Las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos agremiadas en el nodo caribe de la CCEEU y el FCSPP, realizamos un SEGUNDO llamado de carácter URGENTE, debido al aumento de las agresiones contra la población civil, así mismo las diversas agresiones a los y las defensores/as de derechos humanos, líderes y lideresas sociales que se traducen en: amenazas, asesinatos, masacres, extorsiones, acciones de hostigamiento y control territorial entre otros hechos.
Si bien reconocemos que el gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez han heredado las violencias de los grupos armados ilegales y la crisis humanitaria, ambas situaciones se profundizaron alarmantemente en el gobierno del ex presidente Iván Duque. No ha sido fácil en la actualidad generar espacios que mitiguen las violencias en los territorios, consideramos que sigue habiendo poca voluntad por parte de los gobiernos departamentales y que se puede observar en la no implementación de políticas públicas en derechos humanos que permitan prevenir y proteger a sus ciudadanos en especial a los y las defensores que históricamente han estado comprometidos con la construcción de paz.
En los cinco meses que lleva el año 2023 el caribe ha sido el centro de diversas agresiones que se convierten en desconfianza hacia la institucionalidad en cuanto a su capacidad para poder responder y dar respuesta a estos hechos de violencia generalizada. A continuación, presentamos un balance sobre la situación de DDHH y violencia en el Caribe.
El departamento de CÓRDOBA ha sido objeto no sólo de amenazas, homicidios y desplazamiento contra los liderazgos sociales, sino contra la población civil a partir del alto número de homicidios y el alto grado de impunidad en las investigaciones de los casos. A corte del mes de abril cinco líderes/as han sido asesinados/as: Abraham Caret, Alfonso Arteaga, Jorge Luis Jaraba, Mary Cruz Petro, Luis Gabriel Pereira y amenazados/as: Bladimir Tirado, Cervelion Cogollo, Andrés Chica. Esta situación se ve reflejada también por las recientes denuncias de organizaciones sociales en el sur de Córdoba por la cada vez mas confirmada presencia de disidencias de las FARC, hecho que suscita preocupación y que puede constituir un escenario de riesgo latente por la disputa de corredores estratégico y confrontación con otras organizaciones armadas ilegales que hacen presencia en el territorio.
BOLÍVAR no ha sido ajeno a este flagelo en especial el sur de Bolívar siendo el centro de las más grandes violaciones en especial el de los liderazgos comunitarios, en esta zona en ningún momento ha podido abrazar la paz, su ubicación geográfica y estratégica ha sido la causa de conflictos armados en diferentes momentos a lo largo de los años, motivada por una persistente actividad de actores armados ilegales que han intentado ejercer dominio territorial y control social sobre la totalidad de la zona, con especial énfasis por la explotación minera y plantaciones de cultivos de uso ilícito, la región del Sur de Bolívar es un enclave de vital importancia para grupos armados ilegales por la conexión que establece esta región con departamentos como Norte de Santander (Catatumbo) y Antioquia. En lo que va corrido de 2023 han sido asesinados Jorge Cárdenas Fajardo, Rosa Celix Guañarita, Samir Zarate y recientemente la lideresa LBTIQ Dania Sharit Polo.
En el departamento de CESAR han aumentado las amenazas y desplazamientos, a la fecha 8 líderes/as campesinos han dejado el territorio sin que se les brinde por parte de las instituciones territoriales garantías a su labor, en su totalidad estos líderes/as hacen parte de la Corporación Mesa de Derechos Humanos y Territorios del Cesar (CMDHTC), que han estado defendiendo el derecho a la tierra, medio ambiente entre otros derechos preponderantes para el territorio, al igual que en los demás departamentos los casos de impunidad y esclarecimiento en las investigaciones para determinar los responsables de esta agresiones y amenazas sigue siendo alto. Hasta el corte del mes de abril han sido asesinados Yeisson Jacome, Alberto Mendoza y Alfonso Medina. Cabe anotar que este año se emitió la alerta temprana No 016-2023 de Inminencia para el municipio de Codazzi donde habla específicamente sobre reclutamiento de niño/as y adolescentes por parte de las AGC, la coacción por parte de ellos hacia el liderazgo social para que en las próximas elecciones sean sus candidatos y alto número de homicidios que se presentan en este municipio.
En SUCRE lo que va corrido del 2023 el homicidio se ha incrementado en este departamento producto de disputas de grupos criminales entre las que encontramos al Clan del golfo así mismo los homicidios a líderes/as defensores de ddhh a saber Genivero Méndez, Alfredo Arrieta y Jhon Rueda, así mismo las amenazas no han cesado recientemente, el 26 de mayo fueron amenazados diversas líderes sociales, sindicales, campesinos y reclamantes de tierra por parte del clan del golfo. El narcotráfico y control territorial en el golfo de Morrosquillo ha estado vigente generando el silenciamiento de liderazgos pues, son los que ha puesto de manifiesto esta situación; tal como se evidencio en la AT 061-18, el escenario de riesgo nombrado en la AT 22- 2022 y la expansión territorial y consolidación hegemónica de las AGC en los centros urbanos y rurales de estos municipios en la AT 033-2022.
En MAGDALENA se han emitido varias alertas tempranas, la AT 012-2021, 006 y 023 de 2022 que reflejan la presencia y accionar del clan del golfo quienes en enfrentamientos por el control de la droga han dejado un indicador bastante alto en homicidios y extorsión; por otro lado la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, antes llamados “Pachencas” también han dejado una larga lista de personas amenazadas y asesinadas y que ha bajado su accionar debido a que se sumó al cese bilateral al fuego ya que expresó su interés de participar en la política de paz total. Sin embargo, preocupa a los sectores sociales la creación de organizaciones sociales por parte de los ACSN-Pachencas quienes ocuparían las vocerías por parte de la Organizaciones sociales viendo esto como la forma de generar un buen acuerdo con el gobierno nacional dejando a un lado el verdadero liderazgo que ha sufrido los vejámenes de la guerra.
Otro de los grandes problemas es en materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación en el esclarecimiento de homicidios de defensores/as de derechos humanos y mucho más aún cuando se involucra al fiscal Daniel Hernández en la supuesta omisión en la investigación de 14 supuestos miembros del Clan de Golfo previniendo alrededor de 200 homicidios. En lo corrido del 2023 ha sido asesinado el líder cívico Milton Rocha.
Además, las organizaciones sociales, campesinas y víctimas del conflicto a través de diversas movilizaciones han exigido la implementación real del acuerdo final de paz en todo el territorio del Magdalena en especial en las zonas priorizadas PDET.
En la GUAJIRA ha reinado la ingobernabilidad por hechos de corrupción e donde más gobernadores/as encargados ha tenido, 11 mandatarios al frente de la administración durante los últimos ocho años, tiempo durante el cual debería haber tenido solo dos, reflejándose la nula voluntad política para implementar medidas en cuanto temas de prevención y protección a líderes/as sociales, defensores/as de ddhh especialmente en el Sur de la Guajira donde las amenazas no han cesado en especial por la defensa del medio ambiente e implementación del acuerdo de paz. Este año fue asesinado Néstor Martínez funcionario de la defensoría del pueblo quien era el enlace de esta institución y las comunidades.
ATLÁNTICO con el alto índice de homicidios a corte de abril según el grupo de información, criminalidad y estadística delictiva a corte de abril de 2023 se han presentado 243 homicidios y seis (6) masacres, cuatro (4) de ellas en el municipio de Soledad y dos (2) en el distrito de Barranquilla; la más reciente la que se presentó el 29 de mayo de 2023, una más en cuanto al año 2022, así mismo las extorsiones han aumentado de manera exponencial; si bien muchos de los líderes de los grupos que controlan el departamento se encuentran en proceso de reacomodación de las estructuras criminales, consideramos que aún falta más compromiso por parte de los mandatarios departamentales y locales en avanzar en políticas que permitan el desmantelamiento de estos grupos, dejando esta responsabilidad en el gobierno nacional, cuando son ellos los que mayor responsabilidad tienen en este territorio en implementar estas medidas que permitan avanzar en este proceso, así mismo 14 mujeres ha sido asesinadas, cinco (5) de ellas en el marco de las masacres y las violencias contra personas de orientación sexual en identidad de Genero Diversa en adelante -OSIG- también han aumentado, así mismo tres líderes sociales han sido asesinados: Rodolfo García Sierra, Carlos Giovanni Carmona Bolaño y Miguel Ángel Arrieta.
Bajo este panorama preocupantes líderes/as, víctimas, periodistas y la Analista del Sistema de Alertas Tempranas de la defensoría del pueblo regional Atlántico, han sido amenazadas y como el panorama en materia de investigación no ha sido distinto en el país, la impunidad ha sido imperante, mucho más cuando este departamento no ha tenido un director/as seccional de fiscalía fijo lo que retrasa los avances en dicha materia sin dejar a un lado que las violencias basadas en género también han ido en aumento.
Por otro lugar el alto hacinamiento en las estaciones de Policía ha conllevado a que se presente conflictividades entre personas privadas de la libertad dejando una persona asesinada en la estación de San José.
Ante todos hechos vemos con URGENCIA reiteramos la necesidad de implementar:
a) Planes de prevención y protección inmediata en cada uno de los departamentos del Caribe Colombiano que permitan salvaguardar la vida e integridad física de los y las ciudadanos.
b) El desmantelamiento de los grupos paramilitares y el sometimiento a la justica de los grupos criminales.
c) Urgen diálogos territoriales con las organizaciones de la sociedad civil con el fin de mirar propuestas que conlleven a mitigar las situaciones que tienen en riesgo a las comunidades de nuestra región.
d) Revisión de las actuaciones del Ministerio público (defensoría, procuraduría, personerías, fiscalía) que solo se ha tornado en labores de escucha, pero no ha realizado acciones contundentes que permitan realizar acciones de prevención y protección a las comunidades.
e) Que se tome con mayor compromiso por parte de las autoridades departamentales y distritales la Mesa Territorial de Garantías para la labor de Defensores/as de Derechos Humanos y Líderes/as sociales y comunales en Atlántico, Córdoba, Sucre y se instale la del departamento del Cesar, Magdalena, Guajira y Bolívar.
f) Que sesione la Comisión Nacional de Garantías y Seguridad en la Región Caribe para que puedan dar respuesta a los diversos hechos que se han presentado en materia de seguridad.
g) Así mismo que la Fiscalía General de la Nación investigue y dé con los responsables intelectuales y materiales de los asesinatos de líderes/as, así que se han presentado a nivel nacional y en nuestra región.
¡Que la paz no nos siga costando la vida!
COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA – NODO CARIBE.
FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS.
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