La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada (en adelante MDTDF), desde su creación en noviembre de 2010, se ha caracterizado como un espacio de articulación de las organizaciones de familiares de personas detenidas-desaparecidas, derechos humanos, acompañamiento psicosocial, apoyo antropológico-forense y jurídico, que ha tenido los objetivos de: posicionar el tema de la “desaparición forzada” en la agenda de derechos humanos del país, realizar un seguimiento a dicha realidad y, trabajar en la construcción y difusión de propuestas y acciones de visibilización, acompañamiento a las demandas de las víctimas e incidencia para la búsqueda, localización,
identificación y entrega digna, y lucha contra la impunidad de las desapariciones forzadas en Colombia.
El objetivo del presente informe es hacer seguimiento al cumplimiento por parte del Estado Colombiano de las recomendaciones realizadas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (en adelante CED por sus siglas en Inglés) en 2016 desde la perspectiva de las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y acompañantes que trabajamos en torno a la desaparición forzada en el país, teniendo en cuenta que en la elaboración del informe presentado en 2019 por el Estado Colombiano no hubo lugar a la participación de la sociedad civil. De igual forma, se pone de manifiesto la persistencia de la práctica de la desaparición forzada ya no solo en un contexto de posacuerdo sino en uno marcado por las medidas de aislamiento debido a la Cuarentena Nacional Obligatoria decretada por el Gobierno Nacional debido a la prevención de propagación del COVID19.
Como se sostuvo en el informe presentado en octubre de 2019 sobre el cumplimiento de las recomendaciones 14, 20 y 26, “el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera representó un avance importante en este sentido”; sin embargo estos avances han sido limitados teniendo en cuenta la falta de voluntad del gobierno colombiano de implementar el Acuerdo de Paz firmado en 2016, lo cual se evidencia, para este caso, en la desfinanciación de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (en adelante UBPD) y los ataques contra la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante JEP), lo cual atenta contra los derechos de las víctimas a la verdad y a la búsqueda y ubicación de sus familiares desaparecidos.
Igualmente, la no implementación del Acuerdo de Paz ha traído consigo un constante aumento de agresiones contra líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de Derechos Humanos, y excombatientes, dentro de las cuales se ha presentado la continuidad de la Desaparición Forzada. Desde el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (en adelante CCEEU), se ha expresado la preocupación de que el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional ha sido aprovechado para facilitar la localización y exterminio de los líderes y lideresas sociales, como se evidencia del asesinato de 54 de ellos entre los meses de marzo y junio de 2020, tiempo de la cuarentena obligatoria. Estos crímenes ponen de presente que los riesgos se incrementan para los liderazgos sociales en momentos en que la atención de la comunidad nacional e internacional está centrada en la contención de la emergencia sanitaria y, que estas circunstancias son utilizadas para llevar más lejos los planes de exterminio del liderazgo social y las personas que defienden los derechos humanos en Colombia.
Además de estos asesinatos se han incrementado las desapariciones forzadas en todo el país, además de otras modalidades de desaparición conexas con otros delitos como la trata de personas, el reclutamiento forzado y la explotación sexual infantil.
La estructura del presente informe se divide en dos acápites. En el primero se realizará una contextualización de la continuidad del crimen de la Desaparición Forzada en estricto sentido, es decir por parte de agentes de la Fuerza Pública o de estructuras paramilitares que actúan con su aquiescencia, en Colombia luego de las recomendaciones realizadas por el CED en 2016 en especial desde una perspectiva territorial; y, en el segundo, se retoman consideraciones respecto a las recomendaciones realizadas por lo cual se vuelve sobre los literales allí planteados, y sobre el informe presentado por parte del Estado Colombiano en octubre de 2019 que no fue socializado con las organizaciones de la sociedad civil.
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