Bogotá, 15 de marzo de 2017.- En último debate, la plenaria de Senado aprobó este lunes 13 de marzo el proyecto de Ley que regula el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), del cual hacen parte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).
Las víctimas de crímenes de Estado y las organizaciones de derechos humanos estuvimos presentes en toda la discusión, dentro y fuera del Congreso, para exigir que no se dilatara más la implementación de lo pactado entre el Gobierno y las Farc-Ep y se aprobara el SIVJRNR, instrumento fundamental para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas.
En ese sentido, saludamos la incorporación de las proposiciones que incluyen el enfoque territorial y de género, la participación de las víctimas en todas las etapas del Sistema Integral, la eliminación de la figura de la sostenibilidad fiscal como requisito para la reparación de las víctimas y la garantía de que esta sea una reparación integral y no sólo pecuniaria.
Sin embargo, llamamos la atención sobre las siguientes proposiciones realizadas por miembros de la bancada de la Unidad Nacional y avaladas por el Gobierno, que modificaron sustancialmente elementos del Acuerdo Final y afectaron de manera negativa los derechos de las víctimas de crímenes de Estado.
Rechazamos que se restrinja la posibilidad de investigar, juzgar y sancionar la participación directa e indirecta de terceros en la financiación de grupos paramilitares, más aún cuando el Acuerdo Final incluye la prohibición constitucional del paramilitarismo y la Corte Suprema de Justicia lo ha considerado un crimen de lesa humanidad. La proposición realizada por el senador Germán Varón Cotrino y aprobada por el Congreso establece que solo se juzgarán como financiadores del paramilitarismo a los civiles cuya participación haya sido determinante en la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, reduciendo la autonomía judicial para valorar pruebas. La JEP ahora sólo podrá sancionar a quienes se les compruebe una relación directa entre su financiación y la comisión de un crimen concreto.
Esto olvida que la financiación del paramilitarismo en su conjunto garantiza el funcionamiento sostenido de grupos que se dedican sistemáticamente a la comisión de crímenes de carácter internacional y de graves violaciones a los derechos humanos. Sin desmonte del paramilitarismo no habrá paz estable y duradera.
De igual forma, la proposición presentada por el Senador Roosvelt Rodríguez, ponente del Acto Legislativo, y aprobada también por el Congreso, transforma el Acuerdo Final en relación a la posibilidad que teníamos las organizaciones de víctimas y de derechos humanos de presentar informes a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, como insumo para que el Tribunal para la Paz citara a comparecer a los presuntos responsables. Ahora, los informes no serán suficientes, y alegando la necesidad de prevenir el funcionamiento de supuestos carteles de falsos testigos, esta proposición equipara un trabajo serio y riguroso de documentación realizado durante décadas por las organizaciones y víctimas, con este tipo de prácticas criminales.
Así mismo, quedó en evidencia una vez más la presión del estamento militar sobre el poder civil. Las Fuerzas Militares han sido reiterativas en solicitar la modificación de lo acordado y debilitar la figura de la responsabilidad por cadena de mando. Con el texto aprobado, el Estado modificó principios del Derecho Internacional, como lo dispuesto en el Artículo 28 del Estatuto de Roma, para lo cual creó una serie de requisitos que tendrán como consecuencia que sólo los soldados –como actores materiales de delitos- sean juzgados y sancionados, mientras que los mayores responsables, civiles y altos mandos militares podrán gozar de total impunidad por los crímenes cometidos bajo sus órdenes.
Finalmente, debemos destacar que los partidos que promovieron estas proposiciones son quienes más se han visto implicados en las investigaciones por parapolítica y han tenido que ver cómo varios de sus miembros han sido condenados, destituidos o procesados por la Justicia por sus nexos con grupos paramilitares.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) exigimos al Gobierno y al Congreso de la República que la implementación del Acuerdo Final respete lo pactado entre las partes y lo ya previamente refrendado por el propio Congreso.
La modificación unilateral del Acuerdo Final excede las facultades dadas al Ejecutivo y al Congreso para su implementación y puede derivar en la declaración de inconstitucionalidad de estas normas, como ya sucedió con la Sentencia C-160 de 2017, que declaró inexequible el Decreto Ley 2204 de 2016, emitido por el Gobierno en el marco del Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, en relación con la Agencia de Renovación del Territorio.
Las víctimas de crímenes de Estado continuaremos presentes en el Congreso haciendo veeduría a la implementación, respaldando los avances de este anhelo que compartimos con millones de colombianos y colombianas y preparándonos para incidir y exigir el cumplimiento de lo acordado y la satisfacción de nuestros derechos. Seguiremos trabajando incansablemente por una paz que nos reconozca y dignifique.
Ver comunicado en PDF: 201.03.14 Reacción a aprobación Sistema Integral
