Una campaña para defender la independencia de la justicia

El hecho de que los que administran justicia en nombre del pueblo puedan desobedecer y ser independientes, y aún controlar y sancionar a los que gobiernan, es lo que diferencia las democracias (o las repúblicas) de las monarquías y los absolutismos. En las sociedades el poder se puede ejercer de distintas maneras: uno es el poder que tienen los que tienen la función de hacer las leyes, otro el de los que tienen el deber de interpretarlas y aplicarlas a casos concretos de conflictos en la sociedad o entre los ciudadanos, y otro el de los que disponen de la fuerza para hacer que se cumplan tanto lo que disponen las leyes como lo que ordenan los jueces. Legislativo, judicial y ejecutivo es el nombre que respectivamente y a lo largo de la historia han recibido cada uno de estos tres poderes.

En una monarquía estos poderes están concentrados en una misma persona o en un mismo consejo de gobierno que rinde cuentas al rey. En las democracias, para que de verdad merezcan ser llamadas con ese nombre, esos poderes, a pesar de que colaboran entre ellos, están separados y obran de manera independiente. Pero no siempre ha sido así. En el imperio romano llegó a decirse que lo que en Roma tenía fuerza de ley, era solo aquello que agradaba al príncipe1, de modo que los que hacían las leyes y quienes las aplicaban lo hacían con la sola intención de satisfacer los intereses de quien tenía el poder.

Pero este sometimiento de los legisladores y los jueces al capricho de los que tienen el poder no tiene porqué ser el único modo en que se puede organizar una sociedad para tomar las decisiones. De hecho, el ideal de las sociedades que valoran la democracia y la primacía de los derechos de las personas ha evolucionado a lo largo de la historia para que la justicia llegue a todos los que la reclaman y pueda ser de verdad independiente de quienes ejercen el poder.

Cuentan algunos historiadores que el rey Felipe II fue en vida un arquetipo de virtudes, razón por la cual se le conocía como “el rey prudente” y que un día se le acercó en Valladolid uno de los jueces a quien él había nombrado, para besarle la mano y para que le ordenara que debía hacer en un caso concreto. A pesar de que la decisión que tomara el juez podía afectar los intereses del rey, este, mostrando una vez más su respeto por las virtudes y anteponiendo el bien general, habría reaccionado retirando su mando y ordenándole “justicia es lo que debes hacer, para eso es que os he nombrado”.

A pesar de que se trataba de una monarquía, el principio según el cual nadie puede estar por encima de la ley es en realidad un principio básico sobre el cual deben fundarse firmemente las democracias. Para que haya democracia y una sociedad gobernada por las leyes y no por los caprichos o intereses de los hombres que ejercen el poder, para que haya un verdadero Estado de Derecho, todas las personas en esa sociedad deben permanecer alertas, vigilantes y movilizadas para impedir que la justicia llegué a estar dominada, sometida o bajo el control de quienes ejercen el poder, o gozan de mayores privilegios políticos, sociales o económicos.

En Colombia, una democracia precaria, apenas en construcción, uno de los factores que explican y reproducen el orden violento es la falta de acceso a una justicia imparcial e independiente y el hecho de que, por el contrario, los ciudadanos perciben que, con algunas excepciones, la administración de justicia ha estado al servicio del poder político y de los grandes poderes económicos regionales y nacionales. La desesperanza de muchos ciudadanos ante la impunidad reinante, los abusos del poder, la violencia contra los humildes y la corrupción desbordada se expresa muchas veces expresando el lenguaje popular que “todos se tapan con la misma cobija”, dejando entrever la aspiración a una justicia pronta y eficiente, pero sobre todo imparcial e independiente.

Bajo el actual gobierno de Iván Duque, las decisiones tomadas por el presidente y por el partido de gobierno que controla a su vez gran parte del poder en el congreso, en el ejecutivo, y aun en las fuerzas armadas y en los medios de comunicación, reflejan una situación que se parece más a la que imperaba en el imperio romano que un verdadero Estado de Derecho. Lejos está también de la actitud en la que el Gobernante, se abstenía de entrometerse en las decisiones de los jueces, tal y como dicen los historiadores que demostró en su conducta el rey prudente Felipe II.

El gobierno de Iván Duque, a través de la coalición hoy en el poder, ha logrado un control autocrático en las principales instancias judiciales, entidades administrativas y órganos de control. La Fiscalía, la Registraduría, la Contraloría, la Procuraduría y aún la Defensoría del Pueblo han caído bajo el control del presidente y la coalición gobernante, dada la actitud del presidente de nominar para estos cargos a personas que obedecen a su voluntad, por haber sido funcionarios a él subordinados, miembros de la coalición que lo llevó al poder, y sus amigos personales. Aun en los órganos judiciales, como la Corte Constitucional o la Comisión de Disciplina Judicial (que investiga a los jueces, abogados y fiscales) Duque ha privilegiado el nombramiento de personas más por su amistad o por su militancia en la coalición oficial, que por sus méritos y la pulcritud de sus antecedentes.

De este modo, muchas de las decisiones en estas entidades reflejan la voluntad de satisfacer los intereses de los poderosos, garantizando impunidad a los implicados de su partido inmersos en acciones contra la ley, y en perseguir a quienes ejercen la oposición política o liderazgos que luchan por cambiar el orden de privilegios. En otras ocasiones, la confianza que le da el dominio sobre quienes podrían poner freno a sus abusos y controlar sus desafueros, ha llevado a funcionarios de su gobierno a desacatar las decisiones de la justicia.

A partir de la decisión de la Corte Suprema de Justicia en la investigación que se adelanta por fraude procesal y corrupción de testigos, de ordenar la detención preventiva del ex presidente y jefe del partido de gobierno, Álvaro Uribe Vélez, varios altos funcionarios del Gobierno y de su partido han lanzado graves ataques contra la decisión de los jueces y contra las entidades judiciales que investigan graves crímenes en cuyos enjuiciamientos podría verse implicada la responsabilidad del jefe de ese partido, de sus familiares, colaboradores y de su círculo político y de poder más cercano. Los ataques han llegado al punto de que el presidente desautorice públicamente sus decisiones, ante los medios sugiera el sentido que deban tener sus fallos, y aún que en el Congreso el partido de Gobierno llegue incluso a presentar propuestas para suprimir la Jurisdicción Especial para la Paz, o que, en un referendo con tono de venganza, se proponga suprimir las altas cortes para reemplazarla por un único órgano que pueden eventualmente someter más fácil a su control.

Por estos graves hechos, distintas organizaciones de la sociedad civil, de las plataformas de paz y de Derechos Humanos, de los funcionarios de la administración de justicia, líderes políticos y personalidades y organizaciones nacionales e internacionales han expresado su preocupación por la independencia de la justicia en Colombia, llamando al Gobierno a acatar los fallos judiciales, respetar la separación de poderes, abstenerse de tomar los fallos judiciales que no sean del agrado del presidente o del partido de gobierno para lanzar iniciativas revanchistas en contra de las entidades judiciales y garantizar el libre e independiente funcionamiento de la administración de justicia.

Ese es el sentido de la recién lanzada Campaña por la Independencia Judicial en Colombia, en la cual se busca llevar a cabo distintas acciones públicas, en las cuales los ciudadanos se pueden expresar, hacer oír su voz y movilizarse activamente para que cesen los ataques contra la administración de justicia, para que se acaten plenamente y de buena fe los fallos judiciales, y de esta manera, se cuente con la garantía de que cada uno de los ciudadanos y las personas residentes en Colombia tengan la certeza de contar con una administración de justicia libre e imparcial, libre de ataduras a los poderes fácticos, políticos y económicos, con plenas garantías de acceso a la misma y de una resolución imparcial, pronta y eficaz de los asuntos que deba decidir.

Para garantizar que la democracia se mantenga y fortalezca, se requiere una ciudadanía activa e informada dispuesta a reaccionar en contra de los abusos del poder, y exigir y demandar el respeto a las normas básicas del Estado de Derecho, entre las cuales la garantía de una justicia independiente e imparcial es la garantía misma de que sus derechos van a ser respetados y protegidos ante cualquier abuso o de cualquier poder que quiera desconocerlos para imponer arbitrariamente su voluntad ilegítima o sus privilegios inmerecidos.

#NadiePorEncimaDeLaJusticia