligaciones de respeto, protección y garantías en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y a retomar con sinceridad, prontitud y eficacia el cumplimiento de los compromisos asumidos en virtud del Acuerdo Final de Paz, y de modo urgente, en lo relacionado con la implementación firme de las medidas acordadas en materia de garantías de seguridad para las comunidades, las organizaciones y los líderazgos sociales, especialmente en las comunidad indígenas, campesinas y afrodescendientes.
