¡Para que la Paz no nos cueste la Vida, hagamos posible la Paz!
El momento inédito que vive Colombia hacia la salida política y terminación del conflicto armado surgido a partir de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-Ep el pasado 24 de noviembre, abre nuevas perspectivas de construcción democrática de país, merecidas para esta y las generaciones venideras e imprime retos y la utilización de estrategias para la reconciliación nacional, así mismo, merecen todo el análisis y la reflexión social. En esta misma dirección, urge que el Estado y el ELN avancen en la construcción de climas propicios para la continuidad de la Mesa de Quito, de cara al Pacto Social Nacional por la Paz estable y duradera.
Como Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos vemos plausible que, por ejemplo, la cifra reportada por el hospital militar, de militares heridos, muertos, o amputados por ocasión de combates en el conflicto, se ha reducido en un 97,17% con respecto al 2011 (El Espectador, 2017); el solo hecho de una vida salvada constituye un triunfo que por lo menos nos acerca a un mejor país, no significa esto que hemos claudicado la exigencia de las reivindicaciones de los derechos humanos, económicos, sociales, políticos, culturales; es claro que se abren espacios diferentes para continuar estas exigencias y demandas históricas: los espacios de movilización y de participación ciudadana.
Sin embargo, desde mucho antes de que se iniciaran las conversaciones de La Habana se alertó al Gobierno Nacional, sobre los riesgos, amenazas, Informe Semestral Sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en Antioquia 2017-1. homicidios y el incremento de todo tipo de vulneraciones existentes contra las y los defensores de derechos humanos y las comunidades en general, así mismo, alertamos del rápido avance, el control social y la presencia de grupos paramilitares en varias zonas del departamento que antes eran de control de las Farc-Ep.
El paramilitarismo continúa siendo la principal causa de los asesinatos y amenazas a las y los líderes; la negación del fenómeno es más que mezquina y peligrosa para el movimiento nacional de derechos humanos en general; le siguen las fuerzas estatales, que constituyen otro actor de agresión contra las y los defensores por sus formas represivas a la protesta social, además la posible aquiescencia en los territorios con grupos paramilitares facilita la criminalidad, el control y la operatividad delictiva de estas estructuras.
Según el Defensor del Pueblo el riesgo persiste, así lo afirma en entrevista a Caracol Radio el pasado 13 de julio, en la que menciona que entre el 1 de enero de 2016 y el 5 de julio de 2017 el consolidado de homicidios contra las y los defensores de derechos humanos asciende a 186 casos (Caracol Radio, 2017), y se han constatado por lo menos 500 amenazas en el territorio nacional y diez homicidios selectivos contra población de defensores en Antioquia. Según se registra el Informe 010-17 de la Defensoría del Pueblo: “Crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos son generalizados” (Defensoría del Pueblo, (2017), igualmente la población amnistiada e indultada ha sido blanco de ataques contra la vida, 5 han sido asesinados y se tiene registro de 10 homicidios contra familiares en el trascurro de año, tres de estos ocurrieron en Tarazá Antioquia (Fundación Paz y Reconciliación, 2017).
La impunidad, que supera el 80% de los casos, sigue rondando los pasillos en los estrados, lo cual significa una respuesta débil del Estado. Un dato adicional, todo esto sucede principalmente en zonas dejadas por las FarcEp tras el Acuerdo de Paz.
El panorama institucional no da opción para ser mejor, Colombia es tal vez el único país del mundo donde es capturado el director anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación vinculado a delitos justamente de corrupción, lo más vergonzoso es que el logro de todo el material probatorio surge a partir de investigaciones adelantadas por La Administración para el Control de Drogas DEA y que deja serios cuestionamientos acerca de la Fiscalía General de la Nación y del también Fiscal General, Néstor Humberto Martínez.
Casos similares generan indignación en el país; en Medellín, por ejemplo, el Secretario de Gobierno de la ciudad, Gustavo Villegas, fue capturado el 5 de julio de 2017 por concierto para delinquir, seriamente señalado por tener nexos con el paramilitarismo local, aunado a un posible cogobierno con ese sector delincuencial que demuestrarían la permisible práctica recurrente desde el gobierno local del Alcalde Federico Gutiérrez y gobernantes anteriores, bajo el amparo del estratagema mediático, que podría obedecer a intereses oscuros y difusos lejos del papel de la legalidad.
El escenario del posconflicto deja demasiadas inquietudes, pero es claro que se requieren cambios estructurales en materia de prevención y protección hacia los líderes y lideresas; estrategias contra la impunidad y reales garantías de no repetición; todos los esfuerzos necesarios para enarbolar la cultura de la paz, los derechos humanos hacia la concreción de la llamada paz “estable y duradera” y, también, garantizar que estos crímenes no se repitan.
No se pretende generar un ambiente desfavorable a la paz, máxime cuando las cifras de violencia en torno al conflicto develan la esperanza buscada por tantos años, por el contrario, lo que se busca es despertar sensibilidades con la dura realidad de cara a la toma de decisiones, a la movilización social y a la reivindicación del papel de los derechos humanos, las garantías de no repetición, la prevención, la protección y el ferviente anhelo de un mejor país.
Mira el informe completo aqui: Informe CCEEU-Antioquia- ¡Para que la Paz no nos cueste la Vida, hagamos posible la Paz!
